Sánchez, el ministro de Asuntos Españoles del Gobierno de Marruecos

Hay comparecencias que sirven para dar explicaciones y hay comparecencias que sirven para confirmar las sospechas. La de Pedro Sánchez ante el Congreso para hablar de lo ocurrido en Ceuta pertenece, desgraciadamente, a las segundas.

Esperábamos respuestas. Hemos recibido propaganda.

Esperábamos saber qué hizo el Gobierno antes, durante y después de que decenas de miles de personas se lanzaran sobre una frontera española. Hemos escuchado nuevamente que la culpa es de la extrema derecha, de la desinformación, de quienes llaman invasión a lo que el Gobierno prefiere denominar crisis migratoria y, en definitiva, de cualquiera menos de quienes tenían la obligación de proteger nuestras fronteras.

Y, por supuesto, tampoco parece tener responsabilidad Marruecos.

Nunca Marruecos.

Ese es el gran misterio que sobrevuela desde hace años la política exterior de Pedro Sánchez: ¿qué tiene que suceder para que este Gobierno se atreva a señalar claramente a Rabat?

Porque lo conocido en los últimos días es suficientemente grave como para exigir algo más que palabras cuidadosamente escogidas.

El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras y remitido a la Audiencia Nacional describe lo sucedido los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva planificada y no espontánea. El documento recoge comportamientos de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes compatibles con el control y seguimiento de la operación y habla de un “guiado activo” de la masa hacia determinados puntos de paso.

Y Pedro Sánchez comparece ante los españoles para decirnos que no existen pruebas concluyentes de que Marruecos organizara lo sucedido.

Magnífico.

A este paso necesitaremos encontrar una orden firmada por Mohamed VI, compulsada ante notario y entregada personalmente en La Moncloa para que nuestro Gobierno admita siquiera la posibilidad de que Marruecos tuviera alguna responsabilidad.

SIEMPRE FALTA UNA PRUEBA CUANDO SE TRATA DE MARRUECOS

La cuestión resulta todavía más incomprensible porque el propio Sánchez reconoce que durante un periodo crítico las fuerzas marroquíes permitieron los cruces. Su explicación consiste en que no puede determinarse si aquello obedeció a una decisión deliberada o a la incapacidad para controlar la situación.

Pero resulta difícil creer que un Estado como Marruecos, extraordinariamente eficaz cuando quiere impedir que alguien se aproxime a determinadas instalaciones o cuando decide controlar movimientos en su territorio, sufriera precisamente aquel día un repentino ataque de impotencia.

Y aquí aparece inevitablemente una pregunta política.

¿Por qué Pedro Sánchez protege con semejante determinación a Marruecos?

No afirmo conocer la respuesta. Precisamente porque no la conozco, la pregunto.

Pero como ciudadano tengo derecho a considerar políticamente incomprensible esta permanente indulgencia hacia Rabat.

Por eso llevo tiempo sosteniendo, naturalmente como opinión, que Pedro Sánchez parece haberse convertido en una especie de ministro de Asuntos Españoles del Gobierno de Marruecos.

Cada vez que existe un conflicto entre los intereses españoles y las posiciones marroquíes, el Gobierno encuentra una explicación que evita incomodar excesivamente a nuestro vecino del sur.

Sucedió con el Sáhara.

Sucede con Ceuta y Melilla.

Y vuelve a suceder ahora.

NO FUE UNA SIMPLE CRISIS HUMANITARIA

Otra de las grandes trampas del lenguaje gubernamental consiste en transformar lo ocurrido en una mera “crisis humanitaria”.

Naturalmente que existe una dimensión humanitaria. Nadie con un mínimo de sensibilidad puede permanecer indiferente ante la muerte o el sufrimiento de seres humanos.

Pero un Estado tiene la obligación de contemplar también otra dimensión: la seguridad nacional y la integridad de sus fronteras.

Cuando decenas de miles de personas se concentran simultáneamente para atravesar una frontera internacional, cuando existe coordinación, cuando el objetivo aparente consiste en desbordar la capacidad de respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cuando un informe policial habla de una acción planificada, estamos ante algo que desborda completamente una simple emergencia migratoria.

