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DEL PRESUPUESTO DE LA PROPAGANDA AL ESTADO CONTRA SUS PROPIOS INVESTIGADORES

DEL PRESUPUESTO DE LA PROPAGANDA AL ESTADO CONTRA SUS PROPIOS INVESTIGADORES
porJavier Garcia Isac
opinion

Cuando las cloacas apuntan hacia arriba

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Mientras Pedro Sánchez intenta cambiar el foco del debate hablando de unos hipotéticos Presupuestos para 2027, la realidad vuelve a golpear con fuerza al Gobierno y al PSOE. No estamos ante una polémica menor, ni ante una simple batalla partidista. Lo que hemos conocido en los últimos días a raíz del levantamiento parcial del secreto de sumario acordado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dibuja un escenario de una gravedad extraordinaria para cualquier democracia digna de tal nombre.

Según la documentación incorporada a la causa, la UCO ha constatado la existencia de al menos tres reuniones entre Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en las que se habría abordado la posibilidad de impulsar actuaciones internas contra la propia Unidad Central Operativa, precisamente la unidad encargada de investigar algunos de los casos más delicados que afectan al entorno del PSOE y del Gobierno.

La pregunta es tan sencilla como devastadora: ¿cómo es posible que la máxima responsable política de la Guardia Civil continúe en su puesto después de que hayan aparecido estos datos en un procedimiento judicial?

Durante meses se nos dijo que Leire Díez actuaba por libre. Después se nos aseguró que no representaba al PSOE. Más tarde se intentó convencer a la opinión pública de que todo era una especie de investigación periodística. Sin embargo, cada nuevo documento conocido desmonta una tras otra las versiones oficiales.

Lo que emerge de la investigación es la existencia de una red de contactos, reuniones, llamadas y actuaciones dirigidas, presuntamente, a desacreditar a agentes, fiscales y responsables de investigaciones especialmente sensibles para el Gobierno y para el Partido Socialista.

No hablamos de rumores ni de filtraciones interesadas. Hablamos de un procedimiento judicial dirigido por un magistrado de la Audiencia Nacional y sustentado en informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. 

El PSOE atrapado por sus propias mentiras 

La principal estrategia del sanchismo durante años ha consistido en negar la realidad hasta que la realidad resulta imposible de ocultar.

Ocurrió con José Luis Ábalos.

Ocurrió con Koldo García.

Ocurrió con Santos Cerdán.

Ocurrió con Víctor de Aldama.

Y vuelve a ocurrir ahora con Leire Díez.

La tesis oficial consistía en presentar a Leire Díez como una militante sin relevancia política. Sin embargo, la investigación judicial describe numerosas reuniones en Ferraz y sitúa a Santos Cerdán en una posición central dentro de la estructura investigada.

Cada vez que aparece una nueva prueba, la respuesta del Gobierno es exactamente la misma: negar, desacreditar a quien investiga y ganar tiempo.

Pero llega un momento en que las explicaciones dejan de ser creíbles.

Porque cuando una persona supuestamente sin responsabilidades orgánicas mantiene contactos con responsables institucionales, participa en reuniones relacionadas con investigaciones sensibles y aparece vinculada a operaciones destinadas a cuestionar el trabajo de la UCO, resulta legítimo preguntarse quién daba las instrucciones y para quién se trabajaba.

La UCO en el punto de mira

Quizá el aspecto más preocupante de todo este asunto sea el intento de erosionar la credibilidad de la Guardia Civil.

Según diferentes informaciones incorporadas al procedimiento, una de las líneas de actuación investigadas consistía precisamente en sembrar sospechas sobre la UCO, recopilar información sobre determinados mandos e impulsar actuaciones que pudieran comprometer o neutralizar a los investigadores.

En cualquier Estado de Derecho la función de la policía judicial es investigar.

No proteger gobiernos.

No proteger partidos.

No proteger dirigentes políticos.

Investigar.

Por eso resulta especialmente alarmante que quienes deberían respaldar a los agentes encargados de perseguir la corrupción aparezcan ahora vinculados a actuaciones dirigidas contra esos mismos investigadores.

La democracia se resiente cuando el poder político utiliza las instituciones para defenderse de las investigaciones.

Pero se acerca a una situación crítica cuando intenta convertir a las instituciones en instrumentos contra quienes investigan.

Todos los caminos conducen al núcleo del poder

El problema para Sánchez es que cada nueva revelación acerca más la investigación al corazón político del sistema construido durante estos años.

La UCO sostiene que determinadas actuaciones buscaban proteger intereses vinculados al presidente del Gobierno y a su entorno político.

Eso no significa que existan responsabilidades penales acreditadas para todas las personas mencionadas. Esa es una cuestión que corresponde exclusivamente a los tribunales.

Pero políticamente las responsabilidades son evidentes.

Porque resulta imposible creer que una operación de esta magnitud pudiera desarrollarse sin conocimiento de quienes controlaban la estructura del partido.

Resulta imposible creer que tantas reuniones, tantos contactos y tantas maniobras fueran obra de simples iniciativas individuales.

Y resulta imposible seguir aceptando la ficción de que nadie sabía nada.

El humo de los presupuestos

Por eso el anuncio permanente de nuevos presupuestos, nuevas medidas sociales o nuevos debates políticos parece responder más a una estrategia de distracción que a una verdadera agenda de gobierno.

España vive una situación institucional sin precedentes.

Los tribunales investigan a personas del entorno presidencial.

La UCO registra sedes vinculadas al PSOE.

Altos cargos aparecen mencionados en procedimientos judiciales.

Y la directora general de la Guardia Civil sigue en su puesto pese a que los informes judiciales revelan contactos que contradicen las versiones oficiales conocidas hasta ahora.

Mientras tanto, desde La Moncloa se insiste en hablar de presupuestos futuros.

Como si el problema fuera económico.

Como si la cuestión fuera contable.

Como si España no estuviera asistiendo a una profunda crisis de confianza en sus instituciones.

La hora de las responsabilidades 

La situación ha alcanzado un punto en el que ya no bastan las explicaciones ambiguas ni las comparecencias calculadas.

La democracia exige responsabilidades.

Responsabilidades políticas.

Responsabilidades administrativas.

Y, responsabilidades judiciales.

Lo que está en juego no es el futuro de Pedro Sánchez ni el futuro del PSOE.

Lo que está en juego es algo mucho más importante: la confianza de los españoles en que las instituciones actúan al servicio de la ley y no al servicio de quienes ocupan temporalmente el poder. Si todo esto fuera poco, también hemos conocido que Pepe Bono, el de la fortuna incalculable, advirtió a José Luis Ábalos que el teléfono de Koldo estaba intervenido. ¿Quién se lo dijo? ¿Como lo sabía Bono? Todo en el PSOE huele excesivamente mal.

Cada día que pasa sin dimisiones, sin ceses y sin explicaciones convincentes aumenta la sensación de que el problema no es una persona concreta ni una actuación aislada.

El problema es un sistema que ha confundido partido, Gobierno e instituciones.

Y cuando eso ocurre, la democracia, y lo que es peor, España, entran en zona de peligro.

Porque los gobiernos pasan.

Los partidos cambian.

Pero si se destruye la confianza en las instituciones, el daño permanece durante generaciones.


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