Hay ocasiones en las que un Gobierno queda retratado por lo que hace. Otras, por lo que dice. Y algunas, mucho más graves, por aquello que asegura desconocer.
Marlaska no sabía nada: el escándalo de un Gobierno que exculpó a Marruecos mientras la Policía apuntaba a Rabat
La opinión de Javier García Isac
Lo que estamos conociendo sobre la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio convierte la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y, muy especialmente, la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un escándalo político de primera magnitud.
Porque ahora resulta que Marlaska no sabía.
No sabía lo que aparentemente investigaban sus propios policías. No conocía unas conclusiones que una unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha remitido a una magistrada de la Audiencia Nacional. Y, para rematar el esperpento, el ministro ha tenido que escribir al director general de la Policía para preguntarle qué sabía la Policía y desde cuándo lo sabía.
Permítanme que haga una pregunta elemental: ¿para qué tenemos ministro del Interior?
La información conocida es de una gravedad extraordinaria. El informe del CENIF remitido a la juez María Tardón sostiene que lo sucedido en Ceuta no respondió simplemente a un movimiento migratorio espontáneo. Según sus conclusiones, que tendrán que ser examinadas en sede judicial y que no equivalen por sí mismas a una sentencia, existió una operación planificada en la que gendarmes marroquíes habrían guiado activamente a los inmigrantes hacia determinados puntos de acceso mientras individuos de paisano monitorizaban y dirigían la operación sobre el terreno.
El documento habla incluso de una estrategia destinada a colapsar inicialmente el sistema español de control fronterizo para, una vez saturado, reducir nuestra capacidad de reacción.
Es decir, exactamente aquello que desde el principio algunos advertíamos que debía investigarse: que aquello podía ser mucho más que una crisis migratoria.
Y mientras todo esto ocurría, ¿dónde estaba el Gobierno?
Esa es la pregunta.
Porque hay otro dato demoledor. El propio informe policial señala que el 29 de julio existió una alerta que calificaba de «riesgo extremo» la posibilidad de accesos ilegales coordinados a Ceuta y Melilla al día siguiente.
El 29 de julio.
La entrada masiva comenzó el día 30.
Entonces, ¿nadie sabía nada?
Si los informes existían y llegaron donde debían llegar, alguien tendrá que explicar por qué no se actuó con la contundencia necesaria. Y si no llegaron a quienes tenían que llegar, alguien tendrá que explicar por qué el sistema de seguridad nacional español es incapaz de trasladar a sus responsables políticos una información de semejante importancia.
Las dos posibilidades son pésimas.
Y en medio aparece Fernando Grande-Marlaska escribiendo una carta al director general de la Policía para preguntarle desde cuándo disponían sus subordinados de esa información.
La escena sería cómica si no estuviéramos hablando de la seguridad y de la soberanía de España.
El ministro del Interior preguntando a la Policía qué sabe la Policía.
Marlaska sostiene que, de confirmarse lo publicado, se trataría de una información esencial que debería haberse puesto inmediatamente a disposición del Consejo de Seguridad Nacional y del propio ministro.
De acuerdo.
Pero entonces el problema es todavía mayor.
Porque si el ministro del Interior no conocía una información de semejante trascendencia que manejaban unidades dependientes de su departamento, tenemos un ministro que aparentemente no controla su propio Ministerio.
Y si la conocía, sus explicaciones resultan todavía más necesarias.
No hay una tercera posibilidad tranquilizadora.
Pero el asunto adquiere una dimensión política mucho más grave después de escuchar a Pedro Sánchez en su entrevista de regreso de vacaciones.
El presidente del Gobierno descartó la implicación de Marruecos y prefirió dirigir sus sospechas hacia Rusia, Israel y una supuesta «internacional ultraderechista», a la que atribuyó la propagación de desinformación relacionada con la crisis.
Es extraordinario.
Sánchez parecía tener certezas suficientes para alejar cualquier responsabilidad de Rabat, pero ahora conocemos que una unidad policial española ha trasladado a la Audiencia Nacional conclusiones que apuntan precisamente en dirección contraria.
Por supuesto, será la investigación judicial la que determine hasta dónde llegan los hechos y qué puede acreditarse. Pero políticamente la contradicción resulta insoportable.
¿Sobre qué información exculpó Pedro Sánchez a Marruecos?
¿Conocía el presidente el contenido del informe policial?
¿Lo desconocía también?
¿Lo conocía el CNI?
¿Lo conocía Interior?
¿Lo conocía Presidencia?
¿Quién sabía qué y desde cuándo?
Estas son las preguntas que deberían ocupar hoy al Gobierno, al Parlamento y a cualquier medio de comunicación que entienda que su obligación consiste en fiscalizar al poder y no en protegerlo.
