Cuando la mala suerte se convierte en coartada del poder

España empieza a acostumbrarse a una frase terrible: nadie podía preverlo. La escuchamos después de cada tragedia. La escuchamos después de cada desastre. La escuchamos cuando hay muertos, cuando hay familias rotas, cuando hay preguntas sin responder y cuando el poder necesita ganar tiempo para que el dolor se enfríe.

Ahora ocurre con el accidente ferroviario de Adamuz. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios llegó a calificarlo como un hecho “fortuito y de mala suerte”, mientras reconocía incidencias frecuentes en la red y señalaba dudas sobre el origen técnico del siniestro. Y eso, precisamente, es lo insoportable: que cuando todavía hay cadáveres recientes, cuando todavía hay familias esperando respuestas, el sistema empiece a envolverlo todo en el papel de celofán de la fatalidad.

Porque si todo fue mala suerte, nadie es responsable.

Si nadie podía preverlo, nadie dimite.

Si fue fortuito, nadie paga.

Si fue inevitable, el poder queda absuelto.

Y esa es la gran mentira.

No se trata de anticipar cada tragedia como si los gobernantes fueran profetas. Se trata de saber si hubo avisos, si hubo fallos, si hubo abandono, si hubo mantenimiento insuficiente, si hubo protocolos incumplidos, si hubo decisiones políticas que deterioraron la seguridad. Se trata de saber si la vida de los españoles está en manos de servidores públicos o de administradores de excusas.

La tragedia de Adamuz no puede despacharse con una frase de sobremesa. El accidente del 18 de enero de 2026 dejó decenas de muertos y más de un centenar de heridos.Y mientras tanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, rechazó dimitir o asumir algún tipo de responsabilidad. Fiel a la ética socialista, la culpa siempre es de otro, y no no se encuentra, es un asunto fortuito e inevitable.

Nada nuevo.

En España ya no dimite nadie. Ni por una pandemia gestionada con improvisación, oscurantismo y propaganda. Ni por una cifra de muertos que todavía pesa como una losa sobre la conciencia nacional. Ni por el apagón del que acaba de cumplirse un año sin explicaciones convincentes. Ni ahora por una catástrofe ferroviaria que debería haber provocado una sacudida institucional de primer orden.

Aquí la responsabilidad política ha sido sustituida por la rueda de prensa. La dimisión, por el argumentario. La verdad, por el relato.

Nos gobierna una clase política que siempre llega tarde al desastre y demasiado pronto a la excusa. Y si puede, hace negocio con la tragedia, o como mínimo intenta sacar rédito político con la misma. Cuando hay inauguraciones, aparecen todos. Cuando hay fotos, todos quieren salir. Cuando hay medallas, todos se empujan. Pero cuando hay muertos, empiezan las competencias cruzadas, los informes pendientes, las investigaciones eternas, las frases calculadas, la promesa de auditorías que nunca llegan y el “no es momento de buscar culpables”.

Nunca es momento de buscar culpables para quienes temen ser encontrados.

Lo vimos durante la pandemia. Se encerró a los españoles, se arruinaron negocios, se aisló a ancianos, se prohibieron despedidas, se impuso el miedo como método de gobierno y después nadie asumió nada. Lo vimos con los contratos, con las mascarillas, con los comités fantasma, con las cifras cambiantes y con una sociedad sometida a una ingeniería de obediencia. Hubo dolor, pero no hubo responsabilidades y si mucho negocio a costa de nuestro encierro y de nuestros muertos.

Lo vimos también con la gota fria de Valencia de 2024, donde una reconstrucción periodística habló de doce horas trágicas y de “gravísima inactividad con resultado mortal”, con alertas reiteradas y decisiones tardías. Allí también se intentó convertir la imprevisión en fatalidad y la falta de reacción en tragedia inevitable.

Lo vemos ahora con Adamuz.

Y conviene decirlo claro: cuando un Estado se acostumbra a llamar mala suerte a lo que puede ser negligencia, ese Estado se vuelve peligroso para sus ciudadanos. Porque la mala suerte no firma presupuestos. La mala suerte no decide inversiones. La mala suerte no nombra cargos. La mala suerte no gestiona infraestructuras. La mala suerte no ignora advertencias. La mala suerte no mantiene estructuras politizadas. La mala suerte no se sienta en consejos de administración.

Las decisiones las toman personas.

Los cargos los ocupan personas.

Los organismos los dirigen personas.

Y las responsabilidades también deben tener nombres y apellidos.

Pero España vive instalada en una impunidad insoportable. Una impunidad que no distingue entre Gobierno central, administraciones autonómicas, empresas públicas, organismos reguladores o estructuras técnicas colonizadas por la política. Todos se protegen. Todos se cubren. Todos esperan que pase la tormenta. Y al final, como siempre, los únicos que pagan son los muertos, los heridos y sus familias.

El ciudadano español contempla esta sucesión de tragedias con una pregunta cada vez más amarga: ¿en manos de quién estamos?

Estamos en manos de una política que ha perdido el pudor. De dirigentes que no conciben el cargo como servicio, sino como trinchera. De responsables públicos que creen que dimitir es una debilidad y no un acto mínimo de decencia. De una administración que cada vez funciona peor, pero comunica mejor. De un poder que prefiere maquillar la ruina antes que corregirla.

Y lo peor no es solo que no dimitan. Lo peor es que ni siquiera parecen sentirse concernidos.

Esa frialdad burocrática ante la muerte es el síntoma de una enfermedad moral. Los muertos se convierten en cifras. Las cifras en expedientes. Los expedientes en comparecencias. Las comparecencias en titulares. Y los titulares, al cabo de unos días, en olvido.

España no puede aceptar esa degradación.

Un país serio no se limita a contar víctimas. Un país serio investiga, depura, sanciona y cambia lo que haya que cambiar. Un país serio no tapa las grietas con propaganda. Un país serio no permite que una tragedia se cierre con un “ha sido mala suerte”. Un país serio exige que quien falla se marche.

Porque la responsabilidad política no exige esperar a una condena penal. Esa es otra trampa. La dimisión no es una sentencia judicial. Es una consecuencia moral. Es reconocer que, bajo tu mando, algo ha fallado de forma intolerable. Es entender que el cargo no es propiedad privada. Es comprender que el poder tiene precio cuando se administra mal.

Pero en la España actual el poder quiere todos los privilegios y ninguna consecuencia.

Por eso este accidente debe servir para algo más que para una investigación técnica. Debe servir para preguntarnos qué país estamos permitiendo que construyan sobre nuestra resignación. Un país donde se muere en una pandemia y nadie responde. Donde se apaga media nación y nadie responde. Donde descarrilan trenes, hay decenas de muertos y nadie responde. Donde siempre hay excusas, pero nunca responsables.

No. No fue simplemente mala suerte.

La mala suerte no puede ser el refugio permanente de los incompetentes.

La fatalidad no puede ser la coartada de los negligentes.

Y el dolor de las víctimas no puede ser sepultado bajo informes, tecnicismos y ruedas de prensa.

España necesita verdad. Necesita responsabilidades. Necesita dimisiones. Necesita recuperar la idea elemental de que gobernar no es mandar sobre los demás, sino responder ante ellos.

Porque cuando nadie responde de nada, el Estado deja de proteger al ciudadano y empieza a protegerse a sí mismo.

Y entonces la pregunta ya no es qué ha pasado.

La pregunta es mucho más grave:

¿Cuántas tragedias más harán falta para que alguien, alguna vez, asuma una responsabilidad en España?