Hay semanas en las que uno desearía ser analfabeto para no tener que entender la catarata de inmundicia que nos entregan las instituciones del Estado. Pero como no tengo esa suerte, y como el silencio es la alfombra roja por la que desfila la tiranía, toca afilar la pluma. Lo que estamos sufriendo esta semana no es política; es sadismo institucional. Tenemos a un Gobierno que ha decidido que la ley es un chicle, la ética un estorbo y el ciudadano un imbécil al que se le puede escupir a la cara mientras se le dice que es rocío mañanero. (esto último ya lo había dicho en otro artículo, pero me encanta y lo repito por gráfico)
Hay que tener el alma de amianto para no sentir arcadas al ver a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz frente al Congreso. Familias, rotas por la pérdida y por la negligencia. No pedían dinero, que también les correspondería si este país fuera serio, pedían dignidad. Y se han encontrado con que las pruebas que señalan directamente a Óscar Puente se han esfumado. Sí, así mismo, las pruebas en causas que incomodan al Gobierno de Sánchez, tienen la mala costumbre de evaporarse, como si el propio ministerio fuera un misterioso agujero negro de responsabilidad penal.
Óscar Puente, el personaje que maneja la prosa de un matón de discoteca de mala muerte, ahora calla. El hombre que tiene un insulto preparado para cada comunicador que no le ríe las gracias, se envuelve en una mudez cobarde cuando las víctimas denuncian que se están ocultando los fallos estructurales que costaron vidas. Es la marca de la casa: si la realidad te señala, borra la realidad. Es una humillación en toda regla a quienes solo buscan justicia. Pero claro, pedirle justicia a un tipo que confunde el servicio público con el matonismo digital es como pedirle a un lobo que vigile a las ovejas.
Mientras las pruebas de Adamuz desaparecen en los cajones de Fomento, en el edificio de la Fiscalía se trabaja a destajo para proteger el honor inexistente de la presidenta consorte, aunque yo prefiero llamarla primera dama. Que, aunque no exista esa figura en España, ella se la ha tomado de primera mano.
Lo de Begoña Gómez ya no es un caso judicial; es un manual de cómo demoler la separación de poderes en tres cómodos pasos.
Ayer, la Fiscalía, la que Pedro Sánchez nos recordó con una sonrisa cínica que depende de él, ha salido sin ocultarse, a pedir que se suspenda el procedimiento. No quieren que se investigue, no quieren que se aclare, quieren el carpetazo porque sí, porque lo dice la PSOE. Rotundamente asqueroso ver cómo el Ministerio Fiscal, que debería ser el garante de la legalidad, se transforma en el equipo de relaciones públicas de la Moncloa. Si usted, querido lector, se viera envuelto en una trama de tráfico de influencias, prepárese para el calvario. Pero si usted duerme en el colchón presidencial, no se preocupe: tendrá a un ejército de fiscales de carrera haciendo horas extra para explicarle al juez que todo es un malentendido de la extrema derecha.
Es una obscenidad. Se ríen de nosotros con elegancia burocrática. Nos están diciendo que hay dos códigos penales: uno para los súbditos que pagamos el IVA y otro para la casta que habita el palacio. Y lo hacen sin pestañear, creyéndose los dueños de la finca.
