Hay una frase que se repite cada vez con más frecuencia en las conversaciones de café, en los despachos, en las redacciones y hasta en los propios pasillos de la Administración: aquí ya no parece que estemos ante casos aislados. La sensación que empieza a instalarse en una parte importante de la opinión pública es mucho más inquietante. La impresión es que desde la llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018 se ha ido tejiendo una gigantesca red de nombramientos, recolocaciones, favores cruzados y lealtades recompensadas que afecta a todos los niveles del Estado.
Naturalmente, corresponde a los jueces determinar responsabilidades penales y a los tribunales dictar sentencia. La presunción de inocencia debe respetarse siempre. Pero una cosa es la responsabilidad penal y otra muy distinta la responsabilidad política.
Y políticamente el panorama resulta cada día más difícil de explicar.
Cuando uno observa aisladamente determinados nombramientos puede pensar que se trata de simples decisiones administrativas. Cuando aparecen determinados contratos, pueden presentarse como coincidencias. Cuando se descubre una adjudicación sospechosa, se puede alegar un error. Pero cuando durante años aparecen los mismos nombres, las mismas redes de influencia, los mismos intermediarios, los mismos organismos públicos y las mismas conexiones políticas, la palabra casualidad empieza a perder credibilidad.
La historia reciente de María Concepción Ordiz es un ejemplo perfecto de cómo funcionan determinados mecanismos de poder.
Primero aparece en la SEPI.
Posteriormente desembarca en Red Eléctrica bajo la presidencia de Jordi Sevilla.
Más tarde es apartada durante la etapa de Beatriz Corredor.
Y posteriormente reaparece en otro importante organismo público bajo la órbita de Hacienda.
Hoy su nombre vuelve a aparecer en informaciones relacionadas con investigaciones que desarrolla la UCO sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas.
Por supuesto, será la Justicia quien determine qué hay de cierto en todo ello.
Pero la pregunta importante no es únicamente qué hizo una persona concreta.
La pregunta es quién la nombró.
Quién la colocó.
Quién la protegió.
Quién la recolocó después.
Quién decidió que siguiera ocupando puestos de enorme relevancia.
Y esa misma pregunta podría formularse respecto a decenas de nombres que han ido apareciendo durante los últimos años.
Porque cuanto más se tira del hilo, más aparece una sensación inquietante: la de que determinadas instituciones han sido utilizadas como un inmenso tablero donde repartir posiciones, cargos, contratos y favores.
La imagen recuerda más a una expedición de corsarios que a un gobierno moderno.
Uno imagina aquellos relatos antiguos donde, tras el saqueo de una ciudad conquistada, el capitán reunía a sus hombres para repartir el botín. Los oficiales recibían las mejores joyas. Los lugartenientes obtenían tierras. Los soldados se repartían el resto según su grado de fidelidad.
La impresión que transmiten muchas de las informaciones conocidas en los últimos años es inquietantemente parecida.
No parece que estemos ante servidores públicos seleccionados por mérito y capacidad.
Da la sensación de que estamos ante una gigantesca operación de reparto.
Unos terminan en empresas públicas.
Otros en organismos reguladores.
Otros en consejos de administración.
Otros en fundaciones.
Otros en observatorios.
Otros en organismos consultivos.
Y cuando surge algún problema, aparece una nueva recolocación.
Una nueva puerta giratoria.
Un nuevo destino.
Un nuevo refugio institucional.
Como si el Estado entero se hubiera convertido en una inmensa agencia de colocación para los amigos del poder.
Por eso cada nueva investigación provoca tanto nerviosismo.
Porque ya no se trata únicamente de una adjudicación concreta.
