Hay algo profundamente revelador en la España de hoy: cuanto más graves son los escándalos que cercan al poder, más agresiva se vuelve la maquinaria mediática encargada de blanquearlos. Ya no se conforman con ocultar, minimizar o distraer. Ahora directamente niegan lo evidente. Niegan las imágenes, niegan los hechos, niegan la realidad. Y lo hacen con una desfachatez que solo puede sostenerse desde la impunidad que otorga controlar demasiados micrófonos y demasiados platós.
Lo hemos vuelto a ver con todo lo relacionado con Begoña Gómez y el clima de tensión generado en torno a quienes investigan, preguntan o informan sobre los asuntos que la rodean. Cuando aparecen vídeos, testimonios o escenas claras donde determinados entornos actúan con hostilidad contra periodistas, no importa. El mecanismo se activa de inmediato: darle la vuelta a todo. Convertir al acosado en acosador. Presentar a la víctima como verdugo. Y transformar al periodista incómodo en enemigo público.
No es nuevo. Es la vieja táctica del poder cuando se siente acorralado: desacreditar al mensajero para no responder al mensaje.
La izquierda del negacionismo selectivo
Durante años nos dijeron que el negacionismo era un pecado civil. Pero hoy asistimos al negacionismo más descarado de todos: el negacionismo político. Niegan lo que cualquiera puede ver. Niegan los vídeos. Niegan los insultos. Niegan la presión organizada. Niegan el señalamiento constante. Niegan la utilización partidista de medios públicos. Niegan incluso la persecución a quienes no se someten.
Si una cámara recoge un hecho incómodo para el Gobierno, la culpa será de la cámara. Si un reportero formula una pregunta incómoda, la culpa será del reportero. Si un medio destapa un escándalo, la culpa será del medio. Nunca del poder.
Y así hemos llegado a una situación grotesca donde determinados tertulianos, comunicadores y agitadores disfrazados de periodistas se permiten señalar a profesionales honestos mientras ellos actúan como comisarios ideológicos al servicio del Ejecutivo.
Televisiones públicas convertidas en trincheras
Lo más grave no es que existan medios afines al Gobierno. Eso ha ocurrido siempre. Lo verdaderamente escandaloso es la utilización de recursos públicos para imponer una versión oficial y criminalizar a la disidencia. Televisiones pagadas por todos convertidas en instrumentos de propaganda de unos pocos.
Desde esos espacios se insulta a reporteros libres, se ridiculiza a medios incómodos y se intenta inocular la idea de que solo es periodismo aquello que no molesta al poder. Lo demás, dicen, es activismo.
Curiosa definición la suya: llamar activista al que pregunta y periodista al que obedece.
El miedo al periodismo libre
Lo que realmente les irrita no es un micrófono. Es perder el monopolio del relato. Durante décadas bastaba con controlar unas cuantas redacciones y unos cuantos consejos audiovisuales. Hoy eso ya no alcanza. Existen medios alternativos, digitales, independientes y reporteros que salen a la calle sin pedir permiso.
