Muchas de las libertades que hoy consideramos normales tienen allí una raíz visible. La protección de los derechos individuales, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio, la libertad religiosa y el sufragio universal masculino fueron conquistas enormes para una sociedad que aún estaba aprendiendo a convivir con la idea de ciudadanía. Aquellos legisladores no eran santos. Tenían prejuicios, ambiciones y rivalidades tan feroces como las actuales. Pero compartían una convicción que hoy está erosionada: la ley debía estar por encima de las necesidades inmediatas del gobernante.
Es difícil imaginar qué pensarían aquellos hombres si pudieran observar la política española actual. Probablemente no les sorprenderían los escándalos. La corrupción no es una invención de Pedro Sánchez. Lo que quizá les dejaría perplejos sería la naturalidad con la que hoy se acepta que las instituciones sean utilizadas como herramientas de supervivencia política.
Los constituyentes de 1869 discutían durante meses cuestiones fundamentales porque entendían que una ley mal concebida podía dañar generaciones enteras. Hoy demasiadas normas parecen redactarse con la premura de resolver una votación parlamentaria antes del fin de semana. La diferencia no es ideológica. Es moral e institucional.
El problema de nuestro tiempo no consiste en que existan desacuerdos políticos. Eso es la democracia. El problema aparece porque las reglas dejan de ser el terreno común y pasan a convertirse en piezas intercambiables al servicio del jugador que controla momentáneamente el tablero.
Ese fenómeno alcanza su máxima expresión en el sanchismo. Pedro Sánchez no ha inventado todos los vicios de la política española, sino que ha perfeccionado una forma de ejercer el poder donde la permanencia en el Gobierno se ha convertido en el objetivo superior al que deben subordinarse todos los demás principios.
También es llamativo que buena parte de quienes sostienen electoralmente ese proyecto no son fanáticos ni sectarios. Son personas decentes. Personas movidas por ideales respetables: la justicia social, la solidaridad, la protección de los más vulnerables, el rechazo a los extremismos y la aspiración legítima de una sociedad más igualitaria.
Precisamente por eso merecen una reflexión. Porque cuando un ciudadano entrega su voto creyendo defender la convivencia y termina respaldando pactos que habrían sido considerados inaceptables apenas unos años antes, algo ha fallado en la relación entre representantes y representados. Cuando se presentan decisiones de enorme trascendencia institucional como si fueran simples actos de generosidad política, deberíamos detenernos y preguntarnos quién obtiene realmente el beneficio.
La gran habilidad del actual Gobierno consiste en convertir los sentimientos nobles de una parte del electorado en una coraza frente a cualquier crítica. Quien cuestiona determinadas decisiones no es respondido con argumentos, sino clasificado. Se le asigna una etiqueta. Se le coloca automáticamente en el bando equivocado. Así desaparece el debate y solo queda la obediencia.
Es una operación extraordinariamente eficaz. Se apela al corazón para evitar preguntas incómodas a la cabeza. Y mientras tanto, la degradación institucional avanza paso a paso. La Fiscalía, el Tribunal Constitucional, los organismos públicos, los medios estatales y numerosos órganos que deberían proyectar independencia aparecen cada vez más envueltos en sospechas de alineamiento político. No hace falta afirmar que todas las instituciones estén controladas para reconocer una evidencia: la percepción de imparcialidad se ha deteriorado gravemente. Eso debería preocupar tanto a un votante socialista como a uno conservador.