Hay ocasiones en las que uno no suele coincidir con Antonio García Ferreras. No comparto muchas de sus posiciones políticas, ni su visión de España, ni gran parte de la línea editorial que ha mantenido durante años. Pero la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero. Y en esta ocasión Ferreras tiene razón.
Porque cuando un ministro del Gobierno de España, como Óscar Puente, afirma o insinúa que existe una operación antidemocrática para derribar al Ejecutivo, está cruzando una línea extremadamente peligrosa. No estamos hablando de una discusión política cualquiera. No estamos hablando de una crítica parlamentaria. Estamos hablando de cuestionar la legitimidad de jueces, fiscales, investigadores y medios de comunicación cuando investigan presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE.
Ferreras lo resumió de forma contundente: si lo que dice Óscar Puente es verdad, estaríamos ante un hecho gravísimo, ante una especie de golpe de Estado blando que exigiría la actuación inmediata del Gobierno y la dimisión de quienes no fueran capaces de impedirlo. Y si es mentira, entonces estaríamos ante una irresponsabilidad monumental por parte de un ministro de la Nación.
Exactamente ahí está la cuestión.
Porque no se puede jugar con palabras como "golpe de Estado" a conveniencia.
No se puede convertir en golpistas a los jueces cuando investigan.
No se puede convertir en conspiradores a los fiscales cuando actúan.
No se puede convertir en enemigos del Estado a los guardias civiles cuando elaboran informes.
No se puede convertir en delincuentes a los periodistas cuando publican informaciones incómodas.
Y, sin embargo, eso es exactamente lo que llevamos meses viendo.
El verdadero problema
Lo verdaderamente inquietante no son las declaraciones de un ministro especialmente impulsivo como Óscar Puente.
Lo preocupante es que esas declaraciones forman parte de una estrategia política perfectamente reconocible.
Cuando aparecen investigaciones judiciales, se desacredita al juez.
Cuando aparecen informes policiales, se desacredita a la Guardia Civil.
Cuando aparecen filtraciones comprometedoras, se desacredita a los periodistas.
Cuando aparecen testigos incómodos, se cuestiona su credibilidad.
Cuando aparecen autos judiciales, se habla de lawfare.
Cuando aparecen pruebas, se denuncia una conspiración.
Y cuando todo eso ocurre al mismo tiempo, el PSOE intenta presentarse como víctima.
Las recientes críticas del Gobierno a jueces que investigan causas relacionadas con el entorno socialista han provocado incluso una respuesta institucional del Consejo General del Poder Judicial, que expresó por unanimidad su preocupación por el cuestionamiento de la independencia judicial.
No es la oposición quien lo dice.
No son únicamente los medios críticos.
Es el propio órgano de gobierno de los jueces quien ha advertido del deterioro institucional que supone señalar constantemente a quienes ejercen funciones jurisdiccionales.
¿Quién está cuestionando realmente el Estado de Derecho?
Óscar Puente habla de métodos antidemocráticos.
Pero conviene hacerse una pregunta muy sencilla:
¿Quién está cuestionando a los jueces?
¿Quién está cuestionando a la Guardia Civil?
¿Quién está cuestionando a los fiscales?
¿Quién está cuestionando a los periodistas?
¿Quién habla constantemente de conspiraciones cuando aparecen investigaciones que afectan a su entorno político?