Estamos ante una violación masiva de nuestra frontera.

Podrán discutir el sustantivo.

Podrán enfadarse porque algunos utilicemos la palabra invasión.

Podrán montar tertulias enteras sobre terminología.

Pero mientras ellos discuten cómo debemos llamar a lo sucedido, la frontera española fue desbordada.

Y eso es lo verdaderamente importante.

LAS ALERTAS QUE NADIE VIO

Sánchez ha insistido además en que ningún informe anticipó la magnitud de lo sucedido.

Aquí también conviene ser rigurosos.

Es cierto que una alerta de riesgo no equivale necesariamente a conocer exactamente que decenas de miles de personas van a intentar atravesar la frontera a una hora determinada. Pero también es cierto que existen documentos policiales anteriores al 30 de julio que advertían del riesgo de una entrada masiva y de escenarios coordinados.

El Gobierno podrá discutir ahora la intensidad de aquellas advertencias.

Lo que ya resulta mucho más difícil es sostener que no había ninguna señal.

Y aquí aparece otra pregunta incómoda:

¿Para qué sirven nuestros servicios de información si cuando avisan nadie actúa y, si no avisaran, tampoco fueran capaces de detectar semejante concentración?

No existen muchas alternativas.

Si hubo información suficiente y el Gobierno no reaccionó, estamos ante una gravísima negligencia.

Si la información no llegó a los responsables políticos, tenemos un problema extraordinariamente serio en nuestra cadena de seguridad.

Y si llegó y alguien decidió minimizarla, tenemos derecho a saber quién fue y cuál fue su motivación.

Por eso resulta grotesco contemplar al ministro Grande-Marlaska pidiendo explicaciones sobre informes elaborados por organismos pertenecientes a su propio ámbito de responsabilidad.

El Gobierno parece investigar al Gobierno para descubrir qué sabía el Gobierno.

España convertida en una comedia administrativa mientras Ceuta paga las consecuencias.

LA SENTENCIA DEL 8 DE JULIO

Sánchez también se ha refugiado en la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio para combatir lo que denomina el “bulo” de las devoluciones en caliente.

Conviene explicar exactamente qué dijo aquella resolución.

El Supremo estableció que el mecanismo específico de rechazo en frontera previsto en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería no puede aplicarse a quienes son interceptados en alta mar cuando pretenden acceder a Ceuta o Melilla a nado. Pero eso no significa que cualquier devolución sea jurídicamente imposible: el propio tribunal señaló que en esos supuestos procede aplicar el procedimiento de devolución previsto en el artículo 58.3.

Por tanto, reducir toda la discusión a “no podían ser devueltos” resulta políticamente demasiado cómodo.

La cuestión verdaderamente importante es otra: ¿utilizó el Gobierno todos los instrumentos legales disponibles para restablecer inmediatamente el control fronterizo?

Porque las fronteras existen precisamente para impedir que entrar ilegalmente en un país termine convirtiéndose en un hecho consumado. Y todos, absolutamente todos los que entraron ilegalmente en España, deben ser devueltos al país del que salieron.

EL EXTRAÑO TABÚ DE PEGASUS

Y existe además un elefante en la habitación que nadie consigue sacar de La Moncloa: Pegasus.

Los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles, Marlaska y Luis Planas, fueron infectados con este programa espía. Se extrajeron datos de los terminales del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa. También pudieron hacerlo de Marlaska y de Planas. Casualmente, junto con Sánchez, son los tres ministros que le acompañan desde el inicio.

La Audiencia Nacional investigó aquellos hechos.

La autoría no quedó judicialmente acreditada.

Conviene dejarlo perfectamente claro.

Pero políticamente permanece una pregunta absolutamente legítima: ¿qué información fue sustraída de aquellos teléfonos?

Y, sobre todo, ¿puede descartarse completamente que aquella información tenga alguna relación con las decisiones posteriores de nuestra política exterior?

No afirmo que exista esa relación.

Pregunto si existe.

