El Congreso aprobó ayer una ley profundamente liberticida impulsada por el PSOE, con la vergonzante abstención del Partido Popular, un partido fundado precisamente por exministros del régimen de Franco, hoy rendido a los postulados del socialismo más sectario. Esta ley, que supuestamente busca disolver asociaciones y fundaciones que enaltezcan el franquismo, no es sino una burda maniobra para imponer una versión manipulada y tergiversada de la historia, borrando deliberadamente el pasado criminal del propio PSOE, auténtico responsable de la tragedia nacional que fue la Guerra Civil española.
Solo Vox ha tenido la dignidad y la valentía de plantar cara a esta imposición totalitaria, con una intervención brillante y contundente de su diputado Juan José Aizcorbe, que con claridad absoluta denunció la verdadera intención detrás de esta ley: atacar frontalmente la libertad de pensamiento, perseguir la disidencia y destruir la pluralidad histórica, cultural e ideológica de España. Aizcorbe expuso sin tapujos que esta iniciativa legislativa no busca justicia histórica, sino que es una descarada cortina de humo lanzada por el PSOE y sus socios separatistas para distraer la atención pública del verdadero escándalo que sacude al Gobierno: la corrupción que rodea a Pedro Sánchez y su entorno más cercano, especialmente su esposa Begoña Gómez.