Y lo que se describe en sus 378 páginas es demoledor.
La resolución declara probado que Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz, junto con responsables del área de Cultura, decidió crear un puesto de trabajo que acabaría siendo ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón, que en aquel momento carecía de trabajo estable. El propio tribunal sitúa como objetivo de aquella decisión que el puesto fuera ocupado por el hermano de quien era ya una figura política relevante y futuro secretario general del PSOE.
No lo digo yo.
Lo dicen tres magistrados por unanimidad.
Y conviene repetirlo porque la maquinaria mediática del sanchismo ya trabaja para conseguir que los españoles duden incluso de lo que tienen escrito delante de sus ojos.
La sentencia describe una plaza creada “con premura”; unos responsables de conservatorios a los que se pidió que imaginaran qué funciones podría desempeñar el nuevo puesto; un cargo que uno de los directores nunca había solicitado y cuya posición en el organigrama llegó a considerar un “disparate”. La resolución recoge incluso que se atribuyó falsamente al director del Conservatorio Superior la propuesta de crear aquel puesto.
Después llegaron las prisas.
Las bases se publicaron sin incluir los criterios de baremación. Semanas antes, según los hechos probados, ya se comentaba en la Diputación y en los conservatorios que el puesto sería para David Sánchez. Hasta circulaba el calificativo de “el hermanísimo”. Y los criterios de valoración de los currículos se fijaron otorgando mayor puntuación precisamente a aquellos méritos que los responsables sabían que concurrían en David Sánchez, que terminó obteniendo 90 puntos.
¿De verdad todo esto es una conspiración judicial?
¿También los correos electrónicos son de ultraderecha?
¿También los cronogramas son fascistas?
¿También las bases, los informes y las actas forman parte de una operación internacional para acabar con Pedro Sánchez?
Pero la sentencia continúa.
David Sánchez, según los hechos declarados probados, apenas acudía a su puesto de trabajo, no cumplió las obligaciones laborales a las que se había comprometido y mantuvo contactos esporádicos —finalmente casi inexistentes— con los directores de los conservatorios cuya actividad, teóricamente, debía coordinar. La dirección de orquesta, una función que había sido decisiva para otorgarle la máxima puntuación, se realizó únicamente en cinco ocasiones durante todos los años en los que trabajó en Badajoz.
Y cuando la realidad dejó de parecerse al puesto que se había creado, no se corrigió la situación.
Según el tribunal, se buscó darle “apariencia de legalidad”. Se adaptaron las funciones a las inquietudes operísticas de David Sánchez y se transformó de facto aquella plaza en otra distinta.
La propia sentencia, cuando analiza la tipicidad penal de los hechos, emplea expresiones que deberían provocar un terremoto político. Habla de un puesto de alta dirección reservado para David Sánchez, de una plaza “innecesaria y vacía de contenido”, de la intención de favorecerle cuando estaba desempleado y de la posterior adaptación de sus condiciones laborales a sus “inquietudes operísticas”. El tribunal afirma que los condenados “despreciaron conscientemente el Derecho y pasaron por encima de la Ley para conseguir sus propósitos”.
Repito: “despreciaron conscientemente el Derecho y pasaron por encima de la Ley”.
Eso es lo que dice una sentencia judicial.
Y, sin embargo, ¿cuál ha sido la reacción del Gobierno, del PSOE y de buena parte de sus socios?
¿Pedir perdón?
No.
¿Exigir responsabilidades?
Tampoco.
¿Preguntarse cómo pudo utilizarse una institución pública de esta manera?
Ni por asomo.
La reacción ha sido atacar, desacreditar o poner bajo sospecha la decisión judicial. El Gobierno ha expresado su confianza en la “inocencia” de David Sánchez y ha presentado el fallo dentro de una supuesta estrategia para “derribar” al Ejecutivo; dirigentes socialistas han asegurado que “respetan” la sentencia mientras proclaman abiertamente que discrepan de ella, y socios como Sumar y ERC han vuelto a hablar de ofensiva judicial y de desproporción.
Este es, para mí, el verdadero escándalo.
Porque ya no estamos únicamente ante los hechos juzgados en Badajoz. Estamos ante una forma de entender el poder.
Si un juez investiga al PSOE, el problema es el juez.
Si la Guardia Civil presenta un informe incómodo, el problema es la UCO.
Si un fiscal actúa contra los intereses del poder, hay que desacreditar al fiscal.
Si un periodista publica una información comprometedora, forma parte de la fachosfera.
Y si tres magistrados dictan por unanimidad una sentencia condenatoria contra el hermano del presidente y contra quien fuera uno de los principales dirigentes socialistas extremeños, entonces estamos ante el “lawfare”.
Siempre la misma historia.
Nunca los hechos.
Nunca la responsabilidad.
Nunca la dimisión.
Siempre la conspiración.
Demasiados casos para seguir hablando de casualidades
Lo llevo diciendo mucho tiempo: la corrupción socialista no puede analizarse ya como una sucesión de episodios aislados.
El aislamiento es la gran mentira del relato oficial.
Nos dijeron que Ábalos era Ábalos.
Después, que Koldo era Koldo.
Luego, que Santos Cerdán era Santos Cerdán.
Cuando los problemas alcanzaron al fiscal general del Estado, también había que estudiar el asunto de manera independiente, como si el fiscal general hubiera aparecido un buen día en Marte sin relación alguna con el Gobierno que lo promovió.
Y ahora nos piden que David Sánchez sea únicamente David Sánchez y que Miguel Ángel Gallardo sea un dirigente provincial cuya actuación nada tiene que ver con la cultura política de un partido.
