Hay asesinatos que cambian la historia. Y hay entierros que certifican la muerte de una nación. En mi opinión, el asesinato de José Calvo Sotelo en la madrugada del 13 de julio de 1936 fue el crimen que acabó de destruir la legalidad de la Segunda República, si es que todavía le quedaba algo de legalidad después de la intentona golpista de 1934 o del fraude electoral de febrero de 1936. Pero creo que hubo un hecho aún más revelador y quizás más estremecedor: que ni siquiera el entierro de la víctima pudo celebrarse sin que volviera a correr la sangre española.
El 14 de julio, Madrid amaneció convertido en una ciudad tomada por el miedo. El Gobierno del Frente Popular intentó limitar el alcance del funeral, consciente de la enorme conmoción que había provocado el asesinato del líder monárquico. Sin embargo, nada pudo impedir que una inmensa multitud acompañara el féretro de José Calvo Sotelo. Decenas de miles de españoles acudieron a despedir al hombre que había sido arrancado de su domicilio por miembros de las fuerzas de seguridad y asesinado pocos minutos después.
Aquella multitud no solo despedía a un diputado de las Cortes. Despedía también la esperanza de que el Estado siguiera garantizando la vida y la libertad de quienes pensaban de forma distinta.
Y entonces ocurrió lo inimaginable.
Durante el propio entierro volvieron a sonar los disparos. Hubo nuevos muertos y numerosos heridos. España asistía al espectáculo terrible de comprobar que ni siquiera el cortejo fúnebre de un dirigente político podía desarrollarse sin violencia.
A mi juicio, ese hecho posee una enorme carga simbólica. No bastó con asesinar a Calvo Sotelo. También se derramó sangre de quienes acudían a rendirle homenaje. 5 víctimas mortales y más de 30 heridos. Como si el mensaje fuera inequívoco: nadie estaba ya a salvo.
Antonio Goicoechea pronunció entonces unas palabras cargadas de emoción y de gravedad. No eran únicamente las palabras de un amigo que despedía a otro. Eran el lamento de quien contemplaba cómo el Estado había dejado de proteger a sus ciudadanos y cómo la convivencia nacional se desmoronaba ante los ojos de todos.
En mi opinión, fue precisamente esa sucesión de acontecimientos la que terminó de convencer a muchos españoles de que la guerra era ya inevitable. Desde febrero de 1936 España vivía una escalada constante de violencia política. Se sucedían los atentados, los incendios, las agresiones y los asesinatos. Cada semana parecía más difícil confiar en que las instituciones fueran capaces de restablecer el orden. Desde febrero hasta julio, más de 500 personas son asesinadas. El Frente Popular no tiene intención alguna de proteger a los ciudadanos que discrepan del gobierno. El Frente Popular desea “rematar” lo que no logro con el intento de golpe de estado de 1934. La revolución está en marcha. Las iniciales dudas de Franco de sumarse al alzamiento nacional, quedan totalmente disipadas, no solo tras el crimen de Calvo Sotelo, sino también después de la matanza perpetrada en su entierro.
Y cuando el propio Estado aparecía vinculado al asesinato de un jefe de la oposición, la sensación de inseguridad alcanzó un punto de no retorno.
Por eso reitero que el impacto del asesinato de Calvo Sotelo sobre el general Franco fue enorme. Pero creo, además, que la violencia desatada durante el propio entierro terminó de convencerle de que permanecer al margen suponía asumir que cualquiera de quienes representaban una determinada España podía convertirse en la siguiente víctima.
No afirmo que existiera un único motivo. La historia nunca responde a una sola causa. Pero sí considero que aquellos dos días, el 13 y el 14 de julio de 1936, marcaron un antes y un después. Primero fue asesinado uno de los principales líderes de la oposición parlamentaria, sin duda el más carismático. Después fueron asesinados también españoles que acudían a despedirle. En mi opinión, esa concatenación de hechos hizo visible que el país había entrado en una espiral de violencia prácticamente irreversible.
Puede discutirse si la Guerra Civil habría comenzado igualmente unos días después. Es un debate legítimo entre historiadores. Pero lo que resulta difícil negar es que aquellos acontecimientos convencieron a muchos de que el Estado había dejado de ser un árbitro para convertirse, al menos a sus ojos, en parte del conflicto.
Noventa años después, recordar el entierro de José Calvo Sotelo no significa alimentar el odio ni reabrir heridas. Significa comprender hasta qué punto una sociedad puede degradarse cuando desaparece el respeto por la ley, por la vida y por el adversario político.
Porque cuando se asesina a un diputado, muere una parte de la democracia.
Pero cuando también se dispara contra quienes acuden a enterrarlo, lo que empieza a morir es la propia nación.
