La estrategia es transparente y asusta por su zafiedad. No se trata de gobernar, sino de diseñar un país a medida de su permanencia. La regularización masiva de 800.000 inmigrantes no responde a un gesto de humanismo, el mismo humanismo no olvidaría a los nuestros en las colas del hambre, en los contenedores de la palma hace 3 años, o los olvidados de la Dana. Es en realidad un frío cálculo demoscópico. Con la reagrupación familiar, hablamos de dos millones de almas que, en un abrir y cerrar de ojos legislativo, que son dos años, portarán un carné de identidad español y, lo que es más importante para el sanchismo, una papeleta de agradecimiento. Es la construcción de un electorado cautivo ante la deserción masiva de los españoles que aún conservamos la memoria y el sentido crítico.
Paralelamente, observamos con estupor su repentino interés por la salud mental de nuestros menores. Bajo la máscara del proteccionismo ante las redes sociales para menores de 16 años, se esconde el pánico al algoritmo de la verdad. Sánchez sabe que la juventud, tradicionalmente dócil a los mantras del progresismo, le está dando la espalda. Los jóvenes de hoy, esos que ven cómo se les escapa el futuro entre alquileres imposibles y cuotas de autónomos asfixiantes, son los que más fuerte gritan contra el muro que él mismo levantó. Prohibirles el acceso a la información digital no es proteger su infancia; es intentar apagar el megáfono de la disidencia antes de que algunos de ellos cumplan la edad de votar.
Y aquí llegamos a la pregunta, esa que me susurra el instinto, esa mosca que tengo detrás de la oreja tras décadas analizando las cloacas de la política: ¿Qué ocurriría si, llegado el momento, Sánchez decide que no le apetece disolver las Cortes?
Sé que los puristas de la Carta Magna saltarán con los artículos en la mano, como si el papel tuviera capacidad de detener a un hombre que ha hecho de la mentira, perdón, del "cambio de opinión", su única doctrina. Nuestra Constitución, tan loada como maltratada, posee zonas de una ambigüedad deliciosa para un autócrata. El Rey, un monarca que firma con resignación lo que le ponen delante, carece de la potestad legal para disolver las Cortes por voluntad propia. Es simplemente un fedatario, un espectador de primera fila en el teatro de la demolición nacional. Mientras la verdadera "reina" parece ser otra, esa que olvida persignarse ante nuestros muertos, recordándonos que para ellos el Estado es otra cosa.
Conviene recordar a los desconocidos del derecho que la mecánica de nuestra democracia no es un acto de fe, sino un procedimiento previsto que el sanchismo observa con el mismo desprecio con que un okupa mira una escritura de propiedad. Según el artículo 68.4 de la Constitución, el mandato de las Cámaras termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución fijada por el Presidente. El protocolo que marca el Articulo 115 de nuestra constitución el Jefe del Ejecutivo, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Ministros, propone la disolución que el Rey decreta, fijando en ese mismo instante la fecha de los comicios entre los 54 y 60 días posteriores. Es un mecanismo diseñado para que España sea una monarquía parlamentaria y no una república bananera de esas que tanto gustan en el entorno de Zapatero. Sin embargo, la trampa residiría en la inacción. Si el Presidente se niega a pulsar el botón de la convocatoria, si se atrinchera en una interpretación torticera de la "estabilidad institucional" o genera un estado de excepción artificial que suspenda los plazos, el Rey queda desarmado. Sin la firma del Presidente, el monarca no podría convocar al pueblo; y sin convocatoria, el reloj de la democracia se detiene mientras el de la tiranía empieza a marcar las horas.
