Juan Carlos I vive fuera de España porque quiso marcharse en el verano de 2020, cuando los escándalos financieros, las revelaciones sobre su fortuna en el extranjero y el deterioro público de su figura hicieron imposible su continuidad moral junto a la institución que encarnó durante casi cuatro décadas.
Puede volver cuando quiera. Si no vuelve, no es por España. Es por su historia. Y por su propia familia.
El verano de 2020: cuando la Corona se convirtió en una carga
El punto de inflexión llegó en pleno verano de 2020. Las informaciones sobre cuentas en Suiza, después fundaciones opacas como Lucum o Zagatka, transferencias millonarias y regularizaciones fiscales forzadas situaron al Rey emérito en el centro de un terremoto político e institucional.
La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las investigaciones por razones jurídicas: inviolabilidad durante su mandato, prescripción de delitos o regularizaciones previas. Legalmente cerrado. Políticamente devastador.
La salida hacia Abu Dabi no fue una expulsión. Fue una retirada estratégica. Una forma de evitar que el desgaste arrastrara definitivamente a la Corona.
Inviolabilidad: blindaje constitucional, no absolución moral
La Constitución de 1978 consagró la inviolabilidad del Rey mientras ejercía el cargo. Aquel blindaje fue parte del pacto fundacional del nuevo sistema político tras la muerte de Franco. Pero ese mismo blindaje impidió durante décadas la investigación judicial plena de determinadas actuaciones.
No fue ilegal. Fue constitucional.
Pero lo constitucional no siempre es ejemplar.
Muchos procedimientos quedaron jurídicamente limitados por ese diseño institucional. Y aunque las causas fueran archivadas, la sombra permaneció.
Comisiones, petróleo y relaciones incómodas
Durante años circularon informaciones sobre supuestas comisiones vinculadas a contratos energéticos y adjudicaciones internacionales. Las relaciones con monarquías del Golfo, los viajes opacos y los intermediarios empresariales formaron parte de un entorno que nada tenía que ver con la austeridad institucional que se le presume a un jefe del Estado.
Al mismo tiempo, su vida personal empezó a devorar su papel público. Relaciones extramatrimoniales de notoriedad pública —Corinna Larsen, Bárbara Rey y otras figuras que fueron emergiendo—, escándalos mediáticos y episodios simbólicos como la cacería en Botsuana en plena crisis económica terminaron por erosionar su autoridad moral.
No fue la izquierda quien destruyó su imagen. Fue su propia conducta.
1975 y el Sáhara: la herida originaria
Cuando en noviembre de 1975 asumió la Jefatura del Estado, uno de los primeros grandes episodios fue la salida española del Sáhara Occidental tras la Marcha Verde. Aquella decisión sigue siendo discutida por historiadores y analistas políticos.
Para muchos, supuso una cesión precipitada que dejó una herida abierta en la política exterior española.
