España atraviesa uno de los momentos más graves de su historia reciente. Mientras los partidos del consenso progresista —PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, BNG, Podemos y sus satélites— pregonan su cacareada defensa de la democracia, simultáneamente ejecutan maniobras propias de un régimen autoritario. La última es tan descarada como peligrosa: pretenden imponer un reglamento en el Congreso para sancionar, apartar y expulsar a los periodistas incómodos. Aquellos que no aplauden, que no sonríen complacientes, que no viven del sobre ni de la subvención.
El blanco es claro y evidente: Vito Quiles y EDATV. El periodismo que molesta. El periodismo que no encaja en el rebaño de medios comprados. Aquellos que preguntan lo que ningún otro se atreve, que no temen señalar al rey desnudo.
¿De qué nos acusan realmente?
¿De interrumpirles? ¿De faltar al respeto? No, nos acusan de algo más profundo y más temido por ellos: nos acusan de desenmascararlos. De no ser parte de esa prensa dócil, de no contribuir a la farsa de democracia que nos quieren vender. Nos acusan de incomodar. Nos acusan de no ser palmeros.
No toleran que, mientras ellos tienen a sus periodistas cortesanos y ensobrados, haya un grupo como EDATV dispuesto a hacer preguntas reales, a romper el guion preestablecido, a evidenciar sus contradicciones y miserias. Por eso, necesitan silenciarnos.
La mordaza disfrazada de reglamento
El reglamento que impulsan, bajo pretexto de sancionar “faltas graves y leves”, es en realidad una mordaza institucionalizada. Un castigo para quien ose ejercer el periodismo en su esencia: fiscalizar al poder. Porque para ellos, falta grave es preguntar por la corrupción de sus filas, la cesión al chantaje separatista, el blanqueamiento de Bildu y sus complices, o la ruina económica a la que someten al país.
¿Quién decidirá qué es grave? Ellos. Quieren ser juez y parte. Quieren decidir quién merece estar en el Congreso, no solo como diputado, sino también como periodista.
