Si algo ha dejado este curso político y judicial es la sensación de que el Gobierno llega al verano cercado por investigaciones que, lejos de cerrarse, continúan avanzando. En mi opinión, ya no es posible sostener que estamos ante episodios aislados o ante casos desconectados entre sí. Lo que durante meses se intentó presentar como hechos puntuales ha terminado dibujando un escenario mucho más amplio, con numerosas investigaciones abiertas que afectan a personas del entorno del poder y que mantienen una enorme trascendencia política.
Durante este largo año judicial hemos asistido a una sucesión constante de autos, diligencias, declaraciones, imputaciones e investigaciones que han situado al Ejecutivo en una situación inédita. Ya no se habla únicamente de un procedimiento concreto o de un nombre determinado. La sensación es que las distintas investigaciones han ido formando un mosaico que proyecta una profunda sombra sobre toda una etapa política.
Ya no puede reducirse el debate únicamente a un procedimiento instruido por un juez concreto. No es solo el trabajo del juez Peinado. También existen investigaciones desarrolladas en otros órganos judiciales y por distintos magistrados. Tampoco puede afirmarse que todo gire alrededor de un único caso o de una sola persona. El debate político ha superado hace tiempo esa fase.
No estamos hablando exclusivamente del denominado caso Koldo. Tampoco únicamente del caso Ábalos. Ni del caso de las mascarillas. Ni de las investigaciones relacionadas con el entorno familiar del presidente del Gobierno. La percepción que existe en una parte importante de la sociedad es que las distintas piezas terminan convergiendo sobre un mismo espacio político y sobre una misma forma de ejercer el poder.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en desvincularse de cualquier responsabilidad política. La estrategia parece consistir en resistir, negar cualquier implicación, denunciar supuestas persecuciones y esperar a que el tiempo desgaste el interés informativo. Sin embargo, el paso de los meses no ha servido para cerrar el debate, sino precisamente para ampliarlo.
Y ahora llega agosto.
El mes de agosto siempre ha sido un aliado de quienes necesitan ganar tiempo. La actualidad política disminuye. Los ciudadanos desconectan. Los grandes debates desaparecen durante unas semanas. Los informativos abren con noticias propias del verano y las polémicas parecen perder intensidad.
Pero este año la situación es distinta.
Ya han pasado muchos de los acontecimientos que podían monopolizar la actualidad. Han quedado atrás los grandes eventos internacionales, las visitas institucionales y otras noticias que durante semanas ocuparon titulares. El verano ofrece un respiro mediático, sí, pero únicamente eso: un respiro.
Porque los procedimientos judiciales no desaparecen.
Los sumarios siguen su curso.
Las investigaciones continúan.
Los jueces siguen trabajando.
Y septiembre llegará inevitablemente.
Con septiembre regresará la actividad política, volverán las sesiones parlamentarias, regresará la presión informativa y volverán también las resoluciones judiciales, las declaraciones pendientes y todas aquellas causas que durante el verano únicamente habrán permanecido esperando el reinicio del curso político.
Por eso resulta difícil sostener que agosto pueda cambiar el fondo del problema.
El Gobierno afronta el otoño con un enorme desgaste institucional. No solo por las investigaciones judiciales, sino porque una parte creciente de la opinión pública percibe que el Ejecutivo ha perdido la iniciativa política y vive condicionado por los acontecimientos que llegan desde los tribunales.
