Nacionalidades a la carta y votos de importación: la nueva ingeniería electoral del sanchismo

Mientras millones de españoles sufren una presión fiscal insoportable, una vivienda inaccesible, una inmigración ilegal descontrolada y una creciente inseguridad jurídica, el Gobierno de Pedro Sánchez parece tener otras prioridades. Entre ellas, ampliar de forma masiva el censo electoral mediante regularizaciones y la concesión acelerada de nacionalidades. No se trata únicamente de una cuestión administrativa o sentimental. Estamos ante una decisión política de enorme trascendencia que afecta directamente al futuro de la nación y a la propia legitimidad democrática del sistema.

La democracia descansa sobre un principio elemental: quienes deciden el rumbo de una nación deben formar parte de ella, compartir su destino y asumir las consecuencias de las decisiones políticas que adopten mediante su voto.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez parece decidido a alterar ese principio básico.

Durante años hemos asistido a una política de regularizaciones masivas, apertura de fronteras y concesión acelerada de nacionalidades. Ahora, además, observamos cómo desde la izquierda se impulsa la ampliación del acceso a la nacionalidad española para millones de descendientes de españoles residentes en el extranjero al amparo de las llamadas leyes de memoria histórica y memoria democrática.

El argumento oficial apela a una supuesta reparación histórica. La realidad política merece, como mínimo, un debate mucho más profundo.

España tiene repartidos por el mundo millones de descendientes de españoles. Muchos conservan un legítimo vínculo sentimental con la tierra de sus padres o abuelos. Nadie puede negar ese afecto ni el derecho a mantener la memoria familiar. Pero una cosa es respetar ese vínculo y otra muy distinta convertir automáticamente esa relación sentimental en un instrumento con consecuencias políticas directas sobre el futuro de España.

La pregunta es sencilla: ¿debe decidir quién gobierna España una persona que jamás ha vivido en nuestro país, que no paga impuestos aquí, que no utiliza nuestros servicios públicos, que no sufre nuestras leyes, que no soporta las consecuencias de las políticas energéticas, fiscales o migratorias y que, en muchos casos, ni siquiera tiene intención de residir algún día en territorio nacional?

Es una cuestión de sentido común.

Quien vota decide sobre la educación de nuestros hijos, sobre nuestras fronteras, sobre nuestra seguridad, sobre nuestros impuestos y sobre nuestro futuro colectivo. El voto no es un mero trámite burocrático. Es el instrumento más poderoso de una democracia.

Por eso resulta preocupante que la nacionalidad se convierta progresivamente en una herramienta política al servicio de intereses partidistas.

España no puede convertirse en una fábrica de pasaportes repartidos por todo el mundo sin valorar las consecuencias que ello tiene sobre el cuerpo electoral. La nacionalidad implica derechos, pero también deberes, vínculos reales y responsabilidades concretas con la comunidad nacional.

Lo inquietante es que estas iniciativas se producen precisamente en un momento en que el Gobierno atraviesa enormes dificultades políticas. La pérdida de apoyo social, los escándalos de corrupción que cercan al entorno del PSOE y la creciente desafección ciudadana coinciden con propuestas que amplían de manera significativa el número potencial de electores vinculados administrativamente a España.

Es legítimo preguntarse si detrás de estas decisiones existe únicamente una motivación histórica o si también concurren cálculos electorales.

Porque la percepción que tienen muchos españoles es clara: mientras se exige cada vez más sacrificios a quienes viven, trabajan y pagan impuestos en España, se facilita el acceso a derechos políticos a personas que no compartirán las consecuencias de esas mismas decisiones.

La izquierda lleva décadas hablando de participación democrática. Sin embargo, parece olvidar que la democracia no consiste únicamente en sumar votos. También exige preservar la relación entre representación y responsabilidad.

No es razonable que alguien que jamás sufrirá las consecuencias de una ley pueda influir decisivamente en su aprobación. No es razonable que quien no forma parte efectiva de la comunidad nacional determine el rumbo político de quienes sí viven diariamente bajo las decisiones del Gobierno.

España necesita reforzar sus instituciones, no manipular los equilibrios demográficos del censo. Necesita recuperar la confianza de sus ciudadanos, no buscar nuevos electores allí donde resulte más rentable electoralmente.

La nacionalidad española debe ser un vínculo real con España. Un compromiso efectivo con nuestra historia, nuestra cultura, nuestras leyes y nuestro futuro común. No puede convertirse en una simple herramienta estadística ni en una estrategia política para alterar artificialmente las reglas del juego democrático.

Porque cuando los gobiernos empiezan a preocuparse más por ampliar el número de votantes potenciales que por convencer a los votantes reales, la democracia deja de fortalecerse y comienza a deteriorarse.

Y eso debería preocuparnos a todos, independientemente de cuál sea nuestra ideología.