La opinión de Javier García Isac
Hay silencios que terminan hablando mucho más que cualquier discurso. Y ausencias que, por mucho que intenten justificarse desde los despachos, acaban convirtiéndose en una declaración política. La ausencia de Felipe VI en Ceuta, después de lo vivido este verano, pertenece a esa categoría.
El Rey no ha ido a Ceuta.
Y yo sigo sin entenderlo.
O quizá, desgraciadamente, empiezo a entenderlo demasiado bien.
Ceuta no es una colonia, no es un territorio en discusión y no es una concesión administrativa que España mantenga por capricho. Ceuta es España. Tan España como Madrid, Valladolid, Sevilla, Barcelona o La Coruña. Y precisamente porque Marruecos cuestiona periódicamente nuestra soberanía sobre Ceuta y Melilla, cualquier gesto de la máxima representación del Estado adquiere allí una importancia extraordinaria.
Por eso resulta incomprensible que, después de semanas de enorme presión migratoria y de inquietud entre los ceutíes, el jefe del Estado no haya considerado necesario estar allí.
Nos dicen algunos que el Rey no va porque el Gobierno no quiere que vaya. Que no le dejan!!
¿Y eso debería tranquilizarnos?
A mí me preocupa todavía más.
Porque Felipe VI tiene 58 años. Es el jefe del Estado, capitán general de las Fuerzas Armadas y símbolo constitucional de la unidad y permanencia de España. No estamos hablando de un menor de edad que necesite autorización para salir de casa.
Naturalmente, la actividad institucional de la Corona está sometida a las reglas constitucionales y al refrendo. Eso lo sabemos. Pero una cosa es reconocer los límites constitucionales de la Monarquía parlamentaria y otra convertir al Rey en una figura decorativa incapaz de transmitir siquiera mediante un gesto su solidaridad con unos españoles que sienten amenazada su frontera.
Si realmente el Gobierno ha desaconsejado una visita institucional, la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué no ha existido ningún gesto extraordinario hacia Ceuta?
Incluso cabía el gesto personal. Cabía acercarse a sus ciudadanos, interesarse por quienes protegen la frontera o convertir durante unos días a Ceuta en el centro simbólico de la Corona. Cabía haber pasado allí sus vacaciones, en lugar de en cualquier otra zona de España o de algún país extranjero. Si se quiere representar la unidad de España, pocas imágenes hubieran resultado más poderosas este agosto que la del Rey junto a los españoles de Ceuta.
Porque para eso, entre otras cosas, debería servir una Corona.
Y aquí aparece una cuestión incómoda.
Una Monarquía parlamentaria tiene necesariamente limitaciones políticas. Precisamente por eso su fortaleza reside en los símbolos. El Rey no gobierna, no legisla y no dirige la política exterior. Pero representa. Y cuando deja de representar allí donde más necesaria resulta su presencia, uno tiene derecho a preguntarse qué utilidad conserva la institución.
No quiero una Corona enfrentada permanentemente al Gobierno. Eso sería incompatible con el modelo que dicen que nos hemos dado. Pero tampoco quiero una Corona convertida en comparsa de ningún Gobierno, sea del PSOE, del PP o de quien sea.
Porque entonces deja de ser Corona para convertirse simplemente en protocolo.
Y España necesita mucho más que protocolo.
Mientras Ceuta vive momentos de enorme preocupación, el Gobierno ha colocado al masón Ángel Víctor Torres al frente de la respuesta política a esta crisis, un ministro cuyo nombre ha aparecido en informaciones y controversias relacionadas con la investigación del llamado caso Koldo, que no deja de ser el caso PSOE, en su derivada hidrocarburos, aunque ello no equivale, naturalmente, a una condena ni permite anticipar responsabilidades judiciales, pero todo apunta a un futuro judicial “incierto” para el ministro en cuestión.
¿Y la Corona?
Ausente.
