El cientificismo padece la misma patología que el progresismo: la intolerancia a la duda. Quien osa formular una pregunta fuera del guion oficial no es alguien que ejerce su libre albedrío o su capacidad crítica; es un hereje, un peligro público, un desterrado del club de los bienpensantes. Comparamos la fe en Dios a la fe ciega en los comités de expertos, y el agua bendita al contenido de un vial, sin que se nos permita leer la letra pequeña del contrato.
La semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a Inmaculada Fernández Díaz, autora de un texto tan incómodo como meticulosamente referenciado: El libro negro de las vacunas. No estamos ante una proclama esotérica ni ante el delirio de una iluminada, sino ante un desglose detallado que nos invita a detenernos y hacernos la gran pregunta: ¿sabemos realmente lo que estamos introduciendo en el torrente sanguíneo de nuestros hijos?
La reacción inmediata de la sociedad ante cualquiera que exprese un mínimo celo protector sobre su propia familia es el escarnio. No es un acto de rebeldía; es el ejercicio legítimo del derecho a la patria potestad y a la legítima defensa frente a un Estado que nos prefiere sumisos y desinformados.
España, la vacunación es un acto formalmente voluntario. Nuestro ordenamiento jurídico, a través de la Ley General de Sanidad, no impone por sistema la vacunación forzosa, reservando esa excepcionalidad para escenarios de alarma sanitaria o epidemias declaradas judicialmente. Pero, ¿existe verdadera libertad donde no hay información transparente? El consentimiento informado se ha convertido en un trámite burocrático, una firma rápida en una tablet antes de que la aguja haga su trabajo.
¿Cuántos de vosotros os habéis sentado a leer el prospecto completo de una vacuna antes de permitir que pinchen a vuestros hijos? Y ¿cuántos de los profesionales de la salud que sostienen la jeringuilla conocen al detalle los coadyuvantes, los procesos de cultivo y los residuos químicos presentes en ese líquido? La respuesta, es que la inmensa mayoría de los sanitarios se limitan a seguir el protocolo dictado por el Ministerio de sanidad y la sociedad española de Pediatría, que a su vez replica las directrices de organismos superiores cuya financiación, plantea más interrogantes de los que resuelve. El médico medio no analiza el compuesto; confía. Y la confianza ciega es un lujo que la salud de nuestros seres queridos no debería permitirse.
Cada vez que alguien intenta relacionar estos fenómenos con factores ambientales, farmacológicos o inmunológicos aparece inmediatamente una maquinaria propagandística para ridiculizar cualquier duda. Da igual que existan estudios contradictorios, debates científicos abiertos o incertidumbres reconocidas por especialistas. El ciudadano debe limitarse a obedecer y callar. No se nos permite siquiera formular preguntas razonables.
¿Puede un sistema inmunitario infantil soportar sin consecuencias un calendario vacunal cada vez más extenso?
¿Existen estudios verdaderamente independientes a largo plazo sobre combinaciones múltiples?
¿Hasta qué punto las agencias reguladoras son completamente ajenas a los intereses económicos de las farmacéuticas?
¿Por qué se criminaliza tanto la discrepancia en lugar de responderla con transparencia absoluta?
Son preguntas legítimas. Y el hecho de que incomoden no las convierte en ilegítimas.
El texto de Inmaculada pone el dedo en una llaga que provoca sarpullidos en las farmacéuticas. Nos habla de la presencia de aluminio y mercurio, utilizado históricamente como conservante, metales pesados cuya neurotoxicidad está sobradamente documentada en la literatura científica cuando superan ciertos umbrales de acumulación en el organismo. Se nos asegura, que las cantidades son inocuas, insignificantes, incapaces de romper la barrera hematoencefálica. Pero nadie parece querer calcular el efecto acumulativo de un calendario vacunal infantil que se ha multiplicado exponencialmente en las últimas décadas. ¿Dónde está el límite de absorción de un recién nacido?
Aún más sobrecogedor resulta el capítulo dedicado a las líneas celulares utilizadas para la replicación de los virus en el proceso de fabricación. Hablamos de material genético derivado de tejidos de fetos abortados en la década de los años sesenta y setenta, las cepas WI-38 o MRC-5. Oficialmente se habla de este hecho como un mero estándar histórico de laboratorio. Sin embargo, para cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad ética, saber que el diseño de determinados medicamentos está indisolublemente ligado a la interrupción deliberada de una vida humana es, como poco, un motivo de perturbación. ¿Por qué se oculta este dato con tanto celo en los folletos divulgativos de las campañas públicas? Si es tan natural y tan científico, ¿por qué no se expone en los carteles de los centros de salud?
La relación entre la estimulación masiva del sistema inmunitario a edades tempranas y el repunte de enfermedades autoinmunes es otra de las asignaturas pendientes de debate. No se trata de negar la utilidad que tuvieron ciertos hallazgos frente a plagas devastadoras; se trata de evaluar la seguridad actual de un mercado hipertrofiado. Cuando el organismo es sometido a un bombardeo de antígenos combinados con adyuvantes diseñados precisamente para provocar una respuesta inflamatoria agresiva, el riesgo de que el propio cuerpo pierda la brújula y comience a atacarse a sí mismo deja de ser una hipótesis conspiranoica para convertirse en una sospecha clínica. Los casos de alergias severas, como las que tengo yo, trastornos de la atención y disfunciones del neurodesarrollo, incluyendo las persistentes dudas sobre el espectro autista y su vinculación con la toxicidad ambiental o farmacológica, no dejan de crecer. Y la única respuesta que recibimos de la ortodoxia es el silencio o el etiquetado despectivo.
El progreso, nos exige que abdiquemos de nuestras facultades de discernimiento. Se nos dice que la ciencia ha hablado y que la discusión ha terminado. Pero la verdadera ciencia es, por definición, la antítesis del dogma; es la búsqueda constante, el ensayo, el error y la revisión permanente. Cuando la ciencia prohíbe la disidencia y criminaliza la pregunta, deja de ser ciencia para convertirse en religión.
No pretendo desde estas líneas sentar una cátedra médica que no me corresponde, pero sí reivindicar el derecho a la cautela. Si el Estado me concede la libertad legal de decidir sobre el cuerpo de mis hijos, es mi obligación moral ejercer esa libertad con el mayor grado de rigor posible. La lectura de El libro negro de las vacunas no debería tomarse como un acto clandestino, sino una invitación general a que los padres recuperen el control que delegaron alegremente en manos de una tecnocracia sanitaria que, con frecuencia, confunde el bien común con los objetivos de facturación de las multinacionales del sector.
Antes de volver a estirar el brazo de un niño frente a una aguja, leamos el prospecto. Preguntemos por los componentes, por los estudios de seguridad a largo plazo independientes de la industria que los vende, y por las alternativas. Una sociedad libre se mide por su capacidad para tolerar y responder a las preguntas incómodas, no por la eficacia con la que amordaza a quienes se niegan a comulgar con ruedas de molino. Yo, por lo pronto, he echado el freno de mano en casa. Les invito a que, al menos, enciendan las luces de emergencia y lean.
La industria farmacéutica no es una ONG. Nunca lo ha sido.
