Hay derrotas mucho más graves: las que se firman en despachos oficiales, con sonrisa diplomática y rueda de prensa posterior hablando de “normalidad”, “cooperación” y “buena vecindad”.
El reciente acuerdo del Gobierno de España con Gibraltar, auspiciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, no es un avance. No es un paso hacia la resolución del contencioso histórico. No es una estrategia de presión diplomática.
Es, sencillamente, una nueva renuncia.
Una más.
Tres siglos de ocupación y de resignación política
Gibraltar fue ocupado por fuerzas anglo-holandesas en 1704 y cedido formalmente bajo el Tratado de Utrecht. Aquella cesión, además de limitada en su alcance territorial, nunca incluyó el istmo ni autorizó el desarrollo colonial ilimitado que después se consolidó.
España jamás ha renunciado jurídicamente a su reivindicación.
Pero los gobiernos españoles sí han renunciado políticamente a ejercerla.
Desde la Transición hasta hoy, hemos pasado de la presión diplomática a la complacencia; de la reclamación firme a la “cooperación transfronteriza”; de la reivindicación nacional al pragmatismo claudicante.
Y en el camino, Gibraltar ha ganado lo que España ha ido perdiendo: influencia, legitimidad internacional y blindaje económico.
El cierre de la verja: el último gesto de soberanía real
Conviene recordar que el momento en que más cerca estuvo España de forzar una negociación seria fue cuando el general Francisco Franco ordenó el cierre de la verja en 1969.
Fue una decisión dura, discutible, impopular para algunos.
Pero fue una decisión de Estado.
A partir de la reapertura —en tiempos socialistas— comenzó una etapa diferente: normalización, tránsito fluido, cooperación comercial y consolidación definitiva del enclave como entidad económica propia.
Desde entonces, ningún gobierno ha tenido voluntad real de plantear el conflicto en términos de soberanía.
Todos han hablado de diálogo.
Nadie ha hablado de recuperación.
El silencio histórico del Estado
No olvidemos la llamada del rey emérito, Juan Carlos I, en los años de la entrada del Reino Unido en la entonces Comunidad Económica Europea. España no pondría impedimentos.
Ahí se selló políticamente algo más que una adhesión europea: se consolidó la resignación española.
Desde entonces, tanto gobiernos del PSOE como del Partido Popular han actuado bajo la misma lógica: no incomodar a Londres, no abrir frentes, no cuestionar el statu quo.
El resultado es que Gibraltar ha sido convertido en un enclave económico privilegiado con el consentimiento tácito de Madrid.
Un paraíso fiscal consentido
No nos engañemos.
Gibraltar funciona de facto como un paraíso fiscal. Un territorio con ventajas regulatorias, fiscales y financieras que generan competencia desleal frente al resto del territorio español.
Y todo ello, con la frontera abierta y miles de trabajadores españoles cruzando diariamente.
El problema no es el trabajador.
El problema es el modelo.
Mientras en España se asfixia al autónomo, se multiplica la presión fiscal y Hacienda persigue al pequeño empresario, a escasos metros funciona un sistema diseñado para atraer capital con opacidad y ventajas tributarias.
¿Dónde está la firmeza del Estado?
¿Dónde está la exigencia de reciprocidad?
¿Dónde está la defensa del interés nacional?
En ninguna parte.
El Brexit y la oportunidad perdida
El Brexit ofrecía una oportunidad histórica. Por primera vez en décadas, Gibraltar quedaba fuera del marco automático de la Unión Europea.
España tenía cartas.
España tenía poder de negociación.
¿El resultado?
