De la SEPI a Red Eléctrica, de Red Eléctrica a Hacienda: cuando las piezas empiezan a encajar

Hay noticias que, leídas por separado, parecen episodios inconexos. Sin embargo, cuando se colocan en orden cronológico, adquieren una dimensión completamente distinta.

La primera pieza nos lleva a 2019. En aquellos años, la SEPI y las grandes empresas públicas y semipúblicas funcionaban ya como un complejo entramado de influencias donde los nombramientos rara vez eran casuales. Fue entonces cuando María Concepción Ordiz, abogada del Estado y secretaria general de la SEPI, desembarcó en Red Eléctrica de España bajo la presidencia de Jordi Sevilla.

La segunda pieza llega en 2020. Jordi Sevilla abandona la compañía tras sus conocidas discrepancias con la entonces ministra Teresa Ribera. Poco después, Beatriz Corredor asume el control de la empresa y una de las primeras víctimas de aquella reestructuración interna fue precisamente Concepción Ordiz.

Su salida fue tan llamativa que todavía hoy se recuerda dentro de la compañía. No se trataba simplemente de un relevo profesional. Detrás parecía existir una lucha por el control jurídico y administrativo de una de las empresas estratégicas del Estado.

Sin embargo, y aquí aparece el elemento más llamativo, aquella salida no significó precisamente un final de carrera.

Al contrario.

Ordiz reapareció posteriormente en un puesto de enorme relevancia dentro de la Administración, vinculada al ámbito de Hacienda, bajo la órbita política de María Jesús Montero.

Y es aquí donde entra la tercera noticia.

Según las informaciones conocidas ahora, la UCO habría detectado presuntas irregularidades que sitúan a Concepción Ordiz dentro de una investigación sobre adjudicaciones públicas y posibles comisiones.

Naturalmente, corresponde a los tribunales determinar responsabilidades y respetar la presunción de inocencia. Pero políticamente las preguntas son inevitables.

¿Quién impulsó cada uno de estos nombramientos?

¿Quién facilitó cada una de estas recolocaciones?

¿Por qué determinadas personas parecen pasar siempre de un organismo público a otro sin perder jamás influencia?

Y sobre todo:

¿Estamos ante casos aislados o ante una estructura de poder que ha colonizado progresivamente empresas públicas, organismos reguladores y entidades estratégicas del Estado?

Porque cuando aparecen una, dos o tres personas implicadas podría hablarse de casualidad.

Pero cuando los nombres se repiten una y otra vez en distintas investigaciones —SEPI, ministerios, empresas públicas, organismos administrativos, contratos estratégicos— la casualidad empieza a resultar cada vez menos convincente.

La verdadera cuestión ya no es únicamente qué hizo una determinada persona.

La verdadera cuestión es quién la nombró, quién la protegió, quién la recolocó y quién permitió que siguiera ocupando puestos de enorme responsabilidad.

Porque la corrupción rara vez es obra de un solo individuo.

Necesita una red.

Necesita protección.

Necesita silencios.

Y necesita un sistema dispuesto a mirar hacia otro lado.

Por eso las investigaciones de la UCO preocupan tanto en determinados despachos. No porque afecten únicamente a una persona concreta, sino porque cada nueva pieza descubierta ayuda a reconstruir un mapa mucho más amplio de relaciones, nombramientos e influencias.

Y cuando las piezas empiezan a encajar, lo que parecía una simple sucesión de noticias aisladas puede acabar revelando algo mucho más profundo.

Algo que explique cómo determinados nombres aparecen siempre en el mismo lugar: cerca del poder.

Y esa es precisamente la pregunta que hoy muchos empleados, dentro y fuera de las empresas públicas, comienzan a hacerse. ¿Hasta dónde llega realmente la red de relaciones políticas que ha gobernado durante años los grandes centros de decisión del Estado?

Esa es la cuestión que las investigaciones abiertas deberán aclarar. Y esa es la razón por la que cada nueva revelación genera tanta inquietud en quienes hasta ahora parecían intocables.