Hay fechas que no solo marcan un cambio político, sino que abren una grieta histórica cuyas consecuencias aún resuenan décadas después. El 14 de abril de 1931 es una de ellas. Aquel día se proclamaba la Segunda República y se abría una etapa que, lejos de reconciliar a los españoles, acabaría siendo el preludio de una tragedia nacional.
El relato oficial —repetido hasta la saciedad por la izquierda— nos habla de una República nacida del entusiasmo popular, de la modernidad y del progreso. Pero la realidad fue mucho más compleja, más incómoda y, sobre todo, más inquietante.
Porque lo primero que conviene recordar es que la proclamación de la República no fue consecuencia directa de unas elecciones generales o de un plebiscito, sino de unas elecciones municipales. Y en ellas, aunque los republicanos obtuvieron victorias significativas en las grandes ciudades, las candidaturas monárquicas ganaron en el conjunto del país. Aun así, el rey Alfonso XIII decidió abandonar España.
No hubo resistencia. No hubo defensa del orden constitucional. No hubo siquiera un intento serio de sostener la legalidad vigente. Alfonso XIII se marchó, dejando al pueblo español solo, desamparado, entregado a un experimento político que pronto demostraría su fragilidad. Se fue, según dijo, para evitar una guerra civil. Pero su salida, lejos de evitarla, contribuyó decisivamente a crear las condiciones para que esa guerra se produjera.
Porque la Segunda República no nació como un proyecto integrador, sino como un proyecto excluyente.
Una República sin todos
La República pudo haber sido una oportunidad histórica. España, como otras naciones europeas, podía haber evolucionado hacia un sistema republicano estable, donde convivieran sensibilidades distintas bajo unas reglas comunes. Pero no fue así.
Desde el primer momento, la izquierda se apropió del régimen. No entendieron la República como un marco de convivencia, sino como un instrumento de transformación ideológica. Quien no era de izquierdas, quien no comulgaba con el nuevo dogma republicano, quedaba automáticamente fuera.
Se persiguió a la Iglesia, se tensaron las relaciones sociales, se impuso un clima de confrontación permanente. La República dejó de ser de todos para convertirse en la República de unos contra otros.
Y en ese contexto, el papel del Partido Socialista Obrero Español fue determinante.
El PSOE: de la República a la revolución
Conviene desmontar otro mito: el PSOE no fue un partido republicano en sentido estricto. Fue, ante todo, un partido revolucionario. Utilizó la República mientras le fue útil, pero nunca renunció a su objetivo de transformar España por la vía de la ruptura.
Ahí está la prueba incontestable de la insurrección de 1934. Cuando la derecha accede al poder dentro de la legalidad republicana, el PSOE no acepta el resultado. No respeta las reglas del juego. Y entonces promueve un intento de golpe de Estado, especialmente violento en Asturias.
Ese fue el verdadero rostro del socialismo de la época: no el de un partido comprometido con la democracia, sino el de una organización dispuesta a dinamitar el sistema si no le era favorable.
Y lejos de aprender la lección, en 1936 se articula el llamado Frente Popular, una coalición de izquierdas que llega al poder en febrero en medio de denuncias de irregularidades, pucherazos y manipulación electoral.
Desde ese momento —16 de febrero de 1936—, España entra en una deriva acelerada hacia el abismo. Ya no estamos ante una República neutral, sino ante un régimen controlado por una parte que utiliza el poder contra la otra.
El símbolo de la ilusión traicionada: Pedro Mohíno
Si hay una imagen que resume la ilusión de aquel 14 de abril de 1931 es la de Pedro Mohíno subido a un coche en la Puerta del Sol, enarbolando la bandera tricolor, celebrando la llegada de la Segunda República.
No era un revolucionario. No era un agitador. Era, simplemente, uno de tantos españoles que creyeron en aquella promesa de cambio, en aquel proyecto que se presentaba como una nueva etapa de libertad, justicia y convivencia.
