Este es el alto riesgo de inadmisión de la querella del PSOE contra De Aldama

El alto  riesgo de inadmisión de la querella presentada por el PSOE contra Víctor de Aldama, en el contexto del denominado "caso Koldo", plantea interrogantes tanto legales como políticos. La decisión del partido de acudir a la vía judicial  parece más un movimiento estratégico que una acción con bases sólidas en el ámbito jurídico.

Víctor de Aldama ha realizado estas declaraciones  en el marco de una testifical en sede judicial, no en un plató de televisión ni en un acto público contra el Gobierno o el presidente. Su testimonio, ofrecido en un contexto colaborativo con la Fiscalía, se produjo dentro de los límites procesales y bajo las garantías que la ley ofrece en este tipo de procedimientos.

Es importante destacar que si estas afirmaciones han llegado al dominio público, ha sido por filtraciones de las partes implicadas o por la prensa que tuvo acceso,  no porque De Aldama haya decidido hacerlas públicas de manera directa.

Además, en su calidad de imputado,  le asiste el derecho a no declarar o a no decir la verdad sin que ello pueda ser utilizado en su contra, ya que estas garantías forman parte de su derecho a la defensa dentro del procedimiento penal.

El PSOE ha sostenido que las declaraciones de De Aldama forman parte de una estrategia de defensa. Sin embargo, resulta curioso y, cuanto menos, extraño que  una estrategia de defensa consista en involucrarse aún más en presuntos delitos y reconocerlos directamente ante el juez. De Aldama no solo ha admitido su participación en actividades ilícitas, sino que también  ha aportado detalles sobre delitos que hasta ahora no se conocían en su totalidad y ha arrojado luz sobre aspectos que los informes de la UCO no terminaban de esclarecer.

Víctor de Aldama se encontraba en prisión preventiva,  pero no por el "caso Koldo"  —ahora conocido como "caso Ábalos"—, sino por su presunta implicación en un caso de fraude del IVA relacionado con hidrocarburos, un procedimiento que aún permanece bajo secreto de sumario. Este contexto añade una capa de complejidad a su situación, ya que no se puede descartar la existencia de nexos entre ambos casos, aunque estos no se han establecido formalmente hasta el momento.

La decisión del fiscal anticorrupción de solicitar su puesta en libertad, que se hizo efectiva el pasado viernes, responde en parte a que las declaraciones de De Aldama ante el juez no solo han aportado elementos relevantes al "caso Ábalos", sino también al caso de hidrocarburos.

Paradójicamente, De Aldama, por el secreto de sumario, no puede conocer todos los detalles del caso por el que estaba en prisión preventiva. Sin embargo, el hecho de que en su testifical en sede judicial haya reconocido y ratificado hechos de un caso cuyos detalles aún le están vedados por dicho secreto de sumario, viene a aportar mayor credibilidad a su testimonio, fortaleciendo la percepción de que su colaboración no es simplemente una estrategia de defensa.

El PSOE contra las cuerdas

En paralelo, las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) han aportado nuevas evidencias que podrían complicar aún más la posición de los implicados en este caso. La UCO ha señalado una "participación preeminente" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en filtraciones relacionadas con el caso de fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. Los informes revelan un patrón de comunicaciones entre altos responsables de la Fiscalía que pone en duda su independencia y gestión ética. Este descubrimiento no solo añade más presión al Gobierno, sino que también arroja sombras sobre la actuación de figuras clave en el sistema judicial.

Por otro lado, El Debate ha revelado que  De Aldama tiene en su poder una carpeta exclusiva del Palacio de La Moncloa, entregada por José Luis Ábalos en julio de 2019, con documentación oficial que lo acreditaba como intermediario del Gobierno de Sánchez en Venezuela. La carpeta, que contiene un documento diplomático con el gramaje y sello característicos de Moncloa, autoriza a Aldama a representar al Estado español en gestiones con Juan Guaidó. Esta prueba refuerza la relación directa entre el empresario y altos cargos del Ejecutivo, contradiciendo las afirmaciones de Ábalos, quien había negado cualquier vínculo relevante con De Aldama.

Con estas nuevas pruebas sobre la mesa, el caso "Ábalos" sigue ganando complejidad. La presentación de esta carpeta y la documentación asociada  podría ser un golpe devastador para la estrategia de defensa del PSOE. Si bien el partido busca deslegitimar a De Aldama, las evidencias aportadas y el eco mediático generan una percepción pública que podría ser difícil de revertir.

Lo que es evidente es que las implicaciones legales y políticas de este caso están lejos de resolverse. Las investigaciones continúan, y los próximos días podrían ser clave para determinar el impacto real  de estas nuevas pruebas tanto en el ámbito judicial como en la estabilidad del Gobierno.