Llevo trece meses escuchando una frase con regularidad en boca de quienes asisten a mis ponencias, leen mis libros o se acercan al finalizar una conferencia: "tu tema es bastante incómodo". Se refieren, a mi trilogía Relatos de un maltratador. Durante todo este tiempo, no había terminado de comprender la dimensión y el alcance de ese comentario. Lo asimilaba como una reacción natural ante la crudeza de la ficción psicológica o el temblor que provoca asomarse a los abismos de las relaciones humanas. Sin embargo, la realidad me puso delante un espejo imprevisto. Tuve la oportunidad de entrevistar a Fuencisla Casanova para hablar sobre el aborto, y fue en ese instante, cuando entendí perfectamente qué significa habitar ese territorio.
Nuestra conversación fue un cruce de caminos entre dos personas que miramos el maltrato y el sufrimiento de la mujer desde flancos distintos, pero a quienes nos une una independencia. Al final, nos intercambiamos nuestras respectivas obras: ella me regaló un ejemplar de su libro, Lo que no te cuentan sobre el aborto, y yo le entregué uno del inicio de mi trilogía. Ni ella ni yo escribimos al dictado del relato oficial, ninguno de los dos dependemos de la necesidad de un voto y operamos con total autonomía, fuera del radio de influencia de cualquier chiringuito subvencionado. Nos convoca el empeño de exponer la verdad basándonos en la experiencia directa y el dato objetivo, aunque eso signifique asumir el silencio de las estructuras de poder.
Mi postura frente a la interrupción voluntaria del embarazo es de oposición, sostenida por una convicción moral, objetiva y de raíz religiosa. No obstante, existen dos escenarios en los que me planteo el aborto y lo doy por válido: la violación y las malformaciones graves del feto. Cuando debatí sobre este asunto con Fuencisla, ella me remitió con a uno de los capítulos de su obra, demostrando que la verdadera investigación no teme enfrentarse a los dilemas más difíciles.
El problema del consenso ideológico es que ha sustituido la reflexión ética por una ingeniería burocrática que incurre en contradicciones. Basta con analizar el marco legislativo que nos rige para descubrir una distorsión jurídica. Por ejemplo, la Ley de Bienestar Animal (Ley 7/2023). Este texto introduce un régimen sancionador de una severidad implacable para el ámbito doméstico, castigando la cría de cachorros por parte de particulares no autorizados con multas administrativas que pueden alcanzar la astronómica cifra de 200.000 euros. Asimismo, conductas catalogadas como graves, entre las que se encuentran el abandono de una mascota o la mera ausencia de la identificación reglamentaria mediante microchip, conllevan penalizaciones que oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros.
Traslademos ahora esa misma mirada al Código Penal. El Artículo 145 tipifica las sanciones para aquellas interrupciones del embarazo que se llevan a cabo al margen de los plazos o de las causas legales establecidas. La pena estipulada para la mujer que realiza o consiente dicha práctica clandestina es una multa de seis a veinticuatro meses. Esta sanción se traduce en una cuantía económica que oscila entre los 1.440 euros en su grado mínimo y los 7.200 euros. La aritmética es incontestable: la sanción económica por criar de forma particular un animal en el salón de casa multiplica por más de veinte la multa penal que asume una mujer por cometer un aborto.
¿Qué tipo de escala de valores fundamenta un ordenamiento jurídico donde la protección de la ordenación zoológica y el control de las mascotas disfrutan de un respaldo punitivo veinte veces superior al de la vida humana? No estamos ante una sutil diferencia de criterio, sino ante una renuncia explícita del Estado a dotar de gravedad penal a sus propias leyes sanitarias, prefiriendo concentrar el músculo recaudatorio en la fiscalización de los animales. Esta asimetría desmonta la coherencia de un legislador que se pretende humanista, revelando frivolidad.
Esta quiebra del sentido común se extiende hacia la gestión económica de los recursos públicos, desmitificando el relato original con el que la izquierda justifica históricamente este derecho. Se nos repite que la interrupción del embarazo es una solución dramática de última instancia, una red de seguridad dolorosa reservada para situaciones de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, las estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Sanidad reflejan una realidad industrializada. España registra un volumen consolidado de 106.172 abortos al año, una cifra que, lejos de contraerse, experimenta un incremento del 2,98% anual.
