Lo más grave quizá no sea únicamente la decisión arbitraria tomada hoy en el Congreso. Lo más grave es el silencio cómplice de gran parte de la profesión periodística española. Una profesión degradada, subvencionada y sometida al poder político. Una prensa que ha renunciado a su función histórica de vigilar al poder para convertirse en su gabinete de comunicación.
Porque el sanchismo no habría llegado tan lejos sin la colaboración activa de una parte importante de los medios de comunicación. El poder necesita jueces dóciles, instituciones colonizadas y periodistas obedientes. Y Pedro Sánchez ha trabajado durante años para construir precisamente eso: un ecosistema mediático donde las preguntas incómodas desaparezcan y donde la corrupción pueda navegar con absoluta tranquilidad.
Mientras medios independientes son perseguidos, insultados y expulsados, las terminales mediáticas del régimen reciben subvenciones millonarias, acceso privilegiado y protección política. Los mismos periodistas que hoy guardan silencio ante esta expulsión son quienes luego llenan tertulias hablando de democracia, libertad y pluralismo. Pero su concepto de pluralismo consiste en permitir únicamente las voces que no cuestionan al poder.
El problema de España ya no es solamente político. Es profundamente moral. Hemos llegado a un punto en el que muchos periodistas no se sienten representantes de los ciudadanos, sino militantes al servicio de una causa ideológica. Han dejado de investigar para encubrir. Han dejado de preguntar para justificar. Han dejado de informar para manipular.
Por eso resulta tan molesto un medio como EDATV o una emisora como Informa Radio. Porque todavía existen periodistas que hacen preguntas que nadie quiere escuchar. Porque todavía quedan profesionales que no aceptan sobres, subvenciones ni consignas. Porque todavía quedan voces que señalan la corrupción del entorno de Pedro Sánchez, de su Gobierno y del Partido Socialista.
Y eso el régimen no lo soporta.
No soportan que se pregunte por Begoña Gómez. No soportan que se investiguen las conexiones de Víctor de Aldama con el gobierno y con el PSOE. No soportan que se hable de las colocaciones, de los negocios, de las redes clientelares, de las mentiras del Gobierno o de las maniobras para controlar las instituciones. No soportan que alguien rompa el muro propagandístico construido durante años con dinero público.
Por eso expulsan. Por eso señalan. Por eso criminalizan.
Porque el objetivo no es solamente castigar a unos periodistas concretos. El objetivo es enviar un mensaje de miedo al resto de la profesión: “si preguntas demasiado, irás detrás”. Es la política del terror mediático aplicada desde las instituciones democráticas.
