Durante generaciones, el votante español ha acudido a las urnas con confianza ciega en la limpieza del proceso democrático. Existe en la psicología colectiva una especie de pacto tácito, una mezcla de hidalguía y buena fe, que nos inclina a asumir que el árbitro español es neutral, que quienes gobiernan respetan ciertos límites no escritos y que el sistema, con todas sus imperfecciones, tiene honestidad. Nos tranquiliza pensar que las anomalías electorales pertenecen a otras latitudes, a democracias más frágiles o instituciones menos maduras, donde el poder ha aprendido a perpetuarse deformando lentamente las reglas del juego.
Sin embargo, ver el panorama nacional e internacional nos debería obligar a abandonar algunas comodidades intelectuales. Durante los últimos años, numerosos países han ofrecido ejemplos de una misma tendencia: la erosión de la confianza institucional promovida, paradójicamente, desde las propias estructuras del poder. Lo hemos visto en regímenes abiertamente autoritarios y también en democracias formalmente consolidadas, donde la legitimidad de las instituciones pasa a depender de su utilidad coyuntural. Cuando los resultados son favorables, el sistema se presenta como la expresión de la voluntad popular; cuando dejan de serlo, comienzan las sospechas, las descalificaciones y los cuestionamientos. No es un fenómeno ideológico ni geográfico. Es una situación inherente al poder o al deseo de tenerlo.
España no es inmune a esa deriva. Precisamente porque nuestras instituciones han gozado durante décadas de una notable estabilidad, existe la tendencia a pensar que determinadas prácticas son imposibles entre nosotros. Pero la historia política demuestra que las democracias rara vez se deterioran mediante rupturas llamativas; suelen hacerlo a través de pequeñas excepciones que terminan convirtiéndose en costumbre.
Para comprender algunas de las inquietudes que hoy recorren a una parte de la sociedad, debemos recordar episodios que marcaron la vida interna de los propios partidos. Las primarias socialistas que devolvieron a Pedro Sánchez al liderazgo del PSOE fueron interpretadas por muchos como una demostración de fortaleza democrática frente al aparato tradicional. Para otros, sin embargo, dejaron preguntas sin resolver sobre los mecanismos de control, supervisión y transparencia empleados durante el proceso, imágenes que además todos hemos visto, tras aquellas cortinas. Más allá de la valoración que cada cual haga de ese episodio, la enseñanza es relevante: la confianza en cualquier sistema depende menos de sus resultados que de la solidez de las garantías que lo rodean.
La cuestión tiene aún más importancia cuando se traslada desde la vida interna de una organización política al conjunto del Estado. Una democracia no puede permitirse que la mitad del país considere impecable un procedimiento mientras la otra mitad sospechamos de él. La legitimidad no nace únicamente de la legalidad; también se soporta sobre la percepción de su imparcialidad.
Desde esta óptica, las decisiones recientes merecen un debate más profundo del que han recibido. La regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes ha sido defendida por sus partidarios como una respuesta humanitaria y una herramienta de integración social. Sus detractores, por el contrario, observamos en ella evidentes consecuencias políticas y electorales a medio plazo. Probablemente ambas dimensiones coexistan. Lo preocupante no es que existan interpretaciones distintas, sino la creciente dificultad para discutirlas sin que toda discrepancia sea presentada como una forma de hostilidad moral.
Así mismo ocurre con la ampliación del acceso a la nacionalidad española derivada de la Ley de Memoria Democrática. El fenómeno ha generado una enorme demanda en numerosos consulados y ha incorporado a centenares de miles de personas al vínculo jurídico con España. Para algunos, se trata de una reparación histórica legítima. Para otros, plantea interrogantes sobre la relación entre ciudadanía, residencia y participación política. La cuestión de fondo no es quién merece la nacionalidad, sino hasta qué punto una democracia debe reflexionar sobre la conexión entre quienes toman decisiones electorales y quienes experimentan directamente sus consecuencias.
