La expulsión de la prensa incómoda: el Congreso contra la libertad

España ha dejado de ser hace mucho tiempo una democracia sana para convertirse en un régimen donde el poder político decide quién puede preguntar, quién puede informar y quién merece ser silenciado. Lo sucedido hoy en el Congreso de los Diputados, con la retirada de la acreditación y la expulsión de nuestros compañeros de EDATV e Informa Radio, y también de Periodista Digital, entre ellos el periodista Bertrand Ndongo, y nuestro compañero Vito Quiles, no es un hecho aislado. Es un paso más en la deriva autoritaria de un Gobierno que teme la verdad, odia la fiscalización y necesita una prensa domesticada para seguir sobreviviendo políticamente.

Cuando un poder político expulsa a periodistas incómodos no está atacando únicamente a un medio concreto. Está atacando el derecho de todos los españoles a recibir información libre y veraz. Está intentando imponer un modelo de pensamiento único donde sólo puedan hablar quienes aplauden al Gobierno, quienes participan del relato oficial y quienes convierten el periodismo en propaganda.

Lo más grave quizá no sea únicamente la decisión arbitraria tomada hoy en el Congreso. Lo más grave es el silencio cómplice de gran parte de la profesión periodística española. Una profesión degradada, subvencionada y sometida al poder político. Una prensa que ha renunciado a su función histórica de vigilar al poder para convertirse en su gabinete de comunicación.

Porque el sanchismo no habría llegado tan lejos sin la colaboración activa de una parte importante de los medios de comunicación. El poder necesita jueces dóciles, instituciones colonizadas y periodistas obedientes. Y Pedro Sánchez ha trabajado durante años para construir precisamente eso: un ecosistema mediático donde las preguntas incómodas desaparezcan y donde la corrupción pueda navegar con absoluta tranquilidad.

Mientras medios independientes son perseguidos, insultados y expulsados, las terminales mediáticas del régimen reciben subvenciones millonarias, acceso privilegiado y protección política. Los mismos periodistas que hoy guardan silencio ante esta expulsión son quienes luego llenan tertulias hablando de democracia, libertad y pluralismo. Pero su concepto de pluralismo consiste en permitir únicamente las voces que no cuestionan al poder. 

El problema de España ya no es solamente político. Es profundamente moral. Hemos llegado a un punto en el que muchos periodistas no se sienten representantes de los ciudadanos, sino militantes al servicio de una causa ideológica. Han dejado de investigar para encubrir. Han dejado de preguntar para justificar. Han dejado de informar para manipular.

Por eso resulta tan molesto un medio como EDATV o una emisora como Informa Radio. Porque todavía existen periodistas que hacen preguntas que nadie quiere escuchar. Porque todavía quedan profesionales que no aceptan sobres, subvenciones ni consignas. Porque todavía quedan voces que señalan la corrupción del entorno de Pedro Sánchez, de su Gobierno y del Partido Socialista.

Y eso el régimen no lo soporta.

No soportan que se pregunte por Begoña Gómez. No soportan que se investiguen las conexiones de Víctor de Aldama con el gobierno y con el PSOE. No soportan que se hable de las colocaciones, de los negocios, de las redes clientelares, de las mentiras del Gobierno o de las maniobras para controlar las instituciones. No soportan que alguien rompa el muro propagandístico construido durante años con dinero público.

Por eso expulsan. Por eso señalan. Por eso criminalizan.

Porque el objetivo no es solamente castigar a unos periodistas concretos. El objetivo es enviar un mensaje de miedo al resto de la profesión: “si preguntas demasiado, irás detrás”. Es la política del terror mediático aplicada desde las instituciones democráticas.

Y mientras tanto, la llamada “prensa seria” mira hacia otro lado. Algunos incluso aplauden. Otros justifican. Muchos callan porque saben perfectamente que viven de la publicidad institucional, de las subvenciones o del acceso privilegiado al poder. Han cambiado la dignidad profesional por comodidad y silencio. 

Pero la historia demuestra que cuando el poder empieza expulsando periodistas, termina expulsando libertades. Hoy es una acreditación. Mañana será la censura abierta. Después vendrán nuevas leyes mordaza disfrazadas de lucha contra el odio o contra la desinformación. El sanchismo lleva años construyendo ese camino. Un camino donde disentir se convierte en delito moral y donde la verdad oficial sustituye a la realidad.

Por eso hace falta una regeneración democrática en España. Pero esa regeneración no puede limitarse únicamente a la política. También debe alcanzar al periodismo español. Es urgente limpiar una profesión colonizada por el sectarismo ideológico y por la dependencia económica del poder.

Necesitamos periodistas libres, no comisarios políticos. Necesitamos medios independientes, no terminales propagandísticas. Necesitamos preguntas incómodas, no ruedas de prensa pactadas. Porque sin libertad de información no existe democracia posible.

Y si creen que con decisiones arbitrarias como la de hoy van a callarnos, se equivocan profundamente.

Esto no ha hecho más que empezar.

Nadie dijo que fuese fácil enfrentarse a un régimen político, mediático y económico que utiliza todos los resortes del Estado para protegerse. Nadie dijo que denunciar la corrupción, señalar las mentiras y fiscalizar al poder fuese cómodo. Pero precisamente por eso merece la pena hacerlo.

Seguiremos dando la batalla cultural. Seguiremos denunciando las corruptelas del sanchismo. Seguiremos haciendo las preguntas que nadie quiere formular. Seguiremos defendiendo el derecho de los españoles a conocer la verdad.

Porque cuando expulsan a periodistas honestos del Congreso, lo que realmente están expulsando es a la libertad.

Y una nación que pierde la libertad de información termina perdiendo también todas las demás libertades.