Hay fechas que jamás desaparecerán del debate nacional. Fechas que, noventa años después, siguen dividiendo a los españoles porque unos pretenden explicarlas desde el contexto completo y otros únicamente desde sus consecuencias. El 18 de julio de 1936 pertenece a esa categoría de acontecimientos que marcaron para siempre la historia de España.
Mi opinión es conocida. Ningún hecho histórico nace de la nada. Ninguna tragedia colectiva surge por generación espontánea. Todo acontecimiento tiene unas causas, unos antecedentes y una sucesión de errores que acaban desembocando en un desenlace que, muchas veces, pudo haberse evitado.
Por eso me resulta imposible analizar el 18 de julio sin mirar antes lo ocurrido durante los años anteriores.
La Segunda República nació envuelta en grandes esperanzas, pero muy pronto dejó de ser un proyecto compartido por todos los españoles. A mi juicio, el socialismo español nunca terminó de aceptar que la República debía pertenecer a todos y no únicamente a quienes compartían su proyecto político. Desde muy pronto comenzaron las tensiones, la exclusión del adversario y la tentación de identificar al discrepante como un enemigo al que había que derrotar y no como un compatriota con quien convivir.
Aquella deriva fue agravándose con el paso de los años.
La intentona golpista de octubre de 1934 demostró que una parte de la izquierda estaba dispuesta a levantarse contra la propia legalidad republicana cuando las urnas no ofrecían el resultado esperado. Lejos de servir como lección, aquel episodio anticipó una espiral de enfrentamiento que acabaría agravándose tras las elecciones fraudulentas de febrero de 1936.
España comenzó entonces a deslizarse por una peligrosa pendiente.
La violencia política aumentaba. Los atentados eran frecuentes. Iglesias eran incendiadas. Las ocupaciones de fincas se multiplicaban. El orden público se deterioraba día tras día. Muchos españoles empezaban a perder la confianza en que las instituciones fueran capaces de protegerlos.
El asesinato de José Calvo Sotelo, cometido por quienes debían garantizar precisamente la seguridad de los ciudadanos, marcó para muchos el momento en que el Estado dejaba de ser percibido como un árbitro imparcial. Si un jefe de la oposición podía ser detenido en su domicilio y aparecer horas después asesinado, ¿qué garantías quedaban para el resto?
Esa es, desde mi punto de vista, la verdadera clave para comprender el 18 de julio.
No comparto la visión simplista que presenta aquella jornada como el origen de todos los males de España sin preguntarse por qué una parte tan importante del Ejército y de la sociedad consideró que el país había llegado a una situación límite. La Historia exige preguntarse por las causas, aunque las respuestas resulten incómodas.
Tras el adelanto de la sublevación en Melilla el día 17, el movimiento se extendió el 18 de julio por buena parte de España. En muchas ciudades fracasó; en otras triunfó. Lo que nadie podía imaginar entonces era que el enfrentamiento desembocaría en una guerra civil de casi tres años, una de las mayores tragedias de nuestra historia contemporánea. Una guerra Civil provocada por el PSOE, el mismo partido y las mismas siglas que hoy, 90 años después, nos siguen gobernando y sin haber aprendido nada.
Las guerras civiles nunca dejan vencedores absolutos. Todas suponen un inmenso fracaso nacional. Pero también creo que es un error analizar aquel conflicto ignorando el clima de violencia y ruptura institucional que lo precedió.
A menudo se presenta la historia reciente de España como si el desastre hubiera comenzado en julio de 1936. Yo sostengo otra interpretación. Creo que el siglo XIX fue una sucesión casi ininterrumpida de crisis nacionales: la invasión napoleónica, las guerras carlistas, la pérdida del imperio de ultramar, la inestabilidad política permanente y una profunda división entre españoles. La Segunda República, lejos de cerrar aquellas heridas, terminó agravándolas hasta un desenlace dramático.
Noventa años después conviene preguntarnos si hemos aprendido realmente las lecciones de nuestra historia.
No afirmo que la España de hoy sea la de 1936. Las circunstancias son distintas y las instituciones también. Pero sí observo, con preocupación, una creciente polarización política, una descalificación constante del adversario y la tentación de dividir a los españoles entre buenos y malos según piensen como el Gobierno o discrepen de él.
En mi opinión, el PSOE actual haría bien en recordar las lecciones de nuestra historia. Una democracia se fortalece cuando respeta al discrepante, protege la independencia de las instituciones y acepta la pluralidad. Se debilita cuando convierte al rival político en un enemigo al que desacreditar o excluir.
Precisamente por eso conviene recordar el 18 de julio con serenidad, sin consignas y sin manipulación. No para reabrir heridas ni para alimentar viejos odios, sino para comprender hasta dónde puede llegar una sociedad cuando la convivencia se rompe y la política deja de entender al adversario como un compatriota.
Noventa años después, la principal enseñanza de aquellos días debería ser precisamente esa: ninguna nación está a salvo de repetir sus errores si renuncia a conocer toda su historia. Porque olvidar las causas de una tragedia nunca ha sido el mejor camino para evitar que vuelva a producirse, y menos aún, tergiversar la historia, por parte de los principales actores que provocaron la contienda, por parte del PSOE, máximo responsable del desastre.
