El escudo de la ley

Hay fechas que funcionan como un espejo. Y los espejos, cuando reflejan decadencia, rara vez son bienvenidos por quienes ocupan el poder.

Hoy hace ciento cincuenta y siete años España aprobó la Constitución de 1869, probablemente la más avanzada de todas las surgidas en el siglo XIX. Nació después de la Revolución Gloriosa que expulsó del trono a Isabel II y representó un intento serio de construir un Estado basado en libertades reconocibles para cualquier ciudadano moderno. Antes habían existido la Constitución de 1812, el Estatuto Real de 1834, las constituciones de 1837 y 1845 y el proyecto progresista de 1856, que nunca llegó a entrar en vigor. Después vendrían la frustrada experiencia federal de 1873, la Constitución de 1876, la republicana de 1931 y la actual de 1978.

Muchas de las libertades que hoy consideramos normales tienen allí una raíz visible. La protección de los derechos individuales, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio, la libertad religiosa y el sufragio universal masculino fueron conquistas enormes para una sociedad que aún estaba aprendiendo a convivir con la idea de ciudadanía. Aquellos legisladores no eran santos. Tenían prejuicios, ambiciones y rivalidades tan feroces como las actuales. Pero compartían una convicción que hoy está erosionada: la ley debía estar por encima de las necesidades inmediatas del gobernante.

Es difícil imaginar qué pensarían aquellos hombres si pudieran observar la política española actual. Probablemente no les sorprenderían los escándalos. La corrupción no es una invención de Pedro Sánchez. Lo que quizá les dejaría perplejos sería la naturalidad con la que hoy se acepta que las instituciones sean utilizadas como herramientas de supervivencia política.

Los constituyentes de 1869 discutían durante meses cuestiones fundamentales porque entendían que una ley mal concebida podía dañar generaciones enteras. Hoy demasiadas normas parecen redactarse con la premura de resolver una votación parlamentaria antes del fin de semana. La diferencia no es ideológica. Es moral e institucional.

El problema de nuestro tiempo no consiste en que existan desacuerdos políticos. Eso es la democracia. El problema aparece porque las reglas dejan de ser el terreno común y pasan a convertirse en piezas intercambiables al servicio del jugador que controla momentáneamente el tablero.

Ese fenómeno alcanza su máxima expresión en el sanchismo. Pedro Sánchez no ha inventado todos los vicios de la política española, sino que ha perfeccionado una forma de ejercer el poder donde la permanencia en el Gobierno se ha convertido en el objetivo superior al que deben subordinarse todos los demás principios.

También es llamativo que buena parte de quienes sostienen electoralmente ese proyecto no son fanáticos ni sectarios. Son personas decentes. Personas movidas por ideales respetables: la justicia social, la solidaridad, la protección de los más vulnerables, el rechazo a los extremismos y la aspiración legítima de una sociedad más igualitaria.

Precisamente por eso merecen una reflexión. Porque cuando un ciudadano entrega su voto creyendo defender la convivencia y termina respaldando pactos que habrían sido considerados inaceptables apenas unos años antes, algo ha fallado en la relación entre representantes y representados. Cuando se presentan decisiones de enorme trascendencia institucional como si fueran simples actos de generosidad política, deberíamos detenernos y preguntarnos quién obtiene realmente el beneficio.

La gran habilidad del actual Gobierno consiste en convertir los sentimientos nobles de una parte del electorado en una coraza frente a cualquier crítica. Quien cuestiona determinadas decisiones no es respondido con argumentos, sino clasificado. Se le asigna una etiqueta. Se le coloca automáticamente en el bando equivocado. Así desaparece el debate y solo queda la obediencia.

Es una operación extraordinariamente eficaz. Se apela al corazón para evitar preguntas incómodas a la cabeza. Y mientras tanto, la degradación institucional avanza paso a paso. La Fiscalía, el Tribunal Constitucional, los organismos públicos, los medios estatales y numerosos órganos que deberían proyectar independencia aparecen cada vez más envueltos en sospechas de alineamiento político. No hace falta afirmar que todas las instituciones estén controladas para reconocer una evidencia: la percepción de imparcialidad se ha deteriorado gravemente. Eso debería preocupar tanto a un votante socialista como a uno conservador.

La independencia institucional no es una bandera ideológica. Es un seguro colectivo. Solo se aprecia de verdad cuando desaparece. Los hombres de 1869 probablemente no entenderían cómo una democracia madura puede acostumbrarse a que cada decisión sea interpretada en función de la conveniencia personal del gobernante de turno. Ellos discutían sobre cómo limitar el poder. Nosotros discutimos demasiado a menudo sobre cómo justificarlo.

La corrupción contemporánea tampoco se parece exactamente a la de épocas anteriores. Ya no consiste únicamente en el enriquecimiento ilícito o en el intercambio clandestino de favores. Existe una forma más sofisticada de corrupción: la que utiliza la legalidad para vaciar de contenido el espíritu de las instituciones.

Es posible respetar formalmente las normas mientras se destruye la confianza pública en ellas. Una democracia no muere cuando se incumplen las leyes. Una democracia empieza a enfermar cuando las leyes dejan de inspirar respeto y pasan a percibirse como herramientas moldeables según las necesidades del poder. Por eso la cuestión central no es Pedro Sánchez. Ni siquiera la PSOE. La cuestión es qué clase de país queremos ser cuando pase Pedro Sánchez, igual que antes pasaron González, Aznar, Zapatero o Rajoy.

Si cada presidente utiliza las instituciones como patrimonio propio, el deterioro será acumulativo. Si cada generación acepta un poco más de arbitrariedad que la anterior, llegará un momento en que la normalidad democrática será solo un recuerdo.

Algunos observamos ya el futuro político del presidente con ironía y especulamos sobre retiros lejanos, refugios soleados y finales dominicanos. Pero el destino personal de un dirigente es anecdótico comparado con el daño o el beneficio que deja tras de sí.

Lo más importante es qué quedará cuando se apaguen los focos. La Constitución de 1869 duró poco. Fue derrotada por la inestabilidad y por las contradicciones de una España que aún buscaba su camino. Sin embargo, dejó una enseñanza que conserva toda su vigencia: las leyes existen para proteger a la nación del poder, no para proteger al poder de la nación.

Cuando los ciudadanos dejan de exigir ejemplaridad, los gobernantes dejan de sentirse obligados a practicarla. Y cuando la ley deja de ser un límite para convertirse en una herramienta de conveniencia, el ciudadano deja de ser soberano para convertirse en simple coartada. Las generaciones que levantaron nuestro constitucionalismo cometieron errores enormes, pero entendieron algo fundamental: ningún proyecto político vale lo suficiente como para colocar la supervivencia de un líder por encima de la credibilidad de las instituciones.

Ha llegado el momento de recordar esa lección, por respeto al futuro.