Hay momentos en la historia de las naciones en los que los ciudadanos tienen la obligación moral de preguntarse hacia dónde se dirige su país. No basta con observar los acontecimientos de forma aislada. Es necesario unir las piezas del puzle. Y cuando se unen todas las piezas que hoy tenemos delante, el resultado es profundamente inquietante.
Las reflexiones expuestas por la periodista Isabel Durán sobre los mecanismos de identificación digital y los riesgos asociados a determinados cambios impulsados por el Gobierno no deberían despacharse con insultos, campañas de descrédito o ataques personales. Precisamente cuando una información genera dudas razonables, la obligación de un gobierno democrático es responder con transparencia y permitir el debate público. Sin embargo, la reacción de Moncloa y de sus terminales mediáticas ha sido exactamente la contraria: desacreditar al mensajero antes que responder a las preguntas.
Lo verdaderamente preocupante no es un asunto concreto. Lo preocupante es el patrón.
Porque cuando observamos los últimos años del sanchismo comprobamos que existe una constante: el control del relato, la ocupación de las instituciones y la eliminación progresiva de cualquier contrapoder.
La colonización del Estado
Pedro Sánchez llegó al poder prometiendo regeneración democrática. Ocho años después, España se encuentra inmersa en una crisis institucional sin precedentes desde la Transición.
El Gobierno ha convertido organismos que deberían ser neutrales en instrumentos políticos. RTVE, el CIS, la Fiscalía General del Estado, organismos reguladores y numerosas estructuras públicas han sido objeto de una colonización sistemática cuyo objetivo parece evidente: asegurar que el relato oficial prevalezca sobre cualquier versión alternativa.
Cuando un periodista investiga, se le señala.
Cuando un juez investiga, se le desacredita.
Cuando la Guardia Civil investiga, se intenta cuestionar su trabajo.
Cuando un medio publica información incómoda, se le acusa de difundir bulos.
No estamos ante hechos aislados. Estamos ante una metodología.
Y eso es lo que hace que las advertencias resulten especialmente graves.
El peligro de la identificación digital sin garantías
La polémica planteada por Isabel Durán gira en torno a la necesidad de que cualquier sistema digital de identificación mantenga mecanismos robustos de verificación y autenticación. Según las informaciones publicadas, la controversia surgió por la eliminación de determinados procesos de validación en tiempo real para la identificación mediante aplicaciones digitales en procesos electorales, algo que generó un intenso debate público.
La cuestión fundamental no es si ha existido fraude.
La cuestión es si pueden existir vulnerabilidades.
En una democracia madura, señalar una posible vulnerabilidad debería ser considerado un ejercicio de responsabilidad.
Sin embargo, en la España de Sánchez, quien señala un problema se convierte automáticamente en enemigo del régimen.
Y ahí reside el verdadero peligro.
Porque una democracia no muere necesariamente el día que se produce una irregularidad.
Muere cuando ya no se permite preguntar si esa irregularidad es posible.
El proyecto del sanchismo
Muchos españoles siguen pensando que todo esto son episodios inconexos.
No lo son.
La amnistía a quienes intentaron destruir España.
