Cuando el PSOE se presenta como víctima mientras se cuestiona a jueces, fiscales, periodistas y guardias civiles
Hay ocasiones en las que uno no suele coincidir con Antonio García Ferreras. No comparto muchas de sus posiciones políticas, ni su visión de España, ni gran parte de la línea editorial que ha mantenido durante años. Pero la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero. Y en esta ocasión Ferreras tiene razón.
Porque cuando un ministro del Gobierno de España, como Óscar Puente, afirma o insinúa que existe una operación antidemocrática para derribar al Ejecutivo, está cruzando una línea extremadamente peligrosa. No estamos hablando de una discusión política cualquiera. No estamos hablando de una crítica parlamentaria. Estamos hablando de cuestionar la legitimidad de jueces, fiscales, investigadores y medios de comunicación cuando investigan presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE.
Ferreras lo resumió de forma contundente: si lo que dice Óscar Puente es verdad, estaríamos ante un hecho gravísimo, ante una especie de golpe de Estado blando que exigiría la actuación inmediata del Gobierno y la dimisión de quienes no fueran capaces de impedirlo. Y si es mentira, entonces estaríamos ante una irresponsabilidad monumental por parte de un ministro de la Nación.
Exactamente ahí está la cuestión.
Porque no se puede jugar con palabras como "golpe de Estado" a conveniencia.
No se puede convertir en golpistas a los jueces cuando investigan.
No se puede convertir en conspiradores a los fiscales cuando actúan.
No se puede convertir en enemigos del Estado a los guardias civiles cuando elaboran informes.
No se puede convertir en delincuentes a los periodistas cuando publican informaciones incómodas.
Y, sin embargo, eso es exactamente lo que llevamos meses viendo.
El verdadero problema
Lo verdaderamente inquietante no son las declaraciones de un ministro especialmente impulsivo como Óscar Puente.
Lo preocupante es que esas declaraciones forman parte de una estrategia política perfectamente reconocible.
Cuando aparecen investigaciones judiciales, se desacredita al juez.
Cuando aparecen informes policiales, se desacredita a la Guardia Civil.
Cuando aparecen filtraciones comprometedoras, se desacredita a los periodistas.
Cuando aparecen testigos incómodos, se cuestiona su credibilidad.
Cuando aparecen autos judiciales, se habla de lawfare.
Cuando aparecen pruebas, se denuncia una conspiración.
Y cuando todo eso ocurre al mismo tiempo, el PSOE intenta presentarse como víctima.
Las recientes críticas del Gobierno a jueces que investigan causas relacionadas con el entorno socialista han provocado incluso una respuesta institucional del Consejo General del Poder Judicial, que expresó por unanimidad su preocupación por el cuestionamiento de la independencia judicial.
No es la oposición quien lo dice.
No son únicamente los medios críticos.
Es el propio órgano de gobierno de los jueces quien ha advertido del deterioro institucional que supone señalar constantemente a quienes ejercen funciones jurisdiccionales.
¿Quién está cuestionando realmente el Estado de Derecho?
Óscar Puente habla de métodos antidemocráticos.
Pero conviene hacerse una pregunta muy sencilla:
¿Quién está cuestionando a los jueces?
¿Quién está cuestionando a la Guardia Civil?
¿Quién está cuestionando a los fiscales?
¿Quién está cuestionando a los periodistas?
¿Quién habla constantemente de conspiraciones cuando aparecen investigaciones que afectan a su entorno político?
Porque si algo caracteriza a una democracia liberal es precisamente la separación de poderes.
Y cuando desde el poder ejecutivo se desacredita sistemáticamente a quienes ejercen funciones de control, se está atacando uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
La democracia no consiste en votar cada cuatro años y obtener inmunidad.
La democracia consiste en que los gobernantes también puedan ser investigados.
Especialmente cuando existen sospechas de corrupción.
Un cóctel explosivo
A todo ello hay que añadir otro elemento especialmente preocupante.
Mientras se desarrolla esta ofensiva política contra jueces, fiscales, agentes de la Guardia Civil y periodistas, el Gobierno impulsa políticas de regularización masiva de inmigrantes que podrían alterar de manera significativa el censo electoral futuro.
Es legítimo debatir sobre inmigración.
Es legítimo debatir sobre nacionalidad.
Es legítimo debatir sobre integración.
Lo que no es legítimo es que cualquier crítica a estas políticas sea automáticamente tachada de extremista mientras se construye un relato victimista según el cual toda investigación sobre el PSOE sería una conspiración.
La combinación de ambas estrategias resulta explosiva:
Por un lado, se intenta desacreditar a quienes investigan.
Por otro, se consolidan mecanismos políticos destinados a ampliar las bases electorales del poder.
Y todo ello acompañado de un discurso según el cual cualquier oposición política, mediática o judicial forma parte de una gran conspiración.
Eso no fortalece la democracia.
Eso la debilita.
La irresponsabilidad de Óscar Puente
Óscar Puente debería ser consciente de la gravedad de sus palabras.
Un ministro no puede hablar a la ligera de golpes de Estado.
Un ministro no puede sugerir que jueces y fuerzas de seguridad participan en operaciones antidemocráticas sin aportar pruebas concluyentes.
Un ministro no puede erosionar la confianza en las instituciones cada vez que una investigación afecta a su partido.
Porque si todo es una conspiración, entonces nada es una democracia.
Y si todo juez incómodo es un golpista, si todo fiscal independiente es un conspirador, si todo guardia civil que investiga es un enemigo político y si todo periodista crítico es un mercenario, entonces el problema no está en las instituciones.
El problema está en quien pretende situarse por encima de ellas.
Ferreras lo dijo con claridad: las palabras de Óscar Puente son de una gravedad descomunal.
Y lo son porque banalizan algo tan serio como un golpe de Estado.
Pero también porque revelan una peligrosa deriva: la de un poder político que parece incapaz de aceptar que en una democracia los gobernantes también pueden ser investigados, fiscalizados y sometidos al control de la ley.
Y cuando eso ocurre, la amenaza para la democracia no viene de los jueces.
No viene de la Guardia Civil.
No viene de los periodistas.
Viene de quienes pretenden convertir cualquier investigación sobre el poder en una agresión contra el propio Estado.
