En febrero de este año escribí en esta misma columna, un artículo titulado: ¿Y si en 2027 no hay urnas?, (lo podréis comprobar buscándolo en la web: www.jotacamacho.com, donde están todos mis artículos clasificados) donde planteaba algo que entonces sonó a exageración para algunos: que Sánchez no caminaba hacia el final natural de su legislatura, sino hacia el atrincheramiento permanente y hacia la dictadura oficial. También dejé una promesa sobre la mesa: si convocaba elecciones anticipadas y dejaba que España respirase, me comería diez copias impresas de aquel artículo en directo en la boca del lobo de Javier García Isac. La promesa sigue en pie. Lo que ha cambiado, y es lo que quiero repasar aquí, son los datos que han ido llegando desde entonces. No hace falta forzar nada. Basta con ponerlos en fila.
España entró en 2026 con los Presupuestos prorrogados por tercer año consecutivo. Las cuentas en vigor siguen siendo las de 2023, aprobadas en diciembre de 2022. El Gobierno lo presenta como algo administrativo, amparado en el artículo 134 de la Constitución, y técnicamente lo es: la prórroga automática existe para eso. Pero una cosa es el mecanismo de emergencia y otra convertirlo en la forma normal de gobernar. Tres ejercicios seguidos sin que el Congreso debata y vote la principal ley del Estado no es gestión ordinaria. Es gobernar esquivando el control parlamentario, que es justamente el control que a este Ejecutivo más le incomoda.
El dato que más da fuerza a esa teoría en estos meses: El Ministerio del Interior sostuvo, cuando miles de personas entraron de golpe en Ceuta, que se trataba poco más que de una anécdota. Los informes que se han conocido el martes pasado dicen otra cosa. El CENIF, la unidad de inteligencia de la Policía Nacional había avisado ya el 28 y el 29 de julio de un riesgo alto de entrada masiva, con documentos que llegaron al propio ministerio, bajo las órdenes de Marlaska, antes de que ocurriera. Y los informes posteriores, publicados por varios medios, van más allá: apuntan a que agentes marroquíes guiaron sobre el terreno a los grupos, dirigiéndolos hacia puntos concretos de la costa, con policías no uniformados coordinando el movimiento junto a los gendarmes. Eso no es un fenómeno espontáneo. Es una operación de asalto, con mando.
Llamarlo crisis humanitaria, cuando existía aviso previo y coordinación externa no es un matiz de lenguaje. Es una elección. Se elige esa palabra porque la alternativa, entrada consentida a sabiendas, obliga a explicar por qué. Y mientras eso ocurre, en paralelo el Gobierno ha continuado la regularización masiva de cientos de miles de personas, con reagrupación familiar incluida. Ese gesto se vende como humanismo, pero la aritmética dice otra cosa: en dos años de trámite, una parte relevante de esas personas tendrá DNI español. Y con DNI, papeleta dentro de la urna.
Con esos mimbres, cada vez me cuesta más creer que 2027 termine en unas urnas ordinarias. Y esto sigue siendo lectura mía, no un hecho consumado. Pero vaya, como coge forma, cada vez más… ¿no?
Creo que el primer movimiento será buscar los resquicios de la excepcionalidad legal, algún argumento de estabilidad institucional o de emergencia que permita retrasar los plazos sin tener que dar la cara, (aunque cara tiene bastante) como una crisis de inmigración descontrolada, por ejemplo. Si eso se topa con los tribunales o con Bruselas, entra el plan B: reabrir el debate sobre la continuidad de la Corona. No porque tenga intención real de tocarla, trámite que exige mayorías reforzadas casi imposibles de reunir, sino porque un debate identitario de ese calibre desplaza cualquier otra conversación y desvía el foco. Con la inflación, el precio de la vivienda y el goteo de causas judiciales a su alrededor, mover el foco hacia la monarquía es la forma más barata de ganar tiempo. ¿Habéis visto a Sánchez atacar a la Corona últimamente? Pues eso.
Y aunque ninguna de las dos cosas llegara a hacer falta, hay una tercera y una cuarta capa trabajada con seso: la nacionalización acelerada, que garantiza que buena parte del nuevo censo llegue a las urnas ya integrado y agradecido. Y por último el voto por correo, sobre cuyo control cada vez surgen más preguntas y del que cuesta no sospechar cuando se observa la insistencia en ampliarlo sin reforzar las garantías y además votan cada vez más muertos. No hace falta demostrar fraude para señalar que el sistema se está moldeando con un único objetivo: que el resultado no dependa tanto de lo que decidan los españoles como de quién puede votar y en qué condiciones.
Al final la explicación es sencilla. Todos estamos a la espera de saber el contenido de la información de Pegasus, pero también sabemos por filtraciones de la prensa francesa y argelina, que hundirán a Begoña, a Sánchez y a Marlaska. Sánchez sabe que solo tiene dos caminos por delante: seguir en el poder o acabar en la cárcel, con Begoña incluida. Entre esas dos opciones, elegirá siempre la primera, y hará lo necesario para no tener que elegir la segunda. Eso no es un juicio moral gratuito. Es la lectura más razonable de cómo se ha comportado durante los últimos meses: colonizando órganos, prorrogando presupuestos, llamando "crisis humanitaria" a lo que los propios informes policiales describen como una operación guiada, destituyendo a quien le lleva la contraria como hizo ayer con el guardia civil que accedió a la información del CNI en relación a la inminente invasión, de la funcionaria que también destituyó, y moldeando en silencio quién va a poder votar cuando por fin toque hacerlo.
Sigo deseando equivocarme. La promesa de las diez copias sigue en pie. Pero cada mes que pasa sin que se convoquen elecciones, el papel en la boca me sabe un poco más lejano y la dictadura oficial, más inminente.
También tengo claro, después de haber estado en las puertas, bueno, en el vallado, del Congreso de los Diputados ayer, que el pueblo está despertando y los apoyos de Sánchez, disminuyendo.
