La Comunitat, que ya tutela a 265 menores, alerta de que sus centros de acogida están al límite
El Consell mantiene una posición firme y responsable ante el reparto de menores migrantes no acompañados procedente de Ceuta. El gobierno de Juanfran Pérez Llorca ha dejado claro que cumplirá con la normativa vigente, "como siempre ha hecho", pero sin renunciar a defender los intereses de la Comunitat frente a un sistema de acogida que ya se encuentra tensionado. Todo ello mientras reprocha al Gobierno de Sánchez haber "normalizado" una crisis que sigue "candente" y gestionarla "a distancia" desde el Ejecutivo central.
El Consell cumple la ley y dialoga
Frente al ruido político, la Generalitat ha optado por la vía institucional. El Consell participó a través de la directora general de Infancia en la reunión telemática convocada por el Ministerio de Juventud, a diferencia de otros gobiernos autonómicos que directamente plantaron al Gobierno central. La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Laura Chulià, lo resumió con claridad: "El Consell va a cumplir con la normativa vigente, como siempre ha hecho". Una actitud de responsabilidad que contrasta con la improvisación que, denuncia el PP, exhibe el Ejecutivo de Sánchez.
Reproche a la gestión "a distancia" de Sánchez
El foco de la crítica apunta al Gobierno central. Chulià reprochó al Ejecutivo de Sánchez que "normalice" la situación de Ceuta y la haya gestionado "a distancia", pese a tratarse de una crisis que sigue abierta. El PP recuerda que se trata de una emergencia derivada de la presión migratoria en la ciudad autónoma y reclama al Gobierno central soluciones reales en origen, en lugar de trasladar la carga a las autonomías sin los medios adecuados.
Los centros valencianos, al límite
La Comunitat afronta el reparto con los deberes hechos y las capacidades ajustadas. El territorio ya ha acogido bajo su tutela a 265 menores migrantes en el último año, una cifra que demuestra que la Generalitat no ha eludido sus responsabilidades. Sin embargo, el Consell alerta de que sus centros de acogida superan ya el límite razonable de plazas, lo que obliga a exigir al Gobierno central que cualquier nuevo reparto se ajuste a la capacidad real del sistema y se acompañe de la financiación necesaria.
Vox presiona en las Corts
El debate se traslada también al terreno parlamentario. Vox ha reclamado al Consell "cumplir los compromisos" respecto a no acoger a más menores, y su síndic, José María Llanos, ha advertido de que, si el gobierno valenciano "falla, lo verán en las votaciones". Pese a la presión, la formación evitó forzar la comparecencia de Pérez Llorca en la Diputación Permanente del viernes, en una muestra de que el respaldo de Vox al Consell sigue vigente. El PP, por su parte, mantiene su hoja de ruta sin dejarse arrastrar a un choque público.
La izquierda, en el frente opuesto
Frente a la contención del Consell, la izquierda presiona en sentido contrario. El síndic del PSPV, José Muñoz, reclamó "sensibilidad" hacia los menores y llegó a acusar al PP de "racismo institucional", mientras Compromís, a través de Aitana Mas, exigía llevar el asunto al debate parlamentario. Unas posiciones que el PP considera alejadas de la realidad de un sistema de acogida al límite y de la necesidad de exigir corresponsabilidad al Gobierno central.
El Consell afronta así el reparto de menores con una posición de equilibrio: cumplir la ley, sí, pero sin aceptar una sobrecarga que ponga en riesgo la calidad de la acogida ni la sostenibilidad del sistema valenciano. Mientras el Gobierno de Sánchez normaliza una crisis que gestiona "a distancia", Pérez Llorca defiende un modelo de responsabilidad y firmeza que antepone los intereses de la Comunitat Valenciana. La próxima Conferencia Sectorial del 27 de agosto marcará el siguiente asalto de un pulso que apenas ha empezado.
