El sanchismo lleva años intentando convencer a los españoles de que todo era una “cacería”, un “bulo” o una conspiración política contra el entorno del presidente del Gobierno. Sin embargo, la realidad judicial es tozuda. Y esa realidad sienta en el banquillo a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez, en uno de los casos más escandalosos de nepotismo político que se recuerdan en democracia.
El llamado “caso del hermanísimo” no nace de un rumor de redes sociales ni de una tertulia política. Nace de una investigación judicial, de informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de un procedimiento instruido por la magistrada Beatriz Biedma, que terminó enviando a juicio a David Sánchez y a varios cargos socialistas de la Diputación de Badajoz por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
La cuestión de fondo es demoledora: la Justicia sospecha que la Diputación de Badajoz creó en 2017 una plaza pública diseñada específicamente para el hermano del presidente del Gobierno. No hablamos de una oposición ordinaria ni de un procedimiento transparente. La juez sostiene que David Sánchez conocía previamente que el puesto había sido creado para él y que todo el proceso se articuló para “simular la legalidad formal”.
Es decir, la sospecha judicial es que se utilizó una institución pública, pagada con el dinero de todos los españoles, para colocar al hermano del líder del PSOE.
Y este es precisamente el gran drama moral y político del sanchismo: el PSOE llegó al poder hablando de regeneración democrática, de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción. Hoy, sin embargo, el panorama es devastador. La mujer del presidente investigada, el hermano sentado en el banquillo, exministros implicados en tramas, secretarios de organización señalados y un Gobierno permanentemente rodeado por escándalos judiciales.
El caso David Sánchez resulta especialmente grave porque, según la investigación, no solo se habría creado una plaza “a medida”, sino que posteriormente se habría modificado y transformado para adaptarla todavía más a las necesidades del hermano del presidente. El puesto inicial de coordinador de actividades de los conservatorios terminó convertido en una jefatura de la Oficina de Artes Escénicas.
La instrucción también pone el foco sobre la contratación de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y antiguo asesor del Ministerio de Presidencia, a quien la juez considera una pieza clave dentro de la estructura creada en torno al hermano del presidente.
Pero quizá uno de los episodios más humillantes para las instituciones españolas fue comprobar cómo, durante la instrucción, David Sánchez llegó a no saber concretar siquiera dónde estaba exactamente su despacho dentro de la Diputación pacense. La investigación sostiene además que apenas acudía físicamente a su puesto pese a percibir un importante sueldo público.
