Escuchas tertulias, lees editoriales, y todo parece girar sobre la misma premisa: si no hay causa judicial abierta, no hay nada que reprochar. Ese es el nuevo estándar. El listón moral reducido al perímetro de los tribunales.
La defensa para el retorno del emérito se ha simplificado hasta la caricatura: “no tiene causas pendientes, puede volver”. Como si la discusión pública fuera un trámite procesal. Como si la exigencia ética de una nación pudiera medirse únicamente por la ausencia de imputaciones. Ausencia que han desaparecido ahora. El mismo argumento por el cual Puigdemont no viene a España, hasta que no se cierren las causas judiciales pendientes. Bonito ejemplo el escogido por los feladores reales.
El mantra repetido
La narrativa vuelve siempre al mismo punto:
— Nos trajo la libertad.
— Nos trajo la democracia.
— Nos trajo la Constitución.
— Somos un ejemplo para el mundo.
La historia reciente de España es más compleja que cualquier eslogan. La Constitución de 1978 fue fruto de un consenso político amplio de partidos políticos, y en la mayoría de las veces, contrario a los ciudadanos españoles y de España. Son aquellos que entendieron que la democracia o la libertad era exclusiva de los partidos políticos, que no de los ciudadanos, que desde entonces quedaron secuestrados, fue un consenso de renuncias cruzadas, donde los intereses de España, en muchas ocasiones quedaron al margen, de presión internacional, de un contexto geopolítico concreto y del trabajo de muchos actores —desde fuerzas reformistas del régimen que buscaban un nuevo acomodo, hasta la oposición clandestina formada por terroristas y comunistas— los socialistas simplemente no estaban, hubo que inventarlos. Reducirla a un solo nombre es una simplificación interesada.
23F: entre el símbolo y la discusión histórica
El papel del entonces rey durante el 23F sigue siendo objeto de interpretaciones históricas y debates académicos. Para muchos, su intervención televisiva fue decisiva para desactivar el golpe; otros sostienen que el contexto previo y las relaciones entre estamentos del poder merecen un análisis crítico. Discutir historia no es atacar instituciones; es exigir claridad. Y la claridad no debería asustar a nadie.
Lo que sí erosiona la confianza pública es la sensación de que ciertas preguntas están prohibidas. Cuando la discusión se cierra en falso, el descrédito no desaparece: se desplaza. Negar la participación del emérito en esa intentona golpista, es negar la existencia del sol o la luna. Se sabe la verdad, la conocen sobradamente, pero siguen manteniendo la farsa.
La cuestión fiscal y la imagen exterior
El traslado de residencia a Abu Dabi y las regularizaciones fiscales posteriores abrieron un debate profundo sobre ejemplaridad institucional. No basta con que algo sea formalmente regular; importa el mensaje que transmite. Si una figura histórica clave tributa fuera mientras se apela al sacrificio colectivo dentro, la contradicción es evidente.
En una democracia madura, el debate no puede limitarse a “puede volver porque no está procesado”. La pregunta de fondo es otra: ¿qué relato estamos dispuestos a sostener? ¿Uno que confunde legalidad con ejemplaridad? ¿O uno que entiende que la credibilidad pública exige estándares más altos que los estrictamente penales?