Porque aquí hablamos de algo infinitamente más importante que una polémica partidista.
Hablamos de Ceuta.
Hablamos de territorio español.
Y hablamos de la posibilidad, planteada por un informe de la propia Policía Nacional, de que fuerzas pertenecientes al aparato de seguridad de un Estado extranjero hubieran participado en la dirección de una entrada masiva destinada a desbordar nuestra frontera.
Eso cambia completamente la naturaleza política del episodio.
Si esas conclusiones terminan acreditándose, no estaríamos únicamente ante un problema migratorio. Estaríamos ante una actuación hostil contra España que exigiría consecuencias diplomáticas y políticas de enorme calado.
Y precisamente por eso resulta incomprensible la obsesión de Pedro Sánchez por proteger políticamente a Marruecos.
Con Rusia parece no necesitar demasiadas cautelas.
Con Israel tampoco.
Con la denominada «internacional ultraderechista», muchísimo menos.
Pero cuando aparece Marruecos, el Gobierno camina sobre algodones.
Rabat parece disfrutar de una especie de presunción de inocencia diplomática permanente dentro de La Moncloa.
Y resulta difícil olvidar que Marruecos lleva décadas reivindicando Ceuta y Melilla. El propio informe policial conocido ahora vincula lo sucedido con esas reivindicaciones territoriales.
Por eso España debería exigir explicaciones, no ofrecer coartadas.
Un Gobierno serio habría puesto desde el primer momento todos los recursos del Estado al servicio de esclarecer quién organizó aquello, quién lo permitió, quién lo alentó y qué finalidad perseguía.
Un Gobierno serio no habría comenzado buscando culpables ideológicamente cómodos.
Primero fueron los bulos.
Después Rusia.
Después Israel.
Después la ultraderecha internacional.
Y Marruecos, casualmente, quedaba fuera de la fotografía.
Ahora resulta que nuestros propios policías colocan a agentes marroquíes dentro de ella.
Y Marlaska dice que quiere saber por qué nadie se lo contó.
Magnífico.
España parece gobernada por una sucesión de responsables políticos que siempre descubren las cosas cuando aparecen publicadas en los periódicos.
Nadie sabía nada.
Nadie fue informado.
Nadie recibió el documento.
Nadie pudo preverlo.
Nadie es responsable.
Pero los españoles sí sufrimos las consecuencias.
Y los ceutíes, mucho más.
Porque mientras en Madrid se discutía sobre terminología, competencias y relatos, ellos estaban viviendo sobre el terreno las consecuencias de una frontera desbordada.
Ceuta no necesitaba propaganda.
Necesitaba Estado.
Necesitaba Gobierno.
Necesitaba inteligencia.
Necesitaba previsión.
Y necesitaba que España recordase algo tan elemental que produce vergüenza tener que repetirlo: Ceuta es España y la defensa de sus fronteras no es una cuestión migratoria, sino una obligación nacional.
Marlaska debería haber comparecido inmediatamente y explicar qué conocía, cuándo lo conoció y por qué aparentemente desconocía las conclusiones de unidades policiales dependientes de su Ministerio.
Pedro Sánchez debe explicar sobre qué bases descartó públicamente la implicación de Marruecos cuando existía una investigación policial que apuntaba precisamente hacia agentes marroquíes.
Y el Gobierno debe aclarar qué información manejó el CNI antes del 30 de julio y qué hizo con ella.
Aquí ya no valen los discursos.
Ni Rusia.
Ni Israel.
Ni la ultraderecha.
Ni los bulos.
Aquí hacen falta documentos, fechas, informes y responsabilidades.
Porque cuanto más sabemos de lo ocurrido en Ceuta, peor queda retratado el Gobierno.
Y si finalmente se acredita judicialmente que agentes marroquíes participaron en la planificación o dirección de aquella entrada masiva, el escándalo será doble: por lo que hizo Marruecos y por la actitud de un Gobierno español que, mientras comenzaban a aparecer indicios que apuntaban hacia Rabat, se apresuraba políticamente a mirar hacia otro lado.
Marlaska dice ahora que no sabía.
Quizá ese sea precisamente el problema.
Porque un ministro del Interior que no sabe lo que ocurre en su frontera, que no conoce información esencial manejada por sus propios servicios policiales y que tiene que enterarse por los medios de comunicación no ofrece tranquilidad.
Ofrece miedo.
Y un Gobierno que, ante la duda, parece más preocupado por preservar su relación con Marruecos que por exigir explicaciones sobre lo sucedido en territorio español ha olvidado cuál es su primera obligación.
No es proteger a Rabat.
Es proteger a España.