Ese silencio duele especialmente porque existe un precedente familiar que invita a la reflexión. Juan Carlos I disfrutó durante décadas de una enorme libertad personal, y de una enorme impunidad, incluso recogida en la propia Constitución. Conocimos después sus negocios, sus relaciones económicas y su vida privada. Sin embargo, cuando quiso acudir a Melilla para conmemorar el V Centenario de su incorporación a la Corona de Castilla, aquella visita finalmente no se produjo. Le permiten tener amantes y negocios poco claros, pero no puede o no quiere visitar una ciudad española.
Curiosa paradoja.
Para determinadas cosas siempre parece existir margen. Para reafirmar mediante la presencia de un Rey la españolidad de nuestros territorios norteafricanos, aparecen inmediatamente las cautelas, las recomendaciones, las agendas y las razones diplomáticas.
Siempre Marruecos.
Siempre el temor a molestar a Rabat.
Y siempre terminan pagando el precio Ceuta y Melilla.
Por eso hubiera sido magnífico que Felipe VI hubiera hecho precisamente lo contrario este verano. Que hubiera elegido Ceuta para descansar unos días. Que los Reyes hubieran paseado por sus calles. Que hubieran hablado con sus ciudadanos. Que hubieran compartido unas horas con quienes vigilan nuestra frontera.
No hacía falta un discurso incendiario.
No hacía falta señalar a Marruecos.
Ni siquiera hacía falta pronunciar grandes palabras.
Bastaba una fotografía.
El Rey de España en una ciudad española.
¿Puede existir algo más normal?
Y, sin embargo, en la España actual parece que debemos justificar hasta eso.
No olvidemos además que Felipe VI conoce perfectamente Ceuta. En noviembre de 2007, siendo todavía Príncipe de Asturias, visitó junto a doña Letizia tanto Ceuta como Melilla. Aquellas imágenes tuvieron una enorme fuerza simbólica precisamente porque recordaban una obviedad que demasiados parecen empeñados en convertir en asunto diplomáticamente incómodo: son ciudades españolas y sus habitantes tienen exactamente el mismo derecho que cualquier otro español a recibir a quien encarna la Jefatura del Estado.
Han pasado casi dos décadas desde aquella visita.
Demasiado tiempo.
Yo he defendido siempre que las instituciones deben justificar su existencia mediante sus actos. No basta la tradición. No basta la historia. No basta una Constitución si quienes ocupan las instituciones renuncian a ejercer hasta el último centímetro de las posibilidades que esa Constitución les concede.
Y esto sirve también para la Corona.
Precisamente quienes creemos en España tenemos derecho a exigir mucho más a quien representa su unidad.
Felipe VI tuvo un momentos extraordinariamente difíciles durante el desafío separatista catalán. Su discurso del 3 de octubre de 2017 fue importante porque millones de españoles sintieron que, cuando otras instituciones titubeaban, el jefe del Estado entendía la gravedad del momento. Desde aquel día, está desaparecido y no precisamente en combate.
Aquello demostró precisamente el poder de la palabra y del símbolo.
Por eso ahora cuesta todavía más comprender el silencio.
Ceuta necesitaba un símbolo.
Necesitaba saber que España entera estaba detrás.
Necesitaba ver allí a su Rey.
Y el Rey no fue.
Si alguien se lo impidió políticamente, sería preocupante. Si nadie se lo impidió y sencillamente decidió no hacerlo, también.
Porque no podemos construir una Monarquía cuya máxima aspiración sea no molestar a nadie. Una Corona española no puede estar obsesionada con no incomodar al Gobierno, a los separatistas, a Marruecos o a quienes cuestionan nuestra propia nación.
Hay ocasiones en las que representar a España significa inevitablemente incomodar a quienes preferirían verla débil.
Y esta era una de ellas.
Ceuta no necesitaba fotografías de vacaciones. Necesitaba una fotografía de España.
Y pocas hubieran sido tan contundentes como la del Rey Felipe VI caminando por sus calles.
No fue.
Todavía está a tiempo.
Porque la pregunta que algunos terminarán haciéndose es mucho más peligrosa para la propia Monarquía que cualquier viaje a Ceuta:
si el jefe del Estado no puede estar donde España más necesita sentir al Estado, ¿para qué queremos un jefe del Estado?
