Porque llenar el depósito se está convirtiendo otra vez en un pequeño sobresalto para millones de españoles
Hay una forma bastante sencilla de saber cómo marcha realmente un país. No hace falta escuchar una rueda de prensa de La Moncloa, consultar la última ocurrencia de un ministro en TikTok ni esperar a que el Gobierno nos recomiende qué libro debemos leer, qué canción escuchar este verano o cómo contemplar el próximo eclipse. Basta con detenerse delante del luminoso de una gasolinera y mirar los precios.
Ahí termina la propaganda.
Porque llenar el depósito se está convirtiendo otra vez en un pequeño sobresalto para millones de españoles. Y lo más preocupante no es solamente que suban los carburantes. Lo verdaderamente preocupante es la resignación con la que nuestros gobernantes parecen contemplarlo.
Yo empiezo a pensar que no tienen demasiado interés en evitarlo.
Durante años nos dijeron que la izquierda gobernaba para las clases populares. Para el trabajador, para el autónomo, para la familia que llega con dificultades a final de mes. Sin embargo, pocas cosas castigan tanto a esas personas como el encarecimiento permanente de la energía.
El rico seguirá llenando el depósito.
Quien tiene un buen sueldo continuará utilizando el coche.
Quien vive en el centro de una gran ciudad quizá pueda desplazarse en metro, autobús, bicicleta o patinete.
Pero España es muchísimo más que Madrid y Barcelona.
Está el trabajador que vive a treinta kilómetros de su empleo. El comercial que pasa media vida en la carretera. El autónomo que necesita una furgoneta. El agricultor. El transportista. La enfermera que termina un turno de madrugada cuando ya no existe transporte público. La familia que vive en un pueblo y necesita el automóvil hasta para llevar a sus hijos al médico.
Para todos ellos el coche no es un capricho burgués.
Es una necesidad.
Y además representa algo que cierta izquierda nunca ha terminado de comprender —o quizá lo ha comprendido demasiado bien—: el automóvil es uno de los grandes símbolos contemporáneos de la libertad individual.
Tener un coche significa poder decidir.
Decidir cuándo sales, adónde vas, dónde paras y cuándo regresas. Significa no depender de un horario establecido por una administración ni de que exista una línea de transporte que pase cerca de tu casa.
Por eso tengo la impresión de que detrás de determinadas políticas contra el automóvil privado existe algo más profundo que una simple preocupación medioambiental.
Nos quieren fuera del coche.
Y como prohibirlo directamente provocaría una rebelión social, existe un procedimiento mucho más sencillo: conseguir que utilizarlo resulte cada vez más caro.
Primero fueron las restricciones.
Después las zonas de bajas emisiones.
Luego las amenazas al diésel.
Después los impuestos.
Y mientras tanto se ha construido alrededor del conductor una especie de culpabilidad moral: conducir contamina, viajar contamina, calentarse demasiado contamina, consumir carne contamina, coger un avión contamina.
Al final parece que el problema del planeta somos nosotros por intentar vivir con una cierta normalidad.
Siempre existe una excusa
Lo extraordinario del precio de los carburantes es que siempre encontramos una explicación para justificar que suban, pero resulta muchísimo más complicado encontrarla cuando deberían bajar.
Un día es Rusia.
Otro, Oriente Próximo.
Después, Irán.
Luego son las tensiones internacionales, el petróleo, las refinerías, el transporte o cualquier otra circunstancia geopolítica.
Siempre existe una explicación.
Lo que pocas veces aparece con la misma intensidad en el debate público es cuánto del precio que paga el ciudadano corresponde a impuestos y cuál es la capacidad del Gobierno para actuar temporalmente sobre la fiscalidad cuando las circunstancias estrangulan a las familias.
Porque el precio de la gasolina no termina en la gasolinera.
Ese es otro de los grandes engaños.
Cuando sube el combustible, sube prácticamente todo.
Sube transportar una caja de tomates.
Sube llevar mercancía hasta un supermercado.
Sube trabajar para un autónomo.
Sube distribuir un paquete.
Sube mover un camión.
Suben determinados costes agrícolas.
Y finalmente buena parte de esas subidas termina repercutiendo sobre los precios.
Por eso la energía funciona como una especie de impuesto invisible que recorre toda la economía.
Y lo paga especialmente quien menos tiene.
El 28 de abril debería habernos enseñado algo
España debería haber aprendido después del apagón del 28 de abril de 2025 que la política energética no admite frivolidades.
Aquella jornada demostró hasta qué punto nuestras sociedades son vulnerables cuando falla algo tan elemental como el suministro eléctrico.
