Salt, en Gerona, se ha convertido en el paradigma de lo que ocurre cuando la izquierda abraza sin complejos ni escrúpulos al islamismo radical. Esta alianza tóxica, tejida durante años bajo las banderas del multiculturalismo, del buenismo y la tolerancia mal entendida, ha estallado ahora en gravísimos incidentes que advierten a toda Cataluña del oscuro futuro que le espera si continúa por este camino.
Lo ocurrido en Salt no es un episodio aislado, es consecuencia directa de décadas de políticas irresponsables donde se ha permitido, promovido y hasta premiado la ocupación ilegal por parte de colectivos islamistas. Lo hemos visto recientemente con el polémico Imán ocupa, al que las autoridades han consentido y protegido, olvidando completamente los derechos y necesidades de los ciudadanos españoles que sufren diariamente para llegar a fin de mes.
Esta peligrosa deriva no solo evidencia el fracaso absoluto de las políticas migratorias implementadas por la izquierda, sino que también alerta sobre el evidente riesgo de islamización de Cataluña. El islamismo radical no busca integrarse, busca imponerse; no pretende convivir pacíficamente, sino dominar culturalmente los territorios que considera vulnerables, gracias a políticos débiles y acomplejados.
Además, Cataluña se ha convertido en una de las regiones más peligrosas de Europa, debido también al separatismo radical que ha fomentado deliberadamente este tipo de inmigración incompatible con los valores occidentales, mientras rechaza hipócritamente la llegada de inmigrantes hispanos, culturalmente mucho más próximos y fácilmente integrables. El separatismo ha contribuido directamente al caos, favoreciendo una inmigración conflictiva y dejando la seguridad de nuestras fronteras en manos de los Mossos d'Esquadra, quienes carecen de recursos suficientes y de directrices claras para afrontar una crisis que crece día a día.
Esta irresponsabilidad no solo es consentida, sino que ha sido propiciada por Pedro Sánchez, quien permite que la seguridad nacional esté condicionada por sus necesidades políticas, entregando el control de las fronteras a quienes menos interés tienen en defenderlas para seguir manteniendo su agónico gobierno.
Es necesario perseguir sin fisuras ni concesiones la inmigración ilegal, especialmente cuando procede de culturas manifiestamente incompatibles con nuestros valores occidentales. Debemos ser capaces de distinguir entre quien viene a aportar valor, integrándose plenamente en nuestras costumbres y leyes, y quienes vienen a imponer las suyas, aprovechando la debilidad y la complicidad de políticos incapaces de defender España y su identidad cultural.
La vigilancia férrea de nuestras fronteras no es solo un derecho, es una obligación moral y política de cualquier nación soberana. España debe recuperar cuanto antes el control de su territorio, evitando la entrada masiva y descontrolada de personas cuya integración es imposible porque ellas mismas rechazan nuestros principios fundamentales.
