A lo largo de decenas de páginas, el magistrado sostiene que existen indicios de la posible existencia de una organización estructurada cuya finalidad habría sido influir en investigaciones judiciales, obtener información reservada, desacreditar a jueces, fiscales y agentes policiales, y proteger intereses políticos vinculados al Gobierno y al PSOE.
No estamos hablando únicamente de presuntas irregularidades económicas. El núcleo del auto gira alrededor de una posible utilización de estructuras políticas, empresariales y mediáticas para interferir en el funcionamiento normal de la Justicia.
Ese es el aspecto más inquietante.
Porque si una investigación afecta a un partido político por financiación irregular, estaríamos ante un caso de corrupción.
Pero si además existen indicios de actuaciones dirigidas a neutralizar jueces, fiscales o miembros de la Guardia Civil que investigan esa corrupción, entonces el problema deja de ser exclusivamente económico para convertirse en un problema institucional de primer orden.
Santos Cerdán aparece en el centro de gravedad
Uno de los elementos más llamativos del auto es la reiterada aparición de Santos Cerdán.
El magistrado no formula una condena ni una declaración de culpabilidad, algo que corresponde exclusivamente a un juicio. Sin embargo, sí considera necesario recabar una enorme cantidad de información relacionada con sus comunicaciones, actividad política, movimientos, reuniones y entorno.
La lectura política es evidente.
Durante años el PSOE presentó a Santos Cerdán como un simple secretario de organización.
Sin embargo, la documentación recogida por la investigación lo sitúa como una figura de enorme influencia dentro de la estructura del partido.
Y eso genera una pregunta inevitable:
¿Es creíble que alguien con semejante peso político actuara al margen de la dirección del PSOE?
El caso Leire Díez cambia de dimensión
Quizá el aspecto más demoledor del auto es que desmonta la versión oficial que durante semanas intentó presentar a Leire Díez como una militante aislada que actuaba por cuenta propia.
El juez dedica numerosas páginas a describir reuniones, contactos, viajes, comunicaciones y relaciones que, según los investigadores, apuntarían a una actividad coordinada y organizada.
La cuestión ya no es si Leire Díez tenía o no relación con determinadas personas.
La cuestión es si existía una estructura organizada detrás de esas actuaciones.
Y precisamente esa es la hipótesis que intenta esclarecer la Audiencia Nacional.
Por eso se solicita documentación relacionada con correos electrónicos, registros de acceso a Ferraz, viajes, pagos, campañas de comunicación y contratos.
El PSOE pasa de víctima a investigado
Durante meses el discurso oficial del sanchismo ha consistido en denunciar una supuesta conspiración de jueces, periodistas y guardias civiles.
Sin embargo, este auto introduce un cambio radical.
Ya no se trata únicamente de denuncias procedentes de la oposición o de informaciones periodísticas.
Es un juez de la Audiencia Nacional quien considera necesario desplegar medidas de investigación extraordinarias para verificar la existencia de una posible trama organizada.
Y eso modifica completamente el escenario político.
Porque la pregunta ya no es quién denuncia al PSOE.
La pregunta es por qué un magistrado considera proporcionado y necesario intervenir sobre una parte tan relevante de la estructura del partido.
El silencio de Sánchez
Hay una ausencia que llama especialmente la atención.
Pedro Sánchez.
El auto gira alrededor de personas que forman parte o han formado parte de su círculo político más próximo.
Secretarios de organización.
Asesores.
Intermediarios.
Personas vinculadas a la dirección socialista.
Sin embargo, el presidente sigue actuando como si nada estuviera ocurriendo.
Mientras la Audiencia Nacional investiga posibles delitos gravísimos y mientras la UCO entra en Ferraz para recabar documentación, y en la dirección general de la Guardia Civil, el Gobierno intenta trasladar el debate hacia presupuestos, políticas públicas o enfrentamientos con la oposición.
Pero la realidad es tozuda.
Cuando una investigación judicial alcanza el corazón organizativo del partido que gobierna España, la estabilidad institucional queda inevitablemente afectada.
La dimensión histórica
Más allá del resultado final del procedimiento, que deberá determinarse en los tribunales y respetando siempre la presunción de inocencia de todos los afectados, este auto ya ocupa un lugar destacado en la historia política reciente de España.
No es habitual que la Audiencia Nacional autorice medidas de esta magnitud sobre la sede nacional del partido que ocupa el Gobierno.
No es habitual que se soliciten años de correos electrónicos, registros de accesos, documentación económica, contratos, campañas publicitarias, viajes y comunicaciones internas.
Y tampoco es habitual que todo ello se produzca mientras el Ejecutivo insiste en presentarse como víctima de una supuesta persecución.
La lectura política del auto es devastadora para el PSOE.
No porque establezca culpabilidades —que no lo hace— sino porque acredita algo igualmente relevante: la existencia de indicios suficientemente sólidos como para justificar una investigación de enorme profundidad sobre el núcleo organizativo del partido.
La pregunta ya no es si existe una crisis política.
La crisis política existe.
La verdadera cuestión es si estamos ante un nuevo caso de corrupción partidista o ante algo todavía más grave: la posible utilización de estructuras de poder para interferir en el funcionamiento normal de la Justicia y proteger intereses políticos.
Eso es precisamente lo que la Audiencia Nacional intenta averiguar.
Y por eso la entrada de la UCO en Ferraz marca un antes y un después en la historia reciente del sanchismo.
