Hace veinticinco años la justicia se simbolizaba con una venda sobre los ojos. No era una alegoría ingenua, sino una advertencia moral: el derecho solo puede ser legítimo cuando se aplica con neutralidad, cuando no distingue entre ciudadanos por razones ajenas a los hechos y cuando la ley no se convierte en instrumento de corrección ideológica, sino en garantía de convivencia. Aquella imagen clásica de la balanza equilibrada no representaba una aspiración poética, sino el fundamento de cualquier democracia.
En España, sin embargo, esa neutralidad ha sido progresivamente sustituida por una peligrosa legislación identitaria. La igualdad ante la ley, que debería ser un principio inviolable, se ha visto erosionada por una ideología jurídica que, bajo el paraguas de la llamada perspectiva de género, terminó consolidando un sistema de 527 logros del Ministerio de Igualdad que difícilmente pueden sostenerse sin contradicción intelectual y sin deterioro institucional.
Y lo aclaro siempre desde el principio para evitar la simplificación feminista: cuestionar esas leyes no implica negar la existencia de la violencia contra la mujer, contra las personas, ni mucho menos minimizar su gravedad. La protección de todas las víctimas constituye una obligación irrenunciable del Estado. Pero precisamente por la seriedad de esa obligación, no puede aceptarse que dicha protección se construya sobre la erosión de garantías procesales básicas, sobre la sospecha preventiva de una parte de la población o sobre la creación de categorías jurídicas diferenciadas en función del sexo. Así como nadie podría tolerar que se legislara en función de raza o religión.
La justicia no puede permitirse ese lujo. Cuando el derecho abandona el terreno de los hechos para instalarse en el de las identidades, deja de impartir justicia para empezar a administrar relatos.
Durante más de veinte años se ha instalado en el debate público una narrativa donde disentir equivale a convertirse en apestado, o en facha. Se ha levantado una estructura de pensamiento en la que determinadas críticas no se responden, sino que se descalifican; donde la discrepancia jurídica se interpreta como una forma encubierta de hostilidad política; y donde la defensa de la presunción de inocencia parece requerir, paradójicamente, una justificación previa. Ese es uno de los síntomas más preocupantes de nuestro tiempo: la sustitución del análisis por el dogma y del derecho por la consigna.
El Ministerio de Igualdad se ha convertido en el emblema principal de esa deriva. Nacido bajo la promesa de corregir desigualdades históricas, ha terminado funcionando como un chiringuito de reproducción ideológica cuya supervivencia depende directamente de la perpetuación del conflicto que dice combatir. La igualdad, convertida en aparato burocrático, deja de ser un objetivo para transformarse en una herramienta de poder. Y de hecho, ha demostrado serlo.
No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, aunque el enorme volumen de recursos públicos destinados a sostener esa maquinaria resulta más que discutible, sino de una cuestión de legitimidad democrática. Un ministerio que debería contribuir a la cohesión social no puede operar sobre la base permanente de la confrontación entre hombres y mujeres, ni puede convertir la diferencia sexual en una categoría política de reparto moral. Cuando una institución necesita enemigos para justificar su existencia, deja de servir al interés general. Y este, el mayor de los chiringuitos, ha demostrado con creces, necesitar esa justificación
Es precisamente en esa grieta donde surge la razón de ser de ANAVID, la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Domestica. Nacen de la experiencia acumulada de quienes hemos comprobado en primera persona cómo esas leyes producen la devastación humana cuando se aplican desde la lógica de la presunción ideológica.
Padres apartados de sus hijos sin un proceso garantista; hombres absueltos judicialmente después de haber sido condenados socialmente desde el primer día; familias destruidas por procedimientos donde la acusación inicial basta para activar una maquinaria de consecuencias irreversibles; reputaciones pulverizadas en silencio, sin reparación posible incluso cuando la absolución llega. Y también mujeres que rechazan este modelo y que comprenden que la instrumentalización política de una causa justa termina perjudicando la credibilidad de todas. Porque convertir la protección en privilegio no fortalece la igualdad: la degrada.
La experiencia demuestra que la realidad rara vez cabe dentro de los eslóganes. La vida no funciona con pancartas y los tribunales no deberían hacerlo tampoco. La literatura, el periodismo y la reflexión pública tienen, tenemos, precisamente la obligación de entrar allí donde el discurso oficial simplifica. Quien ha dedicado tiempo a narrar estas fracturas sabe que la verdad nunca resulta cómoda y que la honestidad intelectual exige, enfrentarse al consenso fabricado.
