El 3 de julio de 1976, apenas dos días después de la dimisión forzada de Carlos Arias Navarro, el rey Juan Carlos I sorprendía a propios y extraños nombrando presidente del Gobierno a un político relativamente desconocido para la inmensa mayoría de los españoles: Adolfo Suárez González.
Tenía 43 años. Procedía del Movimiento Nacional. Había sido gobernador civil, director de RTVE y secretario general del Movimiento. Sobre el papel parecía uno más de aquella generación formada en las estructuras del régimen franquista. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Su nombramiento no fue fruto de la casualidad ni de la improvisación. Hoy sabemos que detrás de aquella operación existía una estrategia cuidadosamente diseñada entre el Rey y el propio Suárez para acelerar una transformación política que acabaría liquidando el sistema surgido del 18 de julio de 1936.
La historia oficial nos ha vendido durante décadas una especie de cuento de hadas. Un rey visionario. Un joven reformista. Una transición modélica. Un consenso ejemplar. Pero cuando se examinan los hechos con cierta distancia histórica, aparecen demasiadas sombras para aceptar sin más aquella versión edulcorada.
Arias Navarro no cayó por voluntad propia. Fue empujado a la salida. El hombre que había heredado la presidencia tras el asesinato de Carrero Blanco se convirtió rápidamente en un obstáculo para quienes pretendían acelerar el cambio político. Su resistencia a desmontar de manera precipitada las estructuras fundamentales del franquismo le convirtió en una pieza incómoda.
La presión de la Corona fue constante. Finalmente, Arias comprendió que su continuidad era imposible. Presentó su dimisión el 1 de julio de 1976. Dos días después, el Rey imponía su candidato.
La elección de Suárez sorprendió incluso a buena parte de la clase política. No figuraba entre los favoritos. Se hablaba de otras figuras de mayor peso institucional. Sin embargo, el elegido fue precisamente aquel que reunía una característica esencial: estaba dispuesto a ejecutar sin vacilaciones el proyecto diseñado desde la Zarzuela.
Alfonso Guerra, con su habitual ironía, acabaría bautizándolo como "Tahúr del Mississippi". Un apodo que reflejaba perfectamente la habilidad política de Suárez, su capacidad para maniobrar y su extraordinaria facilidad para presentarse ante cada interlocutor como el hombre que éste quería escuchar.
El 5 de julio juraba el cargo.
Comenzaba así uno de los procesos políticos más trascendentales de la historia contemporánea de España.
Y también uno de los más controvertidos.
Durante años se nos dijo que la reforma era inevitable. Que no existía alternativa. Que España necesitaba democratizarse. Sin embargo, pocas veces se analiza qué fue exactamente lo que se destruyó en el proceso.
La España de 1975 era una nación con problemas, como todas. Pero también era una nación que había experimentado uno de los mayores desarrollos económicos de Europa. Había creado una potente clase media. Había reducido drásticamente la pobreza. Había levantado una industria competitiva. Había construido millones de viviendas. Había impulsado infraestructuras modernas. Había convertido a España en una potencia turística e industrial mundial.
Nada de eso apareció por generación espontánea.
Fue el resultado de cuarenta años de construcción institucional y económica.
Sin embargo, el discurso dominante exigía presentar aquel periodo como un páramo político y moral que debía ser demolido por completo.
Y eso fue precisamente lo que comenzó a hacer Suárez.
En apenas unos meses se legalizaron organizaciones que hasta entonces habían combatido abiertamente al Estado. Se inició el proceso constituyente. Se desmontaron las instituciones del Movimiento. Se abrió la puerta a un sistema de partidos que acabaría convirtiendo la política en una lucha permanente por el poder y el reparto del Estado.
Muchos españoles apoyaron aquel cambio convencidos de que conduciría a una democracia estable, próspera y cohesionada.
La realidad posterior ha sido mucho más compleja.
