Hay momentos en los que una democracia demuestra su fortaleza. Y hay momentos en los que deja al descubierto todas sus miserias. Escuchar a un ministro del Gobierno de España, como Óscar López, insinuar o afirmar que determinados magistrados del Tribunal Supremo prevarican constituye uno de esos momentos que deberían encender todas las alarmas de cualquier ciudadano que crea en la separación de poderes.
No estamos hablando de una tertulia de bar. No estamos hablando de una conversación privada. Estamos hablando de un miembro del Consejo de Ministros. De una persona que forma parte del poder ejecutivo y que, por tanto, tiene la obligación institucional de respetar la independencia judicial, incluso cuando las resoluciones de los tribunales no le gustan.
Naturalmente, ningún juez está por encima de la ley. Como tampoco lo está ningún fiscal, ningún policía, ningún periodista o ningún político. Si un juez prevarica debe responder ante la Justicia. Para eso existen mecanismos legales y disciplinarios. Lo que resulta insoportable es que quienes forman parte de un Gobierno cercado por investigaciones judiciales pretendan desacreditar a los jueces cada vez que una resolución no coincide con sus intereses políticos.
Porque si hablamos de prevaricación, conviene recordar algo que parece olvidarse con demasiada frecuencia. En España sí hemos visto jueces y fiscales sancionados, apartados o expulsados de sus funciones por actuaciones incompatibles con el ejercicio de la Justicia. Y resulta especialmente llamativo que algunos de ellos sean elevados a la categoría de referentes morales por determinados medios de comunicación y por sectores políticos muy concretos.
La escena resulta difícil de superar.
Un diario de marcada orientación ideológica como Público organiza una gala de premios. Un exfiscal expulsado o apartado de sus funciones por decisiones judiciales recibe reconocimientos y homenajes. Y allí aparece un ministro del Gobierno para impartir lecciones sobre democracia, independencia judicial y supuestas prevaricaciones del Tribunal Supremo.
La contradicción es tan evidente que casi produce sonrojo.
Porque la pregunta es inevitable: ¿quién está cuestionando realmente el Estado de Derecho? ¿Los jueces que investigan casos de corrupción? ¿Los magistrados que aplican la ley? ¿O quienes desde el poder político intentan desacreditarlos públicamente cuando sus resoluciones afectan a personas cercanas al Gobierno?
Cada día que pasa observamos una estrategia cada vez más evidente. Cuando una investigación apunta a la oposición, la Justicia funciona. Cuando afecta al entorno socialista, aparecen las acusaciones de lawfare, las teorías conspirativas, los ataques a jueces, las descalificaciones a fiscales y las campañas de presión contra quienes cumplen con su obligación.
Es un patrón que se repite una y otra vez.
Lo vimos con los jueces que investigan los casos relacionados con el entorno de Pedro Sánchez. Lo vemos con los magistrados que instruyen causas de corrupción. Lo vemos con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que elaboran informes incómodos para el poder. Y ahora lo vemos también con declaraciones de ministros que parecen haber asumido que la mejor defensa consiste en desacreditar a quienes investigan.