Porque después llegó el sorprendente giro español respecto al Sáhara Occidental, comunicado precisamente mediante una carta que terminó siendo difundida por Marruecos. Antes, la que fuera ministra de exteriores, González Laya fue destituida.

Y desde entonces la política española hacia Rabat parece instalada en una permanente necesidad de no molestar.

Quizá todo tenga una explicación perfectamente razonable.

Pues que la expliquen.

Porque cuanto más se niegan a hacerlo, mayores son las sospechas.

LOS SUPERVIVIENTES DEL PRIMER GOBIERNO

Hay además un detalle político que merece ser recordado y que ya he comentado.

Del primer Gobierno formado por Pedro Sánchez en 2018 permanecen hoy tres ministros: Margarita Robles, Luis Planas y Marlaska.

Y Planas conoce perfectamente Marruecos: fue embajador de España en Rabat.

No es un dato incriminatorio, naturalmente. Pero sí resulta significativo dentro de una relación bilateral que se ha convertido probablemente en una de las cuestiones más opacas y sensibles de nuestra política exterior.

España necesita mantener buenas relaciones con Marruecos.

Eso es evidente.

Marruecos es vecino, socio comercial y pieza fundamental para la seguridad y el control migratorio. España debe hacerse respetar.

Pero una cosa es tener buenas relaciones y otra muy diferente convertirlas en subordinación.

La amistad entre Estados solo puede construirse desde el respeto mutuo.

Y cuando un socio reivindica nuestras ciudades, presiona nuestras fronteras o mantiene posiciones contrarias a nuestros intereses nacionales, España tiene la obligación de responder.

Sin complejos.

Sin miedo.

Y sin pedir permiso.

CEUTA NO NECESITA PROPAGANDA

Los ceutíes no necesitaban escuchar en el Congreso otra clase magistral sobre solidaridad.

Necesitaban saber por qué ocurrió.

Quién lo sabía.

Quién avisó.

Quién no actuó.

Qué responsabilidad tuvo Marruecos.

Por qué durante horas su frontera quedó prácticamente desguarnecida.

Y qué hará España para garantizar que nunca vuelva a suceder.

Pedro Sánchez no respondió satisfactoriamente a esas preguntas.

Prefirió refugiarse en su mundo habitual: extrema derecha, bulos, humanidad, solidaridad y enemigos exteriores convenientemente seleccionados.

Todos parecen responsables menos quienes gobiernan España.

Ese es el problema.

Vivimos bajo un Ejecutivo que ha construido una especie de distopía política donde la realidad solamente existe cuando coincide con el relato gubernamental.

Si un informe contradice al Gobierno, se relativiza.

Si la Policía advierte, la advertencia no era suficientemente concreta.

Si Marruecos aparece señalado, faltan pruebas.

Si decenas de miles de personas atraviesan nuestra frontera, no podemos llamarlo invasión.

Y si alguien pregunta demasiado, pertenece a la extrema derecha.

Perfecto.

Pero hay algo que ningún argumentario puede borrar.

Durante los días 30 y 31 de julio la frontera española en Ceuta fue desbordada por decenas de miles de personas. La Policía considera que aquello fue planificado y no espontáneo. Existen informes previos que advertían del riesgo. Y existen indicios recogidos por nuestros propios agentes sobre comportamientos de fuerzas marroquíes durante aquellos acontecimientos.

Ante todo ello, Pedro Sánchez ha decidido nuevamente proteger políticamente la relación con Rabat.

Y por eso termino donde comencé.

No sé qué tiene Marruecos sobre Pedro Sánchez.

Ni siquiera sé si tiene algo.

Pero después de todo lo sucedido, los españoles tenemos derecho a preguntar por qué nuestro presidente parece encontrar siempre una disculpa para Marruecos y nunca una explicación para España.

Sánchez tuvo la oportunidad de comparecer como presidente del Gobierno español.

Y volvió a comportarse como el ministro de Asuntos Españoles del Gobierno de Marruecos.

Y Ceuta, mientras tanto, continúa esperando respuestas y soluciones.