Hay que saber reconocer cuando la decadencia de la democracia y su ideología dejan de servir para interpretar la realidad y comienzan a utilizarse para anestesiarla. Un momento en el que el ciudadano deja de preguntarse si algo es correcto o incorrecto para preguntarse únicamente quién lo ha hecho. Y cuando eso ocurre, la corrupción deja de ser un escándalo para convertirse en un peaje asumible; la mentira política deja de indignar y pasa a justificarse; y la degradación institucional termina normalizándose como si fuese una consecuencia inevitable del juego democrático.
España lleva demasiado tiempo en ese punto. Nos han acostumbrado a ver la política como un enfrentamiento permanente. Nos han enseñado a desconfiar antes del vecino que del poder, a medir los abusos en función del color político de quien los comete y a aceptar comportamientos intolerables con tal de impedir la victoria del adversario. La consecuencia de esa dinámica es que millones de ciudadanos han terminado defendiendo prácticas que hace unos años habrían denunciado con contundencia, simplemente porque sienten que reconocer esos hechos equivaldría a entregar una victoria moral al otro bloque ideológico.
Ese es el mayor triunfo del poder contemporáneo: no convencerte de que actúa correctamente, sino lograr que aceptes lo inaceptable por miedo a darle la razón al contrario. Por eso, la concentración convocada este sábado en la Plaza de Colón no debería entenderse como una manifestación de derechas ni como una exhibición partidista. Reducirla a eso sería, precisamente, caer en la trampa que el propio sistema político lleva años alimentando. Lo que está en juego no es una sigla concreta, sino algo mucho más importante: la salud moral de nuestras instituciones y la capacidad de la sociedad española para reaccionar frente a la degradación pública.
Y este mensaje va dirigido especialmente a quienes votaron a la izquierda con convicción. A quienes creyeron en la justicia social, en la protección de los trabajadores, en la igualdad de oportunidades o en la necesidad de unos servicios públicos fuertes y eficientes. Manifestarse contra la corrupción, contra el clientelismo o contra la utilización partidista de las instituciones no significa traicionar ninguno de esos ideales. Al contrario: significa negarse a permitir que esos principios sean utilizados como coartada para justificar abusos de poder, redes de intereses o dinámicas de impunidad. Porque ningún proyecto político merece ser defendido a costa de la verdad. Y ningún ciudadano debería sentirse obligado a guardar silencio por miedo a reconocer que quienes prometieron regeneración democrática han terminado reproduciendo muchas de las prácticas que aseguraban combatir.
Pedro Sánchez llegó al poder envuelto en un discurso de ejemplaridad institucional. La moción de censura contra Mariano Rajoy fue presentada como una obligación ética frente a la corrupción y como el inicio de una nueva etapa política basada en la transparencia, la limpieza democrática y la responsabilidad pública. Millones de españoles, incluso muchos que no simpatizaban con la izquierda, entendieron entonces que aquella regeneración podía ser positiva para el país. Pero los años han ido erosionando gravemente ese relato. Lo que comenzó como una promesa de renovación ha derivado progresivamente en una política sustentada sobre el tacticismo permanente, la ocupación partidista de las instituciones y una preocupante tolerancia hacia prácticas incompatibles con la ejemplaridad que se exigía a gobiernos anteriores.
La lista de escándalos, investigaciones y sospechas acumuladas durante estos años resulta demasiado extensa como para seguir despachándola como simples casos aislados, o campañas de desgaste mediático.
El caso Koldo ha revelado hasta qué punto los peores momentos de la pandemia pudieron convertirse también en un escenario propicio para redes de comisionistas, contratos bajo sospecha y relaciones opacas en el entorno del Ministerio de Transportes. Mientras millones de españoles permanecían confinados, mientras familias enteras despedían a sus muertos en condiciones inhumanas y mientras el país atravesaba una de las etapas más dramáticas de su historia reciente, distintas investigaciones judiciales comenzaron a dibujar una trama de influencias y beneficios económicos difícilmente compatible con el discurso moral que el Gobierno proyecta públicamente.
A ello se suman las investigaciones judiciales que afectan al entorno más cercano del presidente del Gobierno. La situación de Begoña Gómez, investigada por delitos relacionados con tráfico de influencias y corrupción en los negocios, supone un hecho de enorme gravedad institucional por mucho que algunos intenten reducirlo a una persecución política. Del mismo modo, las investigaciones que afectan al hermano del presidente han incrementado todavía más la sensación de deterioro y opacidad alrededor del núcleo del poder ejecutivo.
