La entrada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la calle Ferraz no es una anécdota política. No es un episodio menor. No es un simple trámite judicial que el aparato mediático del sanchismo pueda despachar con una nota de prensa o una campaña de propaganda. La imagen de la UCO entrando en la sede nacional del PSOE es la fotografía más exacta del momento histórico que atraviesa el socialismo español: un partido devorado por la corrupción, por el clientelismo, por el abuso de poder y por una degradación moral e institucional sin precedentes.
Durante décadas, el Partido Socialista intentó venderse como el partido de la regeneración democrática, el partido de los trabajadores, el partido de la ética pública. Hoy, bajo el mando de Pedro Sánchez, no queda absolutamente nada de aquel relato. Lo cierto es que nunca lo hubo. El PSOE se ha convertido en una maquinaria de poder cuyo único objetivo es sobrevivir políticamente a cualquier precio, aunque para ello haya que colonizar instituciones, presionar jueces, manipular medios de comunicación, pactar con separatistas, blanquear herederos del terrorismo o convertir el Estado en una herramienta al servicio del partido.
La entrada de la UCO en Ferraz simboliza el derrumbe definitivo de esa falsa superioridad moral de la izquierda. Porque ya no hablamos de casos aislados. Ya no estamos ante una excepción. Estamos ante un sistema.
Un sistema donde aparecen una y otra vez los mismos nombres, las mismas tramas, los mismos intermediarios, los mismos favores y los mismos silencios.
El PSOE de Sánchez ha normalizado el escándalo permanente.
Y lo ocurrido en las últimas horas demuestra que el alcance de la investigación va mucho más allá de la sede socialista de la calle Ferraz. Porque los registros y actuaciones judiciales se han extendido también, según las informaciones conocidas, a la vivienda de Santos Cerdán, a la casa de Leire Díez, al domicilio del empresario Pérez y al despacho de Gaspar Zarrías. Es decir, la investigación se adentra ya directamente en el núcleo político, empresarial y operativo que rodea al sanchismo.
La gravedad de lo sucedido es extraordinaria.
Porque si algo ponen de manifiesto estas actuaciones es que la Justicia no está investigando hechos aislados o comportamientos individuales desconectados entre sí. Todo apunta a una presunta estructura perfectamente organizada donde aparecen amaños de contratos públicos, comisiones, tráfico de influencias y supuestas maniobras destinadas a interferir en procedimientos judiciales o ejercer presión sobre jueces y fiscales.
El caso de Leire Díez resulta especialmente demoledor para el relato oficial del Gobierno. Porque las sospechas sobre presuntas operaciones dirigidas contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad sitúan al sanchismo ante un escenario político absolutamente insoportable en cualquier democracia seria.
Y lo más devastador para el PSOE es que estas actuaciones no nacen de rumores ni de denuncias políticas de la oposición. Han sido ordenadas por la Audiencia Nacional y ejecutadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. No hablamos de bulos, ni de “pseudomedios”, ni de “ultraderecha”. Hablamos de investigaciones judiciales dirigidas por magistrados y unidades especializadas que investigan hechos de extrema gravedad.
La pregunta ya no es si el PSOE atraviesa una crisis.
La pregunta es hasta dónde llega realmente la corrupción estructural del sanchismo.
Ahí está el caso Koldo, convertido ya en la mayor bomba política de los últimos años. Un caso que afecta directamente al corazón del sanchismo. Porque Koldo García no era un desconocido. No era un simple asesor secundario. Era un hombre de máxima confianza de José Luis Ábalos, el gran escudero de Pedro Sánchez, el hombre que acompañó al hoy presidente en aquella gira de supervivencia política que terminó devolviéndole el control del partido. Y Koldo estaba también a las órdenes de “super Santos Cerdán”, el amigo de Zapatero.
Y junto a Koldo aparecen contratos públicos, mascarillas, hidrocarburos, empresarios favorecidos y una red de contactos que apunta directamente a las entrañas del poder socialista.
Tampoco puede olvidarse el papel de Víctor de Aldama, figura clave en las relaciones oscuras del sanchismo, presente en operaciones internacionales, vinculado al rescate de Air Europa, relacionado con el caso Delcy y convertido en pieza fundamental de un entramado donde política, negocios y favores parecen mezclarse de manera obscena.
Mientras tanto, el Gobierno y sus terminales mediáticas intentan convencer a la opinión pública de que todo son casualidades, conspiraciones o campañas de la derecha. El viejo manual del victimismo socialista. El problema es que ya no cuela.
Porque los escándalos afectan a todos los niveles.
La mujer del presidente, Begoña Gómez, investigada judicialmente por sus relaciones empresariales, sus conexiones universitarias y el uso de estructuras públicas para actividades privadas. El hermano del presidente, David Sánchez, rodeado de sospechas sobre enchufismo, privilegios y puestos diseñados a medida. Exministros, asesores, altos cargos y responsables del partido salpicados continuamente por investigaciones y sospechas.
Nada se salva en el sanchismo.
Ni el Gobierno. Ni el partido. Ni el entorno familiar. Ni las instituciones que han sido utilizadas como escudo político.
