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Un hombre de cabello canoso y traje oscuro gesticula mientras habla frente a un fondo rojo.
POLÍTICA

Zapatero y Sitel, el “software “espía”

Sitel, la empresa de outsourcing que ofrece servicios de atención al cliente y soluciones tecnológicas

Tras la finalización de su mandato como presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo una presencia activa en el ámbito empresarial. En relación con Sitel Group, la empresa de outsourcing que ofrece servicios de atención al cliente y soluciones tecnológicas junto con su vínculo con Zapatero, se concretaba principalmente en su participación en el Consejo Asesor de la compañía, nombrándolo miembro de su consejo en 2013.

Ericsson proporcionaba las soluciones tecnológicas para optimizar los servicios de Sitel, mientras que Zapatero aporta su perspectiva estratégica y política, especialmente en mercados como España, Latinoamérica y otros países europeos.

El Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) fue una plataforma tecnológica desarrollada por Ericsson para el Gobierno de José María Aznar durante el año 2000. Su propósito inicial era permitir a las Fuerzas de seguridad del Estado interceptar y monitorizar las comunicaciones electrónicas de manera legal, con el fin de combatir el crimen organizado, el terrorismo y otros delitos graves.

Su capacidad de monitorización de las comunicaciones electrónicas generó inquietud sobre el impacto en los derechos de los ciudadanos y suprivacidad, puesto que la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI puede obtener los datos de carácter personal de cualquier usuario de teléfonos móviles en cualquier momento y en cualquier lugar.

En el momento de la creación y puesta en marcha de Sitel a principios de los 2000 el tratamiento de los datos personales en España estaba regulado por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y cualquier interceptación de comunicaciones electrónicas debía cumplir con la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), y estar su uso está sujeto a autorización judicial.

En 2019 el propio González Pons expresaba que Alfredo Pérez Rubalcaba le había reconocido que Sitel era un sistema ilegal de escuchas, de hecho tuvieron una gran discusión en los pasillos de la Sede Parlamentaria, y a gritos le decía “tenéis que callaros, tenéis que callaros”

Aznar terminó parando su continuidad a pesar de que lo introdujo en nuestro país funcionando a pleno rendimiento en 2004. José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura del 8 de abril de 2008, anunciaba la propuesta de una estrategia de seguridad nacional, indicando que “se deben integrar los objetivos relacionados con la seguridad de cada una de las políticas sectoriales en una estrategia española única bajo el liderazgo del Presidente de Gobierno, asegurando así su coherencia y coordinación, y sustituyendo la actual contribución interministerial a la seguridad y defensa por un enfoque más amplio e integral”, heredando así el “software espía”

Ahora conocemos que el ministro Marlaska adquirirá un programa tipo Pegasus para interceptar las comunicaciones telefónicas a través de dos filiales de Telefónica. Sitely Telefónica son dos empresas que han tenido relaciones comerciales y colaboraciones en el sector de las telecomunicaciones, aunque operan en áreas diferentes.

Sitel estuvo involucrada en un escándalo resonante por una filtración de datos relacionados con su uso en circunstancias que no se ajustaban a los procedimientos legales establecidos. Destacando acusaciones  que el sistema se utilizó con fines políticos, espiando políticos de la oposición, periodistas y otras personas que no estaban involucradas en investigaciones criminales. Este afecto a la imagen de Zapatero dado que  su Gobierno se vio implicado en la gestión y regulación de su uso.

La inquietud sobre la posibilidad de que los Gobiernos espíen a sus ciudadanos ha sido un tema recurrente en numerosas sociedades contemporáneas, especialmente con la rapidez del progreso de las nuevas tecnologías de la comunicación, estos pueden permitir a los Gobiernos acceder a datos personales a través de internet, teléfonos móviles y otros canales digitales.

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