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El clan que saqueó Cataluña y humilló a España

El clan que saqueó Cataluña y humilló a España
Jordi Pujol a sus 95 años de edad en uno de sus traslados
porJavier Garcia Isac
opinion

La opinión de Javier García Isac de hoy, miércoles 13 de mayo de 2026

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Durante décadas, Jordi Pujol fue presentado como el gran patriarca del catalanismo político, el hombre prudente, moderado y responsable que decía defender a Cataluña frente a España. Se envolvía en la bandera, sermoneaba sobre moral pública, exigía sacrificios a los ciudadanos y se permitía incluso despreciar al conjunto de los españoles con frases y actitudes que rezumaban supremacismo. Pero tras el decorado apareció la realidad: una familia enriquecida, una fortuna opaca y una estructura clientelar que convirtió el poder en negocio.

El mismo personaje que se presentaba como referente ético terminó confesando la existencia de dinero oculto en Andorra durante décadas. El mismo que hablaba de identidad, patria y dignidad mantenía capitales fuera de España mientras millones de ciudadanos cumplían con Hacienda, levantaban empresas, pagaban impuestos y sufrían crisis económicas. El contraste es demoledor: patriotismo de tribuna, cuentas en el extranjero en la práctica.


Lo más grave no es solo la conducta de una familia. Lo más grave es que media Cataluña política, mediática y empresarial sabía o sospechaba lo que ocurría. Durante años se habló de comisiones, de influencias, de negocios familiares, de la sombra alargada del poder pujolista. El silencio fue rentable para muchos. Mientras tanto, quien cuestionaba aquel sistema era tratado poco menos que como enemigo de Cataluña.

La responsabilidad no recae únicamente en el clan. También pesa sobre unas instituciones que tardaron demasiado en actuar. La Justicia llega tarde cuando el tiempo se convierte en refugio de los poderosos. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. Tras años y años de instrucción, el cabeza de familia, ya nonagenario, queda fuera del banquillo por razones de edad y salud. Cuando por fin se acerca la hora de rendir cuentas, el calendario hace de abogado defensor.

Y entretanto, Marta Ferrusola, figura clave del universo familiar, falleció sin que muchas preguntas esenciales obtuvieran respuesta judicial definitiva. España ha contemplado una vez más cómo ciertos procesos eternos acaban desactivados por el paso del tiempo.


No estamos ante una anécdota doméstica, sino ante un modelo político basado en confundir partido, administración y familia. Desde Banca Catalana hasta los años dorados del nacionalismo convergente, la trayectoria de Pujol explica buena parte de los males institucionales de Cataluña: redes de dependencia, victimismo permanente, utilización sentimental de la identidad y una maquinaria de poder casi hegemónica.


Conviene recordar además la advertencia temprana de Josep Tarradellas, que mostró recelos hacia la figura de Pujol y su manera de entender el poder. No era una intuición menor. Tarradellas conocía bien la naturaleza humana y el riesgo de convertir la autonomía recién recuperada en patrimonio de una sola corriente política.


El daño causado va mucho más allá del dinero presuntamente ocultado o de las responsabilidades penales individuales. El verdadero perjuicio fue moral e institucional. Se educó a generaciones enteras en la idea de que España robaba a Cataluña, mientras algunos de los que sostenían ese discurso acumulaban patrimonio lejos del control fiscal español. Se agitaba el agravio mientras se practicaba el privilegio.

Y así llegamos al desenlace habitual en demasiadas ocasiones: años de escándalo, titulares interminables, indignación ciudadana y sensación final de impunidad. Los ciudadanos corrientes responden con rapidez ante cualquier error con Hacienda; ciertas élites políticas, en cambio, parecen disponer de décadas para diluir responsabilidades.


El caso Pujol debería estudiarse como advertencia nacional: cuando un líder permanece demasiado tiempo en el poder, cuando se le confunde con la institución, cuando prensa, empresas y partidos miran hacia otro lado, el sistema entero se corrompe. Y cuando la Justicia tarda tanto que el tiempo liquida el proceso, la democracia sale herida.

Porque no solo se trataba de juzgar a una familia. Se trataba de demostrar que en España nadie está por encima de la ley. Y esa lección, por desgracia, llega tarde o quizá no llega del todo.


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