Y quizá lo más preocupante no sea únicamente la existencia de estas investigaciones, sino la reacción política ante ellas. Porque lejos de facilitar explicaciones claras, asumir responsabilidades o permitir un debate, la estrategia ha consistido en desacreditar a jueces, periodistas, medios de comunicación y cualquier voz crítica mediante una confrontación constante. Todo cuestionamiento pasa automáticamente a ser presentado como un ataque al Gobierno, a la democracia o a la convivencia. Ese mecanismo es profundamente peligroso para cualquier sistema democrático. Porque cuando el poder deja de responder a las preguntas y empieza únicamente a señalar enemigos, la democracia comienza a deteriorarse desde dentro.
Y el problema no se limita a los escándalos. Existe además una erosión más profunda relacionada con la palabra dada, la coherencia política y la confianza de los ciudadanos en sus representantes. España ha visto durante esta legislatura un proceso de normalización de contradicciones políticas que habría resultado inimaginable hace unos años. Se prometió que jamás habría pactos con determinadas fuerzas independentistas; se aseguró que la amnistía no tenía cabida constitucional; se defendió públicamente una cosa para terminar haciendo exactamente la contraria semanas después. Y todo ello ha terminado presentándose no como una anomalía, sino como una muestra de pragmatismo político. Una democracia no puede sostenerse indefinidamente sobre el cinismo. Porque cuando los principios se convierten en mercancía negociable y la permanencia en el poder pasa a ser el único objetivo verdaderamente irrenunciable, las instituciones dejan de percibirse como espacios al servicio del interés general y comienzan a verse como instrumentos de supervivencia política.
Mientras tanto, la realidad cotidiana de millones de españoles continúa deteriorándose. Los jóvenes encuentran prácticamente imposible acceder a una vivienda. Las familias soportan una presión económica cada vez mayor. Los servicios públicos muestran síntomas evidentes de agotamiento. Y demasiadas veces la política parece concentrarse exclusivamente en el control del relato, la propaganda institucional y la confrontación ideológica, en lugar de abordar con seriedad los problemas reales del país. La consecuencia de todo ello es una ciudadanía progresivamente agotada, descreída y resignada. Y ahí reside el verdadero riesgo histórico.
Porque las democracias no mueren únicamente por los abusos del poder. También mueren cuando la sociedad deja de reaccionar ante ellos. Por eso, quedarse en casa este sábado alegando distancia ideológica con los convocantes supone, en cierto modo, aceptar la lógica perversa que nos ha traído hasta aquí. La idea de que cualquier protesta ciudadana pertenece automáticamente a un bloque político concreto. La idea de que exigir limpieza institucional convierte necesariamente a alguien en conservador. La idea de que la corrupción debe tolerarse si quien la protagoniza defiende determinadas causas sociales con las que simpatizamos. Y no. La dignidad pública no pertenece a ningún partido.
Manifestarse contra la corrupción no convierte a nadie en derechas. Igual que defender salarios dignos no convierte automáticamente a nadie en izquierdas. Existen principios básicos que deberían situarse por encima de las siglas, de los liderazgos y de las estrategias electorales. La igualdad ante la ley. La honestidad institucional. La responsabilidad política. El respeto a la verdad. La obligación de rendir cuentas. Eso es lo que debería unir a cualquier ciudadano decente, piense como piense.
Por eso, la Plaza de Colón no debería llenarse únicamente de votantes conservadores. Debería llenarse también de antiguos votantes socialistas decepcionados, de ciudadanos progresistas cansados de justificar lo injustificable y de españoles que simplemente sienten que el país merece algo mejor que este clima permanente de manipulación, enfrentamiento y degradación moral. No se le pide a nadie que renuncie a sus ideales. Se le pide algo mucho más sencillo y más importante: que no entregue su conciencia a ningún partido político. Que siga defendiendo aquello en lo que cree, pero que exija representantes capaces de estar a la altura de esos principios. Porque al final la cuestión no es Pedro Sánchez. Ni siquiera es el PSOE. La cuestión es cuánto estamos dispuestos a tolerar antes de reaccionar.
Y si todavía somos capaces, como sociedad, de recordar que hay líneas rojas que ninguna ideología debería cruzar jamás. Y si repasáis este artículo, veréis que os he dado unas cuantas razones, sin nombrar a zapatero…