Las renovables son necesarias y forman parte de nuestro futuro energético. Pero convertir cualquier debate sobre energía en una cuestión ideológica es una irresponsabilidad.
Un país industrial necesita seguridad energética.
Necesita diversificación.
Necesita capacidad de respaldo.
Necesita planificación.
Y necesita asumir que la transición energética debe hacerse teniendo en cuenta a quienes pagan las facturas.
Porque las transiciones diseñadas desde un despacho suelen ser extraordinariamente sencillas.
El problema comienza cuando las paga una familia.
Y llegará el invierno
Ahora estamos en agosto.
Hace calor.
Los ministros están de vacaciones o entreteniéndonos con vídeos, lecturas, canciones y eclipses.
Pero llegará octubre.
Después noviembre.
Y finalmente el invierno.
Entonces millones de hogares volverán a encender calefacciones, calderas y sistemas que dependen directa o indirectamente de diferentes fuentes de energía.
Y volveremos a descubrir una realidad que la propaganda no puede ocultar: la pobreza energética existe.
Hay familias españolas que ya controlan cuánto tiempo ponen la calefacción.
Personas mayores que calientan solamente una habitación.
Familias que comparan el recibo energético con la cesta de la compra y tienen que hacer cuentas.
Y todo ello mientras los precios generales siguen presionando unos bolsillos que llevan años perdiendo capacidad adquisitiva.
El problema no es solamente cuánto dice el IPC.
El verdadero IPC de una familia está en el supermercado, la hipoteca o el alquiler, la electricidad, el combustible y los gastos necesarios para llegar a final de mes.
Ese es el índice que entiende cualquier ciudadano.
España mirando al cielo
Mientras tanto, tenemos un Gobierno extraordinariamente hábil para encontrar asuntos con los que llenar horas de televisión.
España mirando al cielo.
España contemplando el eclipse.
España siguiendo las recomendaciones estivales de sus ministros.
España escuchando las listas musicales del presidente.
España hablando de cualquier cosa.
Pero después uno baja nuevamente la mirada hacia la realidad y encuentra la gasolinera.
Y allí no existen relatos.
Existen números.
Un trabajador sabe perfectamente cuánto le costaba llenar el depósito hace unas semanas y cuánto le cuesta ahora. No necesita que ningún ministro le explique la coyuntura internacional.
Por eso echo de menos una reacción política contundente.
Ante una escalada seria del combustible, un Gobierno preocupado por las clases medias y trabajadoras debería estudiar inmediatamente qué instrumentos fiscales puede utilizar, aunque sea temporalmente, para amortiguar el golpe.
Debería analizar dónde puede reducir impuestos y costes.
Debería explicar qué medidas adoptará para impedir que el encarecimiento energético se traslade al conjunto de la economía.
Y debería preparar ya el próximo invierno.
Eso sería gobernar.
Lo demás es comunicación.
La libertad también se llena en una gasolinera
Durante décadas, tener un automóvil fue una de las grandes conquistas de las clases medias españolas.
Nuestros padres y nuestros abuelos lo entendían perfectamente.
El coche significaba progreso.
Permitía llevar a la familia de vacaciones, regresar al pueblo, buscar trabajo más lejos de casa, visitar a los abuelos o simplemente salir un domingo a conocer España.
Aquello también era prosperidad.
Ahora parece que debemos pedir perdón por conducir.
Yo me niego.
Defender el automóvil no significa negar los problemas medioambientales ni rechazar nuevas tecnologías. Significa algo muchísimo más elemental: defender que la transición energética no puede construirse expulsando de la movilidad privada a quien no puede permitirse un vehículo de cuarenta mil euros.
Porque entonces no estaremos haciendo una transición ecológica.
Estaremos construyendo una movilidad para ricos.
Los ricos seguirán viajando.
Seguirán volando.
Seguirán conduciendo.
Seguirán teniendo casas climatizadas.
La diferencia será que el ciudadano corriente tendrá que calcular si puede llenar el depósito.
Y ésa es una curiosa manera de defender a las clases populares.
El Gobierno puede continuar mirando al cielo.
Puede explicarnos eclipses.
Puede recomendarnos novelas.
Puede prepararnos listas de Spotify.
Pero millones de españoles seguirán mirando otra cosa mucho más terrenal: el precio que aparece sobre el surtidor cuando descuelgan la manguera.
Porque quizá allí se encuentre una de las mejores metáforas de la España actual.
Nos hablan permanentemente de derechos mientras hacen cada vez más caro ejercer uno de los más elementales: movernos libremente.
Y la libertad, aunque algunos hayan decidido olvidarlo, también se llena en una gasolinera.
