Dos nuevos guardias civiles muertos en Huelva persiguiendo narcolanchas vuelven a retratar la tragedia de unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desamparadas, sin medios suficientes y abandonadas por un Gobierno más preocupado por proteger su relato que por defender a quienes se juegan la vida. Mientras Marruecos refuerza y moderniza su gendarmería con ayuda española, la Guardia Civil ve cómo se desmantelan unidades eficaces como OCON-SUR, se degrada el principio de autoridad y se deja vía libre a unas mafias del narcotráfico cada vez más violentas y poderosas.
La muerte de dos guardias civiles el pasado 8 de mayo en la costa de Huelva, durante una persecución contra una narcolancha, no es un accidente aislado. No es una desgracia fortuita. Es la consecuencia directa de años de abandono político, de dejadez institucional y de humillación constante hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y, muy especialmente, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Dos nuevos guardias civiles muertos. Dos familias destrozadas. Dos servidores públicos que entregaron su vida mientras cumplían con su deber. Y, mientras tanto, el Gobierno sigue instalado en la propaganda, en el discurso vacío y en la foto institucional, pero incapaz de garantizar lo más básico: que quienes nos protegen tengan medios suficientes para defenderse y para defender a España.
Porque eso es lo verdaderamente escandaloso. Nuestros agentes se enfrentan cada día a mafias del narcotráfico cada vez más poderosas, más violentas y mejor equipadas, mientras el Estado les obliga a trabajar prácticamente con las manos atadas. Las narcolanchas actúan con una impunidad insultante en el Estrecho, en Cádiz, en Huelva o en toda la costa andaluza. Los narcotraficantes cuentan con embarcaciones más rápidas, mejores sistemas tecnológicos y, en muchas ocasiones, más recursos materiales que los propios agentes encargados de combatirlos.
La pregunta es inevitable: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
La respuesta tiene nombres y apellidos. Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska.
Porque mientras Marruecos refuerza su gendarmería con equipamiento moderno, financiado en parte gracias al dinero europeo y a la sumisión diplomática del Gobierno español, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobreviven en condiciones indignas. España financia y equipa mejor a las fuerzas marroquíes que a su propia Guardia Civil. Esa es la humillación histórica que estamos viviendo.
Y lo más grave es que esta situación no es fruto de la incompetencia solamente. Empieza a parecer una decisión política deliberada.
El desmantelamiento de OCON-SUR fue una auténtica declaración de intenciones. Aquel grupo especial de la Guardia Civil había conseguido poner contra las cuerdas a las mafias del narcotráfico en el sur de España. Era eficaz. Era temido por los delincuentes. Funcionaba. Precisamente por eso molestaba. Y Marlaska decidió acabar con él.
Desde entonces, el narcotráfico no ha dejado de crecer. Las mafias se sienten cada vez más fuertes. Las agresiones a agentes se multiplican. Las narcolanchas campan a sus anchas. Y los guardias civiles trabajan abandonados por quienes deberían respaldarlos.
Lo ocurrido en Barbate en 2024, donde dos agentes fueron asesinados tras ser embestidos por una narcolancha, ya debería haber provocado dimisiones inmediatas. Aquello fue una imagen devastadora de un Estado derrotado, incapaz de imponer autoridad en partes de su propio territorio. Pero no pasó nada. Nadie asumió responsabilidades. Marlaska siguió en su sillón. Sánchez siguió mirando hacia otro lado. Y ahora volvemos a llorar nuevas muertes.
