El próximo día 15 de junio no será un día cualquiera. Será el día en que Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés tendrán que comparecer presencialmente ante el juez Juan Carlos Peinado en una causa que ya se ha convertido en el mayor escándalo político y judicial que ha rodeado jamás a la familia de un presidente del Gobierno en democracia.
El juez Juan Carlos Peinado se ha convertido en el enemigo público número uno del sanchismo por una razón muy sencilla: ha osado investigar donde otros miraban hacia otro lado. Y eso, en la España de Pedro Sánchez, parece haberse convertido en un acto casi revolucionario.
Durante meses hemos asistido a una campaña brutal de descrédito contra el magistrado. Desde el Gobierno hasta las terminales mediáticas subvencionadas, todos han tratado de ridiculizarle, desacreditarle y presentarle como un juez obsesionado o descontrolado. Han intentado convertir al instructor en el acusado. Han querido que la opinión pública deje de mirar los hechos para concentrarse únicamente en atacar al juez.
Pero los hechos siguen ahí.
Y esos hechos, deben llevar el 15 de junio, a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés ante el juez Peinado en una audiencia preliminar decisiva. Un paso judicial de enorme relevancia que el sanchismo intenta minimizar porque sabe perfectamente lo que significa políticamente: la mujer del presidente del Gobierno, una asesora de Moncloa pagada con dinero público y un empresario beneficiado por cartas de recomendación tendrán que dar explicaciones ante la Justicia.
No hablamos de bulos. No hablamos de conspiraciones. Hablamos de diligencias judiciales, declaraciones, contratos, reuniones y documentos incorporados a una instrucción judicial.
Y hay un detalle especialmente relevante que muchos medios afines al Gobierno han intentado ocultar o suavizar: el juez Peinado ha dejado claro que la comparecencia debe ser presencial y que, en caso de no acudir, podrían ser conducidos por la fuerza pública. Eso demuestra hasta qué punto el magistrado quiere evitar maniobras dilatorias, excusas o nuevas estrategias para retrasar el procedimiento.
Porque algo ha quedado claro durante toda esta causa: el entorno de Pedro Sánchez ha actuado siempre desde una sensación de impunidad absoluta. Como si nunca fueran a tener que rendir cuentas ante nadie.
El caso de Cristina Álvarez es especialmente escandaloso. No hablamos de una asistente privada contratada por Begoña Gómez con su dinero. Hablamos de una asesora de Presidencia del Gobierno. Una funcionaria pagada por todos los españoles cuya labor, según se investiga, habría terminado vinculada a actividades privadas y profesionales de la esposa del presidente.
Es decir, los recursos públicos al servicio de intereses particulares.
Y junto a ella aparece la figura de Juan Carlos Barrabés, el empresario que mantuvo reuniones en Moncloa y cuya relación con Begoña Gómez terminó rodeada de adjudicaciones, recomendaciones y ayudas públicas. Un empresario que, según distintas informaciones incorporadas a la investigación, habría resultado beneficiado tras cartas de apoyo firmadas por la propia esposa del presidente.
La pregunta es evidente: ¿habría tenido ese acceso, ese trato y esas recomendaciones cualquier empresario español sin relación con Begoña Gómez?
Todos conocemos la respuesta.
Pero quizás uno de los aspectos más graves de todo este escándalo sea el uso patrimonial de las instituciones públicas. Porque Begoña Gómez convirtió una cátedra vinculada a la Universidad Complutense en una plataforma de promoción personal y política. Una cátedra para la que muchos cuestionan incluso su capacitación académica y profesional. Una estructura universitaria pública utilizada como red de contactos, escaparate institucional y plataforma de influencia.
Y todo ello acompañado de software registrado, proyectos impulsados desde lo público, relaciones empresariales privilegiadas y el respaldo de una asesora pagada por Moncloa.
Eso es precisamente lo que investiga el juez Peinado.
