El 10 de mayo de 1936, en uno de los episodios más controvertidos de la ya agónica Segunda República Española, Manuel Azaña fue elegido presidente de la República. Aquella designación, lejos de representar estabilidad institucional, se produjo en medio de una gravísima crisis política, con acusaciones de irregularidades electorales tras las elecciones de febrero y con un clima de violencia creciente que corroía los cimientos del régimen.
La izquierda española ha querido presentar durante décadas la República como una edad dorada de libertades, modernidad y convivencia. Sin embargo, la realidad histórica fue mucho más compleja: desde sus primeros compases estuvo marcada por la polarización, el sectarismo y el uso partidista de las instituciones. Ya en mayo de 1931, apenas un mes después de proclamarse el régimen, España asistía a la quema de iglesias y conventos en distintas ciudades, mientras el Gobierno miraba hacia otro lado.
Las elecciones de febrero de 1936: la gran sombra
Las elecciones generales celebradas el 16 de febrero de 1936 siguen siendo objeto de intenso debate historiográfico. Diversos autores han señalado irregularidades en actas, presiones locales, repetición de votaciones y manipulación administrativa en algunos distritos. Lo indiscutible es que aquellos comicios no cerraron la fractura nacional, sino que la agravaron.
El llamado Frente Popular llegó al poder en medio de una atmósfera de revancha política tras la derrota de las izquierdas en 1933 y en un proceso electoral, el del 36, fraudulento. En lugar de buscar reconciliación, se emprendió una dinámica de ajuste de cuentas: amnistías selectivas, ocupaciones de tierras, violencia callejera y creciente hostilidad contra adversarios políticos.
En ese contexto, Niceto Alcalá-Zamora fue apartado de la jefatura del Estado mediante una interpretación parlamentaria muy discutida de la Constitución. El sistema comenzaba a devorarse a sí mismo.
Azaña llega a la Presidencia
La elección de Manuel Azaña como jefe del Estado no fue el símbolo de una República fortalecida, sino el reconocimiento de que el poder había quedado en manos de una mayoría parlamentaria decidida a controlar todos los resortes institucionales. El intelectual brillante que algunos veneran aparecía ya entonces como el dirigente de un régimen incapaz de garantizar orden público, neutralidad institucional y convivencia nacional.
Mientras se producía su nombramiento, España sufría huelgas, incendios, atentados y enfrentamientos políticos diarios. La legalidad era interpretada según conveniencia y la autoridad del Estado se desmoronaba.
