La Gran Misión Vivienda Venezuela fue el buque insignia del gobierno de Chávez. Millones de apartamentos entregados frente a las cámaras de televisión, llaves en mano, discursos sobre la dignificación de las clases populares. Era la arquitectura puesta al servicio del voto y del aplauso. Hoy, tal como reflejan las miles de imágenes en circulación, esos mismos bloques multifamiliares de Playa Grande y Catia La Mar se han transformado en sándwiches de hormigón y polvo.
La ingeniería no miente porque responde a las leyes de la física, que son más rígidas que las de la dialéctica socialista. El desplome de estas torres de doce pisos, mientras edificaciones vecinas mucho más antiguas han logrado mantenerse en pie con daños severos pero salvables, expone un error técnico. Las inspecciones preliminares sobre el terreno y los desgarradores testimonios de los supervivientes apuntan a otra realidad: el uso generalizado de materiales defectuosos, paneles de poliestireno sin el debido refuerzo estructural y la absoluta ausencia de nodos de acero sísmico en una zona de vulnerabilidad geológica.
Cuando un Estado sustituye la licitación técnica por la asignación digital a dedo, y el control de calidad por la lealtad partidista, el resultado final no es vivienda social; es una trampa mortal diferida en el tiempo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela lo advirtió hace más de una década, señalando las grietas prematuras de un modelo constructivo basado en la prisa electoral y la opacidad presupuestaria. En aquel momento, la respuesta del poder fue la habitual: tildar la advertencia de sabotaje burgués. Hoy, las advertencias ignoradas se miden en vidas sepultadas.
Han pasado los días del desastre inicial y el panorama en las calles es el de una descoordinación cruel. El verdadero rostro de un régimen hipertrofiado no se muestra en su capacidad para resolver problemas, sino en su obsesión por controlarlos, incluso cuando carece de los medios para hacerlo. Mientras miles de ciudadanos permanecen atrapados bajo toneladas de escombros en un conteo contrarreloj donde cada minuto es la diferencia entre la vida y la muerte, la respuesta institucional ha sido el bloqueo.
Resulta éticamente incomprensible, bajo cualquier prisma político razonable, que en mitad de una emergencia humanitaria de esta magnitud se exijan códigos QR y registros partidistas a los voluntarios civiles que se acercan con palas, agua y medicamentos. La decisión de ciertas alcaldías oficialistas de prohibir los centros de acopio independientes para centralizar toda la ayuda humanitaria exclusivamente en las sedes del partido gobernante no es una medida de orden público; es un intento desesperado por monopolizar la beneficencia. Para ellos, una ayuda que no lleve el sello del Estado es una ayuda subversiva, aunque de ella dependa que un niño respire bajo una losa.
Mientras tanto, los cuerpos sin vida comienzan a acumularse en las aceras de los sectores menos favorecidos, vencidos por el tiempo y la parálisis de una maquinaria gubernamental que está más preocupada por acordonar las zonas críticas para evitar las fotografías de la prensa internacional que por desplegar maquinaria pesada. La dignidad humana, se disuelve cuando el uniforme del funcionario no se utiliza para empuñar una pala, sino para requisar teléfonos móviles o, lo que es aún más desolador, para desviar recursos y camiones de mudanza hacia los domicilios de las clientelas políticas para salvar enseres de amigos del régimen en lugar de atender el epicentro del dolor común.
