¿Y si en 2027 no hay urnas? Por: JOTA CAMACHO

Hubo un tiempo, ya casi en sepia en nuestra memoria, en el que las leyes se cumplían por ética y la Constitución no era un chicle de sabores que el inquilino de turno de la Moncloa estiraba a conveniencia de su supervivencia procesal. Hoy, bajo el mandato de este adonis presidencial que habita nuestras pesadillas y nuestras realidades, la política se ha convertido en un ejercicio de prestidigitación donde lo que ayer era una línea roja, hoy es una alfombra roja para sus socios y una soga al cuello para las instituciones.

Llevamos tres años sin Presupuestos Generales del Estado. Los últimos son de diciembre de 2022. Tres años en los que la maquinaria del país se mueve por inercia, mientras el motor se gripa entre prórrogas vergonzosas y una gestión que parece más propia de una comunidad de vecinos en quiebra que de la que fuera la cuarta economía de la zona euro. Pero a Pedro Sánchez, ese hombre que confunde el interés general con su espejo, la gestión le aburre. A él le fascina el poder, el puro y duro ejercicio de la voluntad sobre el derecho. Ya nos lo advirtió con ironía macarra: "¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso". Y "pues eso", efectivamente. Hoy tenemos a un Fiscal General del Estado inhabilitado.

La estrategia es transparente y asusta por su zafiedad. No se trata de gobernar, sino de diseñar un país a medida de su permanencia. La regularización masiva de 800.000 inmigrantes no responde a un gesto de humanismo, el mismo humanismo no olvidaría a los nuestros en las colas del hambre, en los contenedores de la palma hace 3 años, o los olvidados de la Dana. Es en realidad un frío cálculo demoscópico. Con la reagrupación familiar, hablamos de dos millones de almas que, en un abrir y cerrar de ojos legislativo, que son dos años, portarán un carné de identidad español y, lo que es más importante para el sanchismo, una papeleta de agradecimiento. Es la construcción de un electorado cautivo ante la deserción masiva de los españoles que aún conservamos la memoria y el sentido crítico.

Paralelamente, observamos con estupor su repentino interés por la salud mental de nuestros menores. Bajo la máscara del proteccionismo ante las redes sociales para menores de 16 años, se esconde el pánico al algoritmo de la verdad. Sánchez sabe que la juventud, tradicionalmente dócil a los mantras del progresismo, le está dando la espalda. Los jóvenes de hoy, esos que ven cómo se les escapa el futuro entre alquileres imposibles y cuotas de autónomos asfixiantes, son los que más fuerte gritan contra el muro que él mismo levantó. Prohibirles el acceso a la información digital no es proteger su infancia; es intentar apagar el megáfono de la disidencia antes de que algunos de ellos cumplan la edad de votar.

Y aquí llegamos a la pregunta, esa que me susurra el instinto, esa mosca que tengo detrás de la oreja tras décadas analizando las cloacas de la política: ¿Qué ocurriría si, llegado el momento, Sánchez decide que no le apetece disolver las Cortes?

Sé que los puristas de la Carta Magna saltarán con los artículos en la mano, como si el papel tuviera capacidad de detener a un hombre que ha hecho de la mentira, perdón, del "cambio de opinión", su única doctrina. Nuestra Constitución, tan loada como maltratada, posee zonas de una ambigüedad deliciosa para un autócrata. El Rey, un monarca que firma con resignación lo que le ponen delante, carece de la potestad legal para disolver las Cortes por voluntad propia. Es simplemente un fedatario, un espectador de primera fila en el teatro de la demolición nacional. Mientras la verdadera "reina" parece ser otra, esa que olvida persignarse ante nuestros muertos, recordándonos que para ellos el Estado es otra cosa.

Conviene recordar a los desconocidos del derecho que la mecánica de nuestra democracia no es un acto de fe, sino un procedimiento previsto que el sanchismo observa con el mismo desprecio con que un okupa mira una escritura de propiedad. Según el artículo 68.4 de la Constitución, el mandato de las Cámaras termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución fijada por el Presidente. El protocolo que marca el Articulo 115 de nuestra constitución el Jefe del Ejecutivo, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Ministros, propone la disolución que el Rey decreta, fijando en ese mismo instante la fecha de los comicios entre los 54 y 60 días posteriores. Es un mecanismo diseñado para que España sea una monarquía parlamentaria y no una república bananera de esas que tanto gustan en el entorno de Zapatero. Sin embargo, la trampa residiría en la inacción. Si el Presidente se niega a pulsar el botón de la convocatoria, si se atrinchera en una interpretación torticera de la "estabilidad institucional" o genera un estado de excepción artificial que suspenda los plazos, el Rey queda desarmado. Sin la firma del Presidente, el monarca no podría convocar al pueblo; y sin convocatoria, el reloj de la democracia se detiene mientras el de la tiranía empieza a marcar las horas.

¿Es tan descabellado pensar en una dictadura disfrazada de interinidad perpetua? Hemos visto cómo se coloniza el Tribunal Constitucional, cómo se asalta el Consejo General del Poder Judicial y cómo se domestican los medios de comunicación con el dinero de todos. Si controlas el árbitro, al VAR y al que imprime los periódicos, ¿qué te impide declarar que "las condiciones excepcionales del país" obligan a posponer el ejercicio democrático?

Quisiera equivocarme. De verdad. Nada me haría más feliz que ver a este "gobierno de pandereta" desmoronarse por su propia inconsistencia ética. Si dentro de unos meses, Pedro Sánchez, abrumado por el clamor de una calle que le canta su bella canción cada vez que la pisa, decide convocar elecciones y retirarse a su refugio en República Dominicana, lejos del alcance de un hipotético juez que le envíe a Soto del Real, yo seré el primero en celebrar.

Es más, hago desde aquí una promesa solemne: si Sánchez disuelve las Cortes antes del fin de su legislatura y permite que España respire de nuevo, imprimiré diez copias de este artículo en papel de alto gramaje y me las comeré delante de una cámara de EDA TV y le pediré a Javier García Isac, que lo comente en directo en “La Boca del Lobo”. Sin sal, sin ketchup, sin aderezos. Y me sabrán a gloria bendita, porque cada bocado sería la prueba de que España sigue siendo una democracia y no el cortijo personal de un narcisista con complejo de emperador.

Pero, mientras ese día llega, el miedo es una sombra alargada. Lo que tenemos hoy es un "Gobierno en funciones" permanente, una anomalía democrática donde el poder se ejerce por decreto y la oposición es tratada como un residuo tóxico. ¿Y si este adonis presidencial, cuya sospechosa delgadez parece reflejar el consumo de un alma entregada a la ambición, o quizá el consumo de algo más, decide que el 2027 es solo un número en un calendario que él ya no reconoce?

Si algo nos ha enseñado la historia es que las dictaduras del siglo XXI no entran con tanques, sino con boletines oficiales. Se instalan con la sonrisa del que te dice que lo hace por tu bien, mientras te quita la llave de la celda. Yo, que he visto pasar a muchos "salvadores de la patria", confieso que por primera vez siento ese escalofrío que solo precede a las grandes tragedias.

¿Ustedes qué opinan? Yo, sinceramente, empiezo a notar que el suelo que pisamos es mucho más fango que mármol. Dicho de otro modo, me estoy haciendo caquita. Y el fango, como bien sabe el inquilino de la Moncloa, es el hábitat natural de los que no tienen nada que perder y todo que ocultar.