La opinión de Javier García Isac
El 23 de julio de 1973 quedó grabado para siempre en la historia política de Occidente. Aquel día, en pleno escándalo del Watergate, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se negó a entregar las grabaciones que podían implicarle en una trama que había comenzado con el aparentemente insignificante allanamiento de la sede del Partido Demócrata en el complejo Watergate.
Aquella negativa desencadenó una crisis institucional de enormes dimensiones. El Congreso, la Justicia, la prensa y la propia opinión pública comenzaron a estrechar el cerco sobre un presidente que, hasta entonces, parecía políticamente invencible. Nixon trató de resistir, pero comprendió finalmente que la dignidad de la institución presidencial estaba por encima de su permanencia en el cargo. El 8 de agosto de 1974 anunció su dimisión, convirtiéndose en el único presidente estadounidense que ha renunciado a la Presidencia.
El caso Watergate pasó a la historia como uno de los mayores escándalos políticos del siglo XX. Sin embargo, más allá del delito investigado, dejó una enseñanza mucho más importante: en una democracia madura existen responsabilidades políticas que no siempre coinciden con las responsabilidades penales.
Ese principio parece hoy completamente olvidado en España.
Cada vez que recuerdo Watergate me resulta inevitable establecer un paralelismo con la situación que vivimos. Y la comparación resulta demoledora.
Nixon cayó por un escándalo que, visto desde la España actual, casi parece menor comparado con la sucesión de investigaciones judiciales, autos, imputaciones y registros que afectan al entorno del poder socialista.
Hoy asistimos a una situación absolutamente insólita.
El fiscal general del Estado se encuentra condenado. La directora general de la Guardia Civil ha sido investigada judicialmente. Altos cargos de empresas públicas, responsables ministeriales y numerosos colaboradores del entorno gubernamental han aparecido vinculados a distintas investigaciones. Se han conocido actuaciones relacionadas con la denominada trama de Leire Díez, cuya actividad, según diversas investigaciones judiciales abiertas, habría buscado obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y periodistas.
Si todo ello resulta ya extraordinariamente grave, todavía lo es más la reacción del Gobierno.
Porque no existe la menor autocrítica.
No existe la menor asunción de responsabilidades.
No existe la menor voluntad de explicar qué ha sucedido.
Muy al contrario.
Se acusa a los jueces.
Se desacredita a los fiscales cuando no convienen.
Se señala a la Guardia Civil.
Se intenta desacreditar a periodistas incómodos.
Y se presenta cualquier investigación como una supuesta conspiración contra el Gobierno.
Resulta paradójico.
Precisamente quienes denuncian una persecución judicial son quienes, según las investigaciones conocidas, habrían tratado presuntamente de influir, presionar o desacreditar a quienes investigaban determinados asuntos.
Es un mundo al revés.
La diferencia con Watergate no puede ser más evidente.
En Estados Unidos nadie cuestionó que la Justicia debía investigar.
Nadie sostuvo que el FBI formara parte de una conspiración política.
Nadie convirtió a la prensa en el enemigo del pueblo simplemente por publicar informaciones incómodas.
Las instituciones funcionaron.
Y el presidente terminó aceptando que su continuidad perjudicaba al propio sistema democrático.
Hoy sucede exactamente lo contrario.
Cuanto mayor es el escándalo, mayor parece ser el empeño por permanecer en el poder.
Cuantas más investigaciones aparecen, más se atrinchera el Gobierno.
Cuantos más indicios se conocen, más intensa es la campaña para desacreditar a quienes investigan.
Da la impresión de que ya no importa preservar las instituciones, sino conservar el poder a cualquier precio.
Y ese es, a mi juicio, el verdadero problema.
Porque la democracia no se debilita únicamente cuando existe corrupción.
Se debilita mucho más cuando desaparece cualquier sentido de la responsabilidad política.
Cuando nadie dimite.
Cuando nadie asume errores.
Cuando todos permanecen aferrados al cargo mientras culpan a los demás.
En España hemos llegado al extremo de contemplar cómo dirigentes investigados continúan siendo defendidos públicamente por su partido, mientras otros dirigentes históricos siguen sin asumir responsabilidad política alguna pese a las controversias que rodean su actuación pública.
Esa ausencia absoluta de consecuencias transmite un mensaje profundamente peligroso.
Que el poder protege.
Que el partido está por encima de las instituciones.
Que la responsabilidad política ha desaparecido del vocabulario.
Watergate fue mucho más que un caso de espionaje político.
Fue una demostración de que las democracias sobreviven cuando sus instituciones son más fuertes que quienes las gobiernan.
Cuando un presidente comprende que el prestigio de su nación vale más que su propio cargo.
Cuando la dimisión deja de verse como una derrota y pasa a entenderse como un ejercicio de responsabilidad.
En España, desgraciadamente, parece haberse impuesto exactamente la lógica contraria.
Aquí nadie dimite.
Aquí nadie responde.
Aquí todo se reduce a negar la evidencia, desacreditar al adversario y resistir un día más.
Quizá por eso conviene recordar aquella lección que nos dejó Richard Nixon hace ya más de medio siglo.
No por admiración hacia su figura, sino porque incluso uno de los hombres más poderosos del planeta terminó comprendiendo que ningún gobernante puede situarse por encima de las instituciones.
Ese es, probablemente, el verdadero legado de Watergate.
Y también la gran diferencia entre aquella democracia que supo reaccionar y una España que hoy parece haber normalizado que la responsabilidad política sea una reliquia del pasado.
