El fútbol la capacidad de obrar milagros temporales. El pasado martes, mientras más de media España se fundía en un abrazo colectivo celebrando tres goles, aunque uno lo anularan y se envolvía en una bandera sin el temor a ser tachada de facha, se gestaba fielmente el truco del coliseo. Una sobredosis de orgullo nacional tolerada por la hipocresía, solo era un balón entrando en una portería. Pan y circo de toda la vida. Y mientras el país sintonizaba la euforia colectiva y se preparaba para colgar la bandera en el balcón con vistas al domingo, un rumor silencioso y cruel se abría paso en los despachos del Congreso. Un rumor que, lejos del césped, condena a muerte civil a miles de hombres.
La reforma legislativa que se está gestó al amparo del mundial de futbol no es un mero ajuste; es la consagración de la sospecha como norma. Bajo el título de proteger a los menores, un escudo mentiroso y vil tras el cual resulta imposible no alinearse, se ha deslizado un mecanismo que se ríe de los cimientos del derecho. Se propone, con recochineo, suspender de forma automática la patria potestad y el régimen de visitas ante la mera interposición de una denuncia sea cierta o no, despojando al juez de su facultad más sagrada: la valoración de las pruebas en cada caso particular.
Para entender la magnitud del abismo al que nos asomamos, vamos a echar la vista atrás y observar el rastro de la ley de violencia de género, que acumula más de dos décadas de desastre. En este tiempo, más de tres millones de hombres han transitado por el purgatorio de los juzgados de la mujer. El 80% de estos procedimientos se archivan o terminan en libre absolución, lo que nos indica y nos da una idea del número de denuncias instrumentalizadas y por consiguiente muchas de ellas, falsas. Sin embargo, para un porcentaje demoledor de esos padres, la denuncia no es el grito de auxilio de una víctima real, sino una herramienta de asedio procesal perfectamente diseñada para apartarlos de sus hijos. Una vía rápida de exclusión biológica y afectiva paterna.
La tragedia está en que las leyes han decidido ignorar la naturaleza humana para abrazar únicamente el dogma ideológico: la idea de que la maldad tiene un sexo exclusivo. Bajo esta norma, las mujeres son descritas como seres de luz incapaces de albergar el rencor, la codicia o la crueldad, mientras que el hombre nace con una soga de serie y da igual si es más larga o más corta, ha de tenerla lista para ser usada poniéndosela alrededor del cuello ante la menor contrariedad con su expareja. Es una simplificación infantil que sería bastante cómica si no estuviera redactada con el sello del BOE.
Cuando la ley se divorcia de la realidad y se entrega a la ingeniería ideológica de mujeres que odian con fervor al hombre y además lo dicen abiertamente y sin ocultarse, las consecuencias son devastadoras. Pregúntenle, si tienen el valor de mirarle a los ojos, a mi gran amigo Eugenio García. Su hija de seis años, Olivia, fue asesinada cruelmente por su madre, Noemí Martínez Largo, con una dosis letal de barbitúricos. El crimen ocurrió apenas unas horas después de que la justicia, tras un calvario de disputas y denuncias instrumentales, decidiera otorgar la custodia al padre. El filicidio fue un acto atroz de una madre que prefirió extinguir la vida de su propia hija antes que asumir la derrota judicial frente a su expareja.
Desde aquí espero, por cierto, que Noemí Martínez Largo se esté pudriendo en el infierno. El dolor de Eugenio es el recordatorio de que el horror no tiene género, y de que la instrumentalización del desamor puede llegar a extremos que desafían la propia condición humana. Sin embargo, la nueva legislación está diseñada para facilitar el camino a quienes utilicen el aparato del Estado como un martillo contra el hombre. A partir de su aprobación definitiva, cualquier persona que decida levantar un muro infranqueable entre un padre y sus hijos solo tendrá que acudir a una comisaría. Sin necesidad de juicio, sin esperar a que un magistrado sopese la verosimilitud del relato, la maquinaria judicial se pondrá en marcha como una guillotina: la custodia suspendida, el contacto roto y el estigma social grabado en la frente del acusado.
Este desamparo institucional tiene un peaje humano del que no le interesa habar a los que promueven estas leyes. Cada año, España registra una cifra escalofriante de 4.000 suicidios, de los cuales tres cuartas partes corresponden a varones. Análisis de colectivos de apoyo y profesionales de la psicología forense estiman que 2.800 de estas muertes guardan una relación directa con procesos de divorcio destructivos, la pérdida traumática del contacto con los hijos y la ruina económica y moral derivada de denuncias sin fundamento que tardan años en desestimarse, como es el caso de mi amigo Mario Yubero, muerto en vida, separado de sus hijos, sin haber hecho nada diferente a aguantar con la cabeza baja, las aberraciones de su exmujer. Un goteo silencioso de hombres que, privados de lo que daba sentido a sus vidas, deciden que el nudo en la garganta es preferible a la agonía diaria de la exclusión familiar. Con las nuevas facilidades para la suspensión automática de derechos, resulta ingenuo dudar de que estas cifras se incrementarán exponencialmente en los próximos años. El Estado, lejos de arbitrar con justicia, se convierte en un agente catalizador de la desesperación.
Lo que nos define como sociedad no es la capacidad de llenar las plazas con pantallas gigantes para celebrar un mundial de futbol, sino la madurez para proteger a los más vulnerables sin necesidad de sacrificar la presunción de inocencia en el altar de la ideología. Un país que consiente que la relación de un niño con su padre dependa del arbitrio de una denuncia sin contrastar es una nación moralmente enferma, que prefiere la comodidad del aplauso fácil a la complejidad de la justicia real. Nos presentamos ante el mundo como una democracia ridícula y aplicamos en el ámbito familiar un derecho penal de autor que se asimila con preocupación al régimen alemán del siglo pasado.
Escribir esto es una defensa del sexo masculino. Es una apelación directa a la conciencia de cualquiera que, libre de prejuicios partidistas y sexistas, entienda que la justicia solo es digna de ese nombre cuando se aplica con la misma balanza para todos. El dolor de una madre maltratada merece toda la protección y el peso de la ley; el sufrimiento de un padre despojado injustamente de sus hijos, también. Dividir el sufrimiento humano en categorías de primera y segunda clase en función de lo que nos cuelga entre las piernas es la mayor de las bajezas morales.
Disfrutemos el domingo. Saquemos la bandera, gritemos con cada jugada y sintámonos, por unas horas, parte de algo grande y luminoso. Pero al apagar el televisor y retirar la bandera del balcón, recordemos que el lunes volverá a amanecer en un país donde miles de padres honestos mirarán el teléfono móvil con el temor de que una simple firma en un cuartel de la Guardia Civil borre, de un plumazo y para siempre, el derecho a darles un beso de buenas noches a sus hijos. Ese es el verdadero partido que nos estamos jugando, y en ese, lamentablemente, vamos perdiendo por goleada.
