Pedro Sánchez debiera comparecer hoy 24 de junio ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la corrupción que cerca a su Gobierno, a su partido y a su entorno más íntimo. Pero la pregunta que millones de españoles se hacen ya no es qué explicaciones puede ofrecer, sino si le queda alguna credibilidad para hacerlo. Porque cuando la corrupción deja de ser un caso aislado y se convierte en una constante, cuando los investigados se acumulan alrededor del poder como si fueran las piezas de un mismo puzle, lo que está en cuestión no es un ministro, un asesor o un colaborador. Lo que está en cuestión es todo un régimen político construido sobre la mentira, la impunidad y el abuso de poder.
Hoy 24 de junio no debería ser una comparecencia más. No debería ser otro ejercicio de victimismo, propaganda y manipulación parlamentaria. No debería ser otro intento de desviar la atención hacia Franco, la ultraderecha, los bulos o cualquier otro espantajo fabricado por los estrategas de La Moncloa.
Debería ser el día en que Pedro Sánchez reconociera que su proyecto político ha fracasado moralmente.
Debería ser el día en que presentara su dimisión.
Y debería ser el día en que convocara elecciones generales para devolver la palabra a los españoles.
Una corrupción que ya lo envuelve todo
Hace tiempo que dejó de ser creíble la teoría de que todos los escándalos que rodean al presidente son simples casualidades.
Ya no hablamos de un único caso.
Ya no hablamos de una investigación aislada.
Ya no hablamos de errores puntuales.
Hablamos de una auténtica red de escándalos que afecta a la Presidencia del Gobierno, al PSOE, a familiares directos del presidente, a antiguos ministros, a secretarios de organización del partido, a empresarios vinculados al poder y a una estructura política que parece haber confundido el Estado con una propiedad privada.
Ahí están los casos que afectan a Begoña Gómez.
Las investigaciones sobre David Sánchez.
La trama Koldo.
Los escándalos que salpican a José Luis Ábalos.
Las investigaciones sobre Santos Cerdán.
Las revelaciones de Víctor de Aldama.
Los contratos bajo sospecha.
Las adjudicaciones millonarias.
Las conexiones internacionales.
Y ahora, además, las gravísimas informaciones que apuntan a una posible estructura destinada a presionar, desacreditar o neutralizar a jueces, fiscales, agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y periodistas que investigaban estos asuntos.
Lo que estamos viendo es mucho más grave que una suma de escándalos.
Estamos viendo cómo el poder intenta defenderse utilizando las instituciones que debería respetar.
El caso Zapatero: una sombra cada vez más alargada
Este artículo ve la luz pocos días después de la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante la justicia.
Durante años muchos consideraron exageradas las sospechas que rodeaban al expresidente socialista.
Sin embargo, las investigaciones, las conexiones internacionales y las informaciones conocidas durante los últimos meses han convertido a Zapatero en una figura central para comprender muchas de las relaciones de poder construidas alrededor del sanchismo.
Su papel en América Latina.
Sus vínculos con Venezuela.
Sus conexiones con determinados grupos empresariales.
Su capacidad de influencia dentro y fuera del PSOE.
Todo ello forma parte ya de un debate político y judicial imposible de ignorar.
Y mientras eso ocurre, Pedro Sánchez pretende seguir actuando como si nada sucediera.
Como si los escándalos no existieran.
Como si el problema fueran quienes investigan.
La trama de las cloacas socialistas
Si algo ha resultado especialmente inquietante en las últimas semanas es la aparición de indicios que apuntan a una presunta estructura destinada a actuar contra quienes investigaban la corrupción.
No estamos hablando únicamente de corrupción económica.
Estamos hablando de algo aún más grave.
De la posible utilización de recursos políticos y personales para perseguir a quienes cumplían con su deber.
Jueces.
Fiscales.
Guardias civiles.
Policías.
Periodistas.