No.
Lo siento.
Ya son demasiadas casualidades.
Su fiscal general. Su secretario de Organización. El que fuera presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general de los socialistas extremeños. Y ahora el hermano del presidente del Gobierno, condenado a nueve años de inhabilitación por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa. Gallardo ha sido condenado por dos delitos de prevaricación a dos penas de nueve años de inhabilitación. El fallo condena también a otros acusados por su participación en los distintos bloques de hechos.
¿Hasta cuándo tenemos que aceptar que cada pieza de este puzle sea examinada en una habitación distinta para impedirnos ver el dibujo completo?
Yo veo un patrón.
Veo una concepción patrimonial del Estado.
Veo instituciones utilizadas como si fueran propiedades del partido.
Veo puestos públicos que, según la sentencia de Badajoz, se crean vacíos de contenido para favorecer a personas concretas y procedimientos administrativos convertidos, en palabras del propio razonamiento judicial, en un instrumento de “maquillaje” de actuaciones arbitrarias.
Veo, en definitiva, lo que tantas veces he denunciado: la transformación del Estado en un inmenso botín político.
El problema del sanchismo no es únicamente la corrupción económica. El problema es mucho más profundo. Es la corrupción del concepto mismo de poder.
Han terminado creyendo que el Estado les pertenece.
Que la Fiscalía les pertenece.
Que las empresas públicas les pertenecen.
Que la televisión pública les pertenece.
Que las diputaciones les pertenecen.
Que la Administración puede adaptarse a sus necesidades políticas, familiares o personales.
Y cuando aparece un poder del Estado que todavía conserva independencia suficiente para decir “hasta aquí”, entonces ese poder se convierte inmediatamente en enemigo.
La izquierda ya no combate la corrupción: combate a quien la descubre
Eso es lo más grave.
Hubo un tiempo en el que la izquierda española pretendía presentarse como guardiana de la ética pública. Era mentira muchas veces, pero al menos conservaba el pudor de aparentarlo.
Hoy ni siquiera eso.
Hoy una sentencia condenatoria provoca una reacción automática de cierre de filas.
No importa lo que diga.
No importa que sean hechos probados.
No importa que el fallo sea unánime.
No importa que la resolución describa una plaza reservada para una persona concreta.
No importa que los criterios de valoración se fijaran favoreciendo los méritos que se sabía que reunía el beneficiario.
No importa que el tribunal hable de desprecio consciente del Derecho.
Lo único importante es el apellido del condenado.
Sánchez.
Y ahí se acaba el debate para ellos.
Si es un Sánchez, es una víctima.
Si es socialista, hay “lawfare”.
Si es socio del Gobierno, hay persecución.
Si es de un rival político, entonces la mera sospecha basta para exigir una dimisión inmediata.
La doble vara de medir ha alcanzado niveles obscenos.
Y quiero detenerme en un detalle que me parece especialmente significativo: el Ministerio Fiscal no formuló acusación y solicitó el sobreseimiento de la causa. El juicio oral siguió adelante por la acusación popular.
El mismo Ministerio Fiscal cuya cúspide ha estado políticamente vinculada al Gobierno y cuyo fiscal general ha protagonizado uno de los mayores escándalos institucionales de nuestra democracia.
Que cada cual saque sus conclusiones.
Yo saco las mías.
El problema ya no es la corrupción; es la impunidad moral
Pedro Sánchez debería estar profundamente preocupado.
No porque un juez quiera derribarle.
No porque exista una conspiración.
No porque la fachosfera haya tomado la Audiencia Provincial de Badajoz.
Debería estar preocupado porque su entorno político, institucional y ahora también familiar aparece una y otra vez relacionado con procedimientos judiciales, investigaciones y condenas.
Y porque, ante cada nuevo episodio, la respuesta es siempre la misma: resistir.
Resistir a los jueces.
Resistir a la Guardia Civil.
Resistir a la prensa libre.
Resistir a la oposición.
Resistir incluso a la evidencia.
Pero un Gobierno no puede convertir la resistencia personal de su presidente en un proyecto nacional.
España no puede vivir permanentemente pendiente del próximo auto, del próximo informe de la UCO, del próximo registro, de la próxima declaración judicial o de la próxima sentencia.
La corrupción socialista no es un hecho aislado.
Y lo más preocupante es que ya ni siquiera intentan convencernos de que van a combatirla.
Ahora intentan convencernos de que combatir la corrupción es atacar a la democracia.
Ese es el gran salto cualitativo del sanchismo.
El corrupto ya no tiene que explicar sus actos.
Es el juez quien debe explicar por qué investiga.
Es el guardia civil quien debe justificar su informe.
Es el periodista quien debe demostrar que no forma parte de una conspiración.
Y es el ciudadano quien tiene que pedir perdón por sospechar.
Yo me niego.
La sentencia de Badajoz no es firme y será recurrida. Eso forma parte de un Estado de Derecho y debe decirse con claridad. Pero hoy existe una sentencia condenatoria, unánime, que describe hechos extraordinariamente graves y que impone nueve años de inhabilitación a David Sánchez y dos penas de nueve años a Miguel Ángel Gallardo.
La respuesta democrática debería ser respeto, explicaciones y responsabilidades.
La respuesta del sanchismo vuelve a ser la sospecha sobre los jueces.
Y eso, quizá, explica mucho mejor que cualquier sumario el momento que vive España.
No estamos ante un caso aislado. Estamos ante un sistema que, cuando la Justicia le señala, en lugar de mirarse al espejo, intenta romper el espejo.
Y cada día quedan menos espejos por romper.
