El sanchismo ya no disimula. Cuando un régimen empieza a percibir que puede perder el poder político, lo primero que hace es blindar el poder mediático. Y eso es exactamente lo que estamos viendo con la adjudicación de una nueva licencia de TDT al llamado “Grupo 7”, impulsado por antiguos miembros del entorno de PRISA enfrentados a la actual dirección del grupo y estrechamente vinculados al núcleo político de Pedro Sánchez y de Óscar López.
No estamos ante una simple operación empresarial. Estamos ante una operación política en toda regla. Una maniobra estratégica del poder para garantizarse un altavoz mediático en abierto ante el temor creciente a perder el control institucional y, sobre todo, ante la posibilidad real de una derrota electoral que haga saltar por los aires toda la arquitectura propagandística construida por el sanchismo durante estos años.
Porque el problema para Sánchez ya no es únicamente judicial. El problema es político, social y mediático. La erosión del Gobierno es evidente. Los casos de corrupción cercan al entorno presidencial. Las investigaciones afectan a familiares, ministros, antiguos colaboradores y hombres de máxima confianza. El relato se descompone. Y cuando el relato se descompone, el régimen necesita fabricar nuevos instrumentos de manipulación.
Ahí aparece esta nueva televisión.
La televisión del régimen
La izquierda siempre entendió algo fundamental: quien controla el relato, controla una parte del poder. Por eso el sanchismo ha dedicado años a colonizar instituciones, organismos públicos y medios de comunicación. Lo hemos visto en RTVE, convertida en demasiadas ocasiones en un instrumento de propaganda gubernamental. Lo hemos visto en el reparto de subvenciones millonarias a grupos mediáticos afines. Lo hemos visto en la persecución de periodistas incómodos mientras se premiaba a tertulianos obedientes.
Pero ahora el problema para Moncloa es otro: saben que RTVE podría dejar de estar bajo su control si cambian las mayorías parlamentarias. Saben que el poder institucional puede desaparecer. Y por eso necesitan construir estructuras paralelas que sobrevivan incluso a una eventual salida de Sánchez de la Moncloa.
La adjudicación de esta TDT no puede desligarse de ese contexto.
Resulta imposible ignorar las relaciones personales y políticas existentes entre Óscar López y algunos de los promotores de esta operación. Resulta imposible no preguntarse si estamos ante un simple concurso administrativo o ante un auténtico favor político entre amigos del poder. Porque cuando un Gobierno concede licencias audiovisuales a personas íntimamente conectadas con su estructura política, la sospecha de tráfico de influencias resulta inevitable.
Más aún cuando hablamos de un sector absolutamente estratégico como el de la comunicación.
PRISA, las guerras internas y el nuevo aparato mediático
Durante décadas, el grupo PRISA fue el gran brazo mediático de la izquierda española, muy especialmente del PSOE. El monopolio ideológico del progresismo institucional. El constructor oficial del relato socialdemócrata. Pero los tiempos cambian. Las guerras internas, las crisis económicas y las luchas de poder dentro del grupo han provocado fracturas profundas.
Y es precisamente de esas fracturas de donde nacen ahora estos “rebeldes” cercanos a Moncloa.
La operación tiene toda la lógica política del mundo: si el viejo aparato mediático ya no ofrece plena seguridad, el sanchismo necesita levantar otro nuevo. Una televisión más agresiva, más militante, más preparada para la batalla política que viene.
Porque ellos saben perfectamente lo que se juega el régimen.
Saben que si pierden el poder podrían comenzar a conocerse muchas cosas. Saben que podrían perder el control del BOE, de RTVE, de los organismos reguladores y de las subvenciones públicas. Y por eso se están rearmando mediáticamente.
No para informar.
No para garantizar pluralidad.
No para defender la libertad de expresión.
Sino para seguir condicionando a la opinión pública aunque abandonen temporalmente el Gobierno.
El dinero público al servicio de la propaganda
Y aquí aparece otro elemento especialmente grave: la sospecha de que este proyecto pueda arrancar sostenido, directa o indirectamente, con dinero público